4239ª sesión, 144º período de sesiones, Comité de Derechos Humanos (CCPR) Órganos de Tratados Date: 3 July 2025 Language: Spanish Transcript: https://transcripts.un.org/es/ccpr/4239 Transcripts available through this tool are created by using automatic speech recognition and are not official records nor official documents of the United Nations. Official records and official documents are available on the Official Document System of the United Nations. --- CCPR · Presidente del Comité de Derechos Humanos [0:02]: Buenos días a todos. Quiero darles la bienvenida a la reunión número 4239 del Comité de Derechos Humanos. Se trata de una reunión pública que será transmitida por el Internet. Vamos a continuar con el examen del séptimo informe periódico de España. Excelentísimo señor Marcos Gómez, tiene usted 15 minutos para continuar con las respuestas pendientes. Tras los 15 minutos, le daré la palabra a los diferentes miembros del comité para que les hagan preguntas sobre la segunda parte de la lista de cuestiones, a saber las cuestiones 13 a 25. Al igual que ayer, tendrán ustedes una pausa de 15 minutos para preparar sus respuestas a las preguntas que les hayan hecho los miembros del comité. Y enseguida tendrán una hora para responder a las preguntas que les hayan hecho. Después de esa hora, le daré de nuevo la palabra a los miembros del comité para las preguntas de seguimiento. Escucharemos sus respuestas y la reunión se levantará a la 1:00 de la tarde. Sin más, quiero dar la palabra al excelentísimo señor Gómez. Adelante, Excelencia, tiene usted la palabra? Spain · Embajador y jefe de delegación [1:26]: Muchas gracias, señor presidente, y buenos días a todas y a todos los miembros del Comité y a todas las personas presentes. Aprovechando el espacio que nos han concedido, la delegación desearía dar respuesta a las cuestiones de aclaración y seguimiento que quedaron pendientes de la sesión de ayer. En primer lugar, y sobre la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos para la aplicación de los dictámenes de órganos de tratados y las preguntas formuladas acerca de la Ley de Amnistía del año 77, saben, hay otra ley de amnistía reciente del año 24, y su compatibilidad con la Ley de Memoria Histórica del año 22. Doy la palabra al Ministerio de Justicia pidiéndoles que se limiten a 7 minutos. Spain · Representante del Ministerio de Justicia [2:16]: Gracias, señor embajador. Siguiendo con la contestación a las preguntas realizadas ayer, en primer lugar, en relación con la pregunta relativa al órgano de seguimiento de los dictámenes de la Comisión, la regulación está contenida en este real decreto que hemos dicho, de julio del año 2024, el Real Decreto 709/2024. Ese real decreto, que tiene por objeto regular la gestión del II Plan Nacional de Derechos Humanos del Reino de España, en el que también se incluyen entre los objetivos el seguimiento de los dictámenes de los órganos de los tratados, establece una nueva regulación, formaliza una nueva regulación para dar un cumplimiento y un seguimiento A los dictámenes de los órganos de los tratados y a las resoluciones que dicten el resto de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Esto es lo que no están amparados en tratados internacionales ratificados por España, sino que surgen del propio Consejo de Derechos Humanos, como son los grupos de trabajo de Extinto Indile que nos crea este real decreto determina que. Se crea un comité de dirección, que tiene la supervisión, entre otras cosas, del seguimiento de los informes relativos a las recomendaciones de los dictámenes. Tiene una integración que abarca a todas las Administraciones públicas españolas, central y autonómica, esencialmente, y a sociedad civil. Dependiente de él se crea una comisión de seguimiento interministerial. Esta es una comisión ya integrada solamente por representantes de la administración central general del Estado de todos los ministerios, y dentro de esta comisión es donde se crea el grupo de trabajo denominado subcomisión, que tiene a su cargo la elaboración de los informes de seguimiento de los dictámenes de los órganos de los tratados. Para eso, esta subcomisión ya se ha reunido, ya ha empezado el sus trabajos. Tiene un borrador de reglamento que regula esencialmente la composición y la periodicidad en cuanto asus reuniones. Esos informes elaborados de seguimiento después se elevan a la Comisión Interministerial, que es lo que lo aprueba para su remisión a los distintos órganos. de los tratados o procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. En segundo lugar, respecto de la relación entre la ley de amnistía del año 77 y la ley de memoria histórica del año 22, la memoria democrática del año 22, es una cuestión que ya se planteó ante el Tribunal Constitucional y que por auto del Tribunal Constitucional del año pasado, 57/2024, ya delimitó lo que dijimos ayer, que el ámbito es distinto. La Ley de Memoria Democrática no es una ley orgánica, que es la única que sería competente para regular cuestiones vinculadas a delitos y penas, y que, por tanto, es un ámbito distinto y que no afecta a dicha Ley de Memoria Democrática, no afecta a lo que es la Ley de Amnistía. Esto es una interpretación del Tribunal Constitucional que era ya anterior a la Ley de Memoria Democrática, conforme a la antigua Ley de Memoria Histórica. Hay también autos en el año 21 y es la práctica que tiene el Tribunal Constitucional en cuanto a interpretación de la coordinación entre ambas. Creemos, en todo caso, necesario explicar mínimamente el ámbito que abarca la Ley de Amnistía del año 77. Que tenemos que hacerlo para entender después la coordinación o la los aspectos de lo que pasó en aquella época, que va también recoge ya prácticamente la ley de memoria democrática, la ley de memoria. La ley de amnistía año 77 se integra en un proceso que denomina nuestro Tribunal Constitucional la semana pasada en sentencia 26 de junio del año 2024 2025 sobre la ley de amnistía. del año pasado, del conflicto surgido en Cataluña, como una ley de amnistía de carácter transicional, que se integraba en un periodo histórico en el que había un tránsito entre un régimen dictatorial y un régimen democrático, y durante un periodo de tiempo muy determinado, que fueron cuatro años, del año 75 al año 78. En ese proceso hubo una demanda por parte de aquellos partidos políticos Que habían sido represaliados durante la dictadura y tenían en aquel momento gente metida en la cárcel o exiliadas, la exigencia de una ley de amnistía que amparara y que permitiera la vuelta a España de todos los exiliados y la salida de prisión de toda la gente que estaba. Eso se es el origen de por qué se dicta se dictó aquella ley de amnistía del año 77 que obtuvo en el Congreso de los Diputados la casi unanimidad, fueron 296 diputados. dos votos en contra y 18 abstenciones, precisamente del partido que en aquel momento se considera que identificaba los intereses más vinculados con el régimen anterior. ¿Qué implicó eso? Pues esa ley de amnistía, en ese aspecto, todavía sigue aplicándose a día de hoy. Hay sentencias del Tribunal Constitucional del año 84 y más recientemente del año 2005 En el que se extienden los derechos de la ley de amnistía a colectivos que inicialmente no se les aplicó, como por ejemplo brigadas de trabajadores forzosos que se les ha reconocido el año 2005 los derechos de la ley de amnistía también a ellos como si hubiesen sufrido prisión o a determinados miembros del ejército del. del aire, ya en unas sentencias anteriores, o en el año 84, respecto de funcionarios civiles o militares que no habían ejercitado sus derechos en plazo y se les consideró que era imprescriptible el derecho a su reconocimiento de clases pasivas o de haberes no devengados en aquel momento. Eso fue el momento y la aplicación que actualmente también se hace en la mesa. Por eso queremos explicar, porque es una ley que es muy amplia y que a día de hoy sigue abarcando todos esos colectivos. Por eso, la Ley de Memoria Democrática, lo que hace en este tránsito y evolución que ha experimentado el derecho, intenta cubrir cuestiones que en aquel momento no se podían haber cubierto. Entonces, Pedro. Spain · Representante del Ministerio de Justicia [9:01]: Muchas gracias. Y para continuar con lo que ha dicho Alfonso, Y aclarar un poco cuál es la actividad que efectivamente está desarrollando la Fiscalía de Memoria Democrática, que parece que esta es la gran duda respecto de esa actividad en relación con la ley del 77. Bien, esta Fiscalía Especializada se crea por el artículo 28 de la Ley de Memoria Democrática y lo que establece el artículo siguiente, el artículo 29, es el derecho a la investigación. Y esto es efectivamente lo que esta Fiscalía está haciendo. investigar los hechos, tratar de aclarar la verdad y realizar en este proceso un acompañamiento a las víctimas. Por lo tanto, la Fiscalía está abriendo investigaciones con la finalidad, como ya he dicho, de oír a las víctimas que, tal y como resulta de esas diligencias de investigación abiertas, las víctimas, una vez que han sido escuchadas por parte de alguna autoridad para poder establecer la realidad de los hechos, de alguna manera se ven dando cumplimiento a uno de los objetivos de la Ley de Memoria Democrática, que es el reconocimiento de la víctima y la reparación simbólica y, en su caso, también material. Por lo tanto, es este el trabajo que está haciendo la Fiscalía de Memoria Democrática, una labor fundamental en el proceso sanatorio para las víctimas. Simplemente esa aclaración. No es que se esté buscando dar carpetazo, ni muchísimo menos, a la ley de 1977, pero se está tratando de acomodar o darle una perspectiva a esta ley dentro de los compromisos internacionales adquiridos por España y En muy particularmente en dar contenido a ese derecho a la investigación que se contiene en la ley, quiero decir adicionalmente que en cumplimiento de los compromisos que adquiere España en la Ley de Memoria Democrática, se han retirado las condecoraciones que en su día se efectuaron por parte de las autoridades del régimen. Y en cuanto al número de cuerpos, hasta la fecha, en marzo del 2025, se han encontrado 7.000 y existe una planificación de que otros 13.000 sean exhumados próximamente. sobre esta cuestión, nada más que decir. Y sí quiero aprovechar, si se me permite, para evitar el tener que volver a intervenir posteriormente respecto de otra de las preguntas que se hizo en cuanto a si las denuncias de cualquier tipo de víctimas en situación irregular dan derecho inmediato al permiso de residencia y de trabajo. Quiero aclarar lo siguiente: existen, digamos, Tres niveles que nos llevan finalmente a la consideración de que, efectivamente, cualquier víctima en situación irregular puede ser finalmente acreedora al derecho a obtener la residencia y el permiso de trabajo. Por una parte, las víctimas de violencia de género, de violencias sexuales o de trata, cuando se trata de mujeres, este derecho se genera automáticamente tras la declaración de su condición de víctimas, sin que esté sujeta a ningún tipo de colaboración con las autoridades de investigación. En cuanto a las víctimas que se han encontrado atrapadas dentro de redes de crimen organizado, por tanto, estamos hablando de un gran elenco de actividades delictivas. Spain · Embajador y jefe de delegación [12:40]: Las aclaraciones ulteriores las tendremos que hacer por escrito o como sea, porque tienen que hablar todavía. sobre el funcionamiento del Consejo para la Eliminación Racial y Étnica, el CEDRE, y su papel de asistencia a las víctimas de discriminación. El Ministerio de Igualdad en un minuto y medio. Spain · Representante del Ministerio de Igualdad [12:59]: Buenos días. Bueno, por aclarar y dar un poquito más de información, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, el CEDRE, es un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Igualdad con una composición plural: Administración General del Estado, gobiernos descentralizados, gobiernos locales, entidades empresariales, sindicatos y organizaciones de la de la sociedad civil. Su principal objetivo es trabajar en la promoción de la igualdad de trato y la no discriminación, y entre su actividad destaca, por ejemplo, el dictado de recomendaciones o comunicaciones respecto de sucesos de actualidad relacionados con el racismo, o también la elaboración de estudios e informes, como el último publicado este año, sobre el estudio de percepción de la discriminación racial o étnica por parte de sus potenciales víctimas. que dando continuidad a versiones anteriores de este mismo estudio, nos da la información de que, efectivamente, en España las potenciales víctimas siguen teniendo una percepción elevada de racismo. Y como ya se ha comentado aquí, tanto el pueblo gitano como las personas afrodescendientes son dos de los grupos étnicos que más tienen esta sensación. Pero el otro gran cometido del CEDRE es prestar asistencia independiente a las víctimas de discriminación racial Directa o indirecta a través del servicio de atención a víctimas, que es de lo que quería hablarles también al hilo de lo que se comentó ayer sobre las denuncias al respecto de los delitos de odio. no, Este servicio se inició en el año 2013 y en el año 2022 se incrementan. se incrementan los fondos significativamente destinados a este servicio y esto permitió elevar el número de oficinas presenciales hasta las 23 actuales por todo el territorio español, ampliar el horario de atención telefónica y habilitar un teléfono de marcación rápida, el 021, todo ello para facilitar las denuncias a las víctimas. Con ello hemos visto que desde los 300, 500, 600 casos atendidos en los primeros años, En el año 2022 tenemos 1500 casos, 2023, 2500 casos y en 2024 hemos hemos tenido 2913 casos. No es que haya, como decíamos ayer, no es que haya más casos, sino que hay más información, más facilidad para las potenciales víctimas para poder denunciar y con un objetivo claro, que es reducir la infradenuncia, porque según nos consta. sigue estando en que solo una de cada cinco víctimas denuncia. Y, por otra parte, para finalizar, no solo hay que trabajar en la atención a víctimas, que también, sino que para reducir el número de denuncias, obviamente, lo que no tiene que haber son actos de racismo. Para eso hay que trabajar en la sensibilización institucional y en la educación desde edades tempranas. Muchas gracias. Spain · Embajador y jefe de delegación [15:30]: Gracias. Muy brevemente, Sanidad hablará sobre la esterilización forzada. Spain · Representante del Ministerio de Sanidad [15:36]: Gracias. La supresión del artículo 156 del Código Penal corrigió una contradicción legal que permitía la esterilización forzosa de las personas incapacitadas judicialmente, pese a la prohibición establecida en el artículo 23 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Desde entonces, esta práctica constituye un delito sin excepciones. Desde la reforma no se han registrado nuevos casos ni denuncias de esterilización sin consentimiento, y tampoco hay indicios en medios e informes de organizaciones especializadas, lo que indica que se está cumpliendo la ley. No obstante, uno de los principales desafíos en el camino hacia la reparación de las víctimas reside en la dificultad real de identificar cuántas personas fueron sometidas a estas prácticas. En diciembre del 21, coincidiendo con el Día Internacional de la Discapacidad, Y el primer aniversario de la votación en el Senado se que ilegalizó estas prácticas, el gobierno celebró un acto en el que se pidió perdón a las víctimas. Se aprobó una declaración institucional de solidaridad con las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de las esterilizaciones forzosas. Se reforzó el compromiso con el cumplimiento de la Convención, el refuerzo de las políticas de igualdad y no discriminación de todas las personas con discapacidad, el apoyo a las víctimas y el reconocimiento del papel del asociacionismo. Además, el Consejo Nacional de la Discapacidad trabaja actualmente en la identificación de las víctimas y en el estudio de medidas que permitan avanzar hacia una reparación efectiva de ese daño histórico. Además, se prevé aprobar el primer plan de acción de promoción y protección de las mujeres y niñas con discapacidad como política palanca para liberar a estas mujeres y niñas de culturas capacitistas y patriarcales, que incorpora una línea específica sobre la protección de la salud sexual y reproductiva. Muchas gracias. Spain · Embajador y jefe de delegación [17:27]: SEÑOR PRESIDENTE: Hemos abusado un poco del tiempo del comité, pero estamos dispuestos ahora a escuchar las preguntas adicionales? CCPR · Presidente del Comité de Derechos Humanos [17:43]: Muchas gracias, señor Gómez. Quisiera ahora entonces pasar a la segunda ronda de preguntas que les realizarán los miembros del comité. En primer lugar, quiero darle la palabra al señor Quesada. CCPR · Miembro del Comité de Derechos Humanos [18:02]: Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Un saludo a la delegación del Estado Parte. Hoy día voy a hacer preguntas relativas a los párrafos 14, 15 y 16 de la lista de cuestiones sobre el tema "Trato dispensado a las personas privadas de libertad". Los tres párrafos se refieren a la misma materia y a los mismos artículos del Pacto. En relación al párrafo 14, estas son mis preguntas. Tenemos entendido que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en sus visitas anuales, 26 visitas en el año 2024, ha señalado deficiencias materiales en las cárceles más antiguas, así como la escasa dotación de personal sanitario y psiquiátrico, y la falta de integración plena de la sanidad penitenciaria en los sistemas regionales de salud, recomendando su traspaso efectivo a las autonomías. Asimismo, el mecanismo ha prestado especial atención al uso de medios de sujeción, como las sujeciones mecánicas, recomendando su limitación temporal. También ha pedido explorar alternativas más respetuosas, especialmente para internos con trastornos mentales. Por favor, informen qué respuesta han entregado las autoridades competentes a estas observaciones y recomendaciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Segundo, el Estado parte ha informado acerca de la sanción de aislamiento prevista en la Ley Orgánica 1/1979, señalando que esta se aplica sólo para infracciones graves y que no podrá exceder de 14 días. pudiendo prolongarse hasta por 42 días cuando concurren varias sanciones que lleven aparejada esta sanción, previa autorización del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Por favor, se ruega explicar las razones para aplicar esta sanción de aislamiento y si se ha examinado la posibilidad de su eliminación. Y tercero, se ruega informar también acerca de la situación de las personas privadas de libertad con discapacidad o trastorno mental grave quienes se encontrarían aisladas del resto de la población penal. Por favor, señalen las condiciones de su aislamiento e informen sobre la atención médica que se les proporciona. Ahora me refiero al párrafo 15 y tengo cuatro preguntas al respecto. Por favor, informen si existen medidas alternativas a la detención migratoria en los centros de internamiento de extranjeros, y en caso afirmativo, cuáles son estas medidas y en qué porcentaje son utilizadas en relación con las personas internadas en estos centros. Segundo, en relación con los menores detenidos, se ruega informar acerca de las medidas adoptadas en caso de denuncias de malos tratos en centros de detención por parte de guardias de seguridad privada al reaccionar ante actos contrarios a los reglamentos cometidos por estos menores. Al respecto, se ha sostenido que esta situación sería el resultado de la falta de una adecuada capacitación a los guardias en el uso de la fuerza en este tipo de centros de detención. Tercero, hemos tenido conocimiento de denuncias acerca de la realización de un experimento en las prisiones de Huelva y Córdoba entre 2016 y 2019, consistente en la aplicación de estimulación eléctrica cerebral a personas privadas de libertad como parte de un estudio sobre agresividad. Quisiéramos saber si se realizó alguna investigación disciplinaria o judicial en relación a estos hechos y sus resultados, así como la adopción de medidas para evitar su repetición. Y cuarto, por favor, informen acerca de la situación de las mujeres privadas de libertad. Hemos tenido conocimiento que existen solo dos establecimientos carcelarios destinados exclusivamente a mujeres, y que en la mayoría de los casos, estas son internadas lejos de sus hogares y recluidas en uno o dos módulos dentro de prisiones predominantemente masculinas, sin un enfoque específico de género. Y ahora paso a las preguntas del párrafo 16. En primer lugar, respecto de la detención en condiciones de incomunicación prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que puede ser acordada por el juez de instrucción, El Estado parte ha informado acerca de las modificaciones realizadas para restringir su utilización, sin embargo, no se han adoptado medidas para abolirla. Por favor, expliquen cuál es la necesidad de mantener este tipo de detención y si se ha estudiado seriamente la posibilidad de su completa eliminación. Asimismo, el Estado parte ha informado que la reforma del artículo 509, párrafo 4, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal expresamente excluye la posibilidad de aplicar la detención incomunicada a los menores de 16 años. En relación a los menores de 16 a 18 años, esta medida se mantiene, aunque requiere el previo conocimiento y control del Ministerio Fiscal. Al igual que en el caso de la pregunta anterior, se ruega explicar cuál es la necesidad de mantener este tipo de detención y si se ha estudiado seriamente la posibilidad de su abolición. Y por último, nos interesa además conocer la situación de las personas privadas de libertad que se encuentran clasificadas en primer grado y cumplen sus penas en régimen cerrado o departamentos especiales, pudiendo permanecer largos períodos en esa condición, pues no existirían normas que establezcan límites temporales máximos. Según dispone el artículo 72 de la Ley Orgánica General de Penitenciaría, su permanencia en esa condición será "por el tiempo necesario hasta tanto desaparezcan o disminuyan las razones o circunstancias que determinaron su ingreso". Se ruega a la delegación informar al respecto. Muchas gracias por su respuesta. CCPR · Presidente del Comité de Derechos Humanos [25:17]: Muchas gracias. Quiero ahora darle la palabra al señor Teraya. CCPR · Miembro del Comité de Derechos Humanos [25:24]: Gracias, presidente. Buenos días a todos. Espero que la delegación de España haya tenido una noche descansada. El día de hoy quisiera plantear las preguntas sobre cuatro cuestiones: la 17, la 20, la 22 y la 23. La cuestión 17 tiene que ver con la trata de personas, tal y como señala el Estado parte en su informe. El Estado parte es sobre todo un país de tránsito y destino, y esto tiene que ver con la ubicación estratégica del país. En consecuencia, el Estado parte ha realizado esfuerzos importantes no solamente a nivel nacional, sino también en el contexto internacional. En ese sentido, el Comité agradece la información detallada que ha brindado el Estado en su informe. Con respecto a las estadísticas, el informe del Estado parte señala que actualmente se está realizando un estudio cuantitativo sobre la trata de personas, la explotación sexual y la prostitución de mujeres y niñas en España. Ahora quisiera pedirle al Estado parte que nos aclare la naturaleza y el alcance de este estudio y que nos indique cuándo se publicarán los hallazgos de dicho estudio. Uno de los principales retos para el país parece ser la identificación oportuna de las víctimas de trata. También hemos visto que los métodos de identificación pueden variar según la región. En este sentido, el Estado parte, en su respuesta, señala que la Oficina Especial del Gobierno sobre Violencia de Género ha desarrollado una propuesta para armonizar los criterios para certificar que una mujer está en riesgo de trata, que puede ser explotación sexual u otras situaciones de vulnerabilidad en contextos de prostitución. Entiendo que esta iniciativa es aún incipiente, que se trata de una propuesta. Sin embargo, quisiera pedirles más información sobre este proceso de armonización. ¿En qué medida han avanzado sobre esto? ¿Qué tanto se está aplicando en la práctica? ¿Qué prospectos han contemplado para la realización de esta propuesta? ¿Y qué desafíos han identificado para uniformizar los criterios de identificación entre las regiones? Esto me lleva a la siguiente pregunta. Tiene que ver con la falta de una ley de lucha contra la trata de personas, una ley integral de lucha contra la trata de personas, que también tiene que ver con la falta de un mecanismo nacional de remisión. El comité Toma nota con interés de la declaración que hizo el Estado parte en el discurso de apertura, en donde decía que existe un proyecto de ley integral sobre la trata que está en desarrollo y mencionan que esto se debe a una preocupación recientemente planteada por varios Estados durante el EPU. También señalan que el proceso de consulta pública recientemente se finalizó para este proyecto de ley. Quizás es muy temprano para preguntarles, pero quisiera saber si tienen un cronograma contemplado para la adopción de este proyecto de ley. ¿Qué ámbitos va a abarcar este proyecto de ley? Además, más allá de la creación de un marco jurídico unificado, me pregunto si el Estado parte ha contemplado la posibilidad de desarrollar un mecanismo nacional de remisión más integral. Paso a la cuestión 20, que tiene que ver con el trato de ciudadanos extranjeros o nacionales extranjeros, incluidos los refugiados y solicitantes de asilo. Yo quisiera concentrarme sobre una cuestión específica, que son los menores no acompañados. Los demás aspectos de esta cuestión los tratará el señor Helfer. Una preocupación importante respecto a la trata de personas es la falta de un protocolo normalizado y la falta de un procedimiento uniforme para determinar la edad de los menores. Muchas instituciones, como por ejemplo el Comité de los Derechos del Niño, han planteado sus inquietudes respecto a la fiabilidad de los métodos de evaluación de la edad que se aplican en el Estado parte y citan múltiples violaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño. El Comité, en su estado. Perdón. El Estado parte, en su informe, señala que han adoptado un enfoque etario en la evaluación y que están desarrollando un marco basado en los derechos humanos. Sírvanse a elaborar sobre los avances en cuanto al desarrollo de un proceso normalizado, unificado para identificar y proteger a los niños. También quisiéramos saber en qué medida el marco basado en la edad y en los derechos contribuye a este proceso. Quisiéramos saber qué desafíos han encontrado y si creen que sus respuestas son lo suficientemente ágiles. Respecto a la protección de los menores, hemos recibido información sobre el tratamiento discriminatorio, el abuso en ciertos centros de recepción de menores no acompañados. Esto está actualmente bajo investigación judicial. Además, la Defensoría o el Ombudsperson ha identificado varios casos de individuos que decían ser menores y que, no obstante, han sido acogidos en centros de adultos. En este sentido, ¿cómo garantizan ustedes la asistencia letrada de menores extranjeros no acompañados? ¿Cómo les brindan integración social, integración en el mercado laboral cuando llegan a la edad adulta? Además, ¿cómo garantizan la identificación oportuna para poder brindar protección internacional y cómo salvaguardan la protección y la unidad familiar de los menores? La cuestión 22 se relaciona con la libertad de expresión, que quedará abarcada por la señora Tigrinya más adelante. La primera cuestión implica la difamación. Hoy, el informe del Estado parte solo ofrece una respuesta limitada. El Comité también toma nota de la recomendación de que el Estado parte debería despenalizar la difamación e incorporarla en la legislación civil de difamación en consonancia con las normas internacionales. Primero, ¿en qué grado ¿Es compatible la restricción de la libertad de expresión sobre la base de la difamación? Compatible, reiteramos, con las normas internacionales, en particular con el artículo 19.3 del Pacto, que propée una lista exhaustiva de los fundamentos legítimos para estas restricciones. ¿Cómo el Estado parte vela por la compatibilidad en su marco jurídico y práctica? Segundo, ¿el Estado parte tiene intención de considerar la posibilidad de despenalizar la difamación? ¿Cuál es el fundamento para mantener a la difamación como delito penal en el sistema jurídico actual. En cuanto al acceso a la información pública, el Comité valora la enorme información prestada por el Estado parte, en particular en el artículo 19 del 9 de diciembre sobre la transparencia, el acceso a la información pública y la buena gobernanza. A su vez, algunas fuentes mencionan que se han observado ciertos retos estructurales y prácticos. Por ejemplo, la ley de transparencia no abarca plenamente a los poderes judicial y legislativo. No hay penas por el incumplimiento de la parte de los órganos públicos. Y en cuanto a los usuarios, las normas regionales y locales se solapan con múltiples órganos de vigilancia que pueden ser confusos para el usuario. de solicitudes sigue siendo bajo, con solo 1000 por mes a nivel central. Además, las mujeres representan solamente el 30 % de las solicitantes. Dicho todo esto, ¿el marco jurídico actual es suficiente para velar por la transparencia en el alcance de la divulgación de la información? ¿Se divulga la información de manera fiable y coherente en la práctica? ¿Qué medidas se han adoptado para promover un empleo más activo y extendido de la Ley de Transparencia? La cuestión 23 se relaciona específicamente con la libertad de expresión y otros derechos conexos en Cataluña. El Estado parte, en su informe, recalca que los políticos, periodistas y público en general en Cataluña deben seguir los canales establecidos por la Constitución y respetar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. También se afirma que pueden promover un cambio constitucional sin enfrentarse a consecuencias adversas, algunas por sus derechos. El Comité desea recordar la obligación del respeto de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, que radica sobre todo en el Estado. El Comité ha recibido múltiples denuncias sobre preocupaciones graves sobre el uso de tecnologías de vigilancia en el Estado Parte, sobre todo en relación con el disenso político y el derecho a la privacidad. Un informe señala que entre 2017 y 2020, al menos 65 políticos catalanes, activistas y figuras públicas fueron objeto de vigilancia de Pegasus y Camlry, que presuntamente se vincula con el Centro de Inteligencia Nacional. No se ha lanzado una investigación oficial y el fiscal ha sido inactivo en lo que se relaciona con los procesos judiciales. Además, se han informado de instancias de infiltración de la policía en movimientos sociales sin autorización judicial. Esto incluye casos que implican relaciones íntimas que se desarrollan durante operaciones cubiertas. Las cortes se han negado a investigar estos casos y la fiscalía parece haber normalizado estas prácticas. Dicho todo esto, ¿cómo se responde a estas denuncias? ¿Cómo el Estado responde? ¿Pretende iniciar investigaciones en estas prácticas? ¿Qué procedimientos seguirán? De lo contrario, ¿qué obstáculos previenen estas investigaciones? En cuanto a la situación en Cataluña, el Comité observa acontecimientos importantes recientes sobre la Ley de Amnistía 2024, que concede amnistía a las personas implicadas en actividades proindependencia en Cataluña. Esto incluye el dictamen de la Corte Constitucional que se expidió la semana pasada. El Comité también ha recibido información que arguye que la Ley de Amnistía 2024 no se está aplicando adecuadamente en la práctica. El Comité también desea recordar su dictamen en la comunicación individual 3165 de 2018, Carles Puigdemont y Casamajo contra España, en la que concluyó que el Estado parte ha vulnerado los derechos del autor de conformidad con el artículo 25 del Pacto. Además, el dictamen reza que el Estado parte tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que se produzcan vulneraciones similares en el futuro. El Comité valoraría la aclaración del Estado parte sobre las cuestiones siguientes: ¿Podrían ofrecer información sobre la aplicación actual de la Ley de Amnistía 2024? ¿Qué procedimientos están en vigor? ¿Qué categorías de personas entran en el ámbito de aplicación de esa ley? ¿Cuál es el impacto que se prevé del dictamen reciente de la Corte Constitucional sobre su aplicación? ¿Cómo considera el Estado parte de la compatibilidad de la Ley de Amnistía 2024 con las normas internacionales y el dictamen del Comité en el caso Puigdemont? Estas son las preguntas que quería plantear en este momento. Espero con interés sus respuestas. Muchas gracias. CCPR · Presidente del Comité de Derechos Humanos [37:59]: Pasamos ahora al señor Gelfer. Adelante, tiene la palabra. CCPR · Miembro del Comité de Derechos Humanos [38:03]: Gracias, presidente. Bienvenidos nuevamente a la delegación. Mis preguntas del día de hoy se centran en las cuestiones 18 y 19. Empezamos con la cuestión 18. El Comité entiende que las instalaciones conocidas como centros de atención temporal de extranjeros, o CATE, pueden detener a los migrantes hasta 72 horas. No obstante, las denuncias indican que estos centros siguen operando sin un marco reglamentario unificado. Tengan a bien aclarar la base jurídica que autoriza esta privación de libertad temporal. También entendemos que los migrantes que están detenidos por un tiempo más prolongado, hasta 60 días, están detenidos en los Centros de Internamiento de Extranjeros, o CIEs. El Comité tiene preguntas sobre la detención de migrantes en estos centros. Hay informes creíbles que documentan una atención médica inadecuada, hacinamiento y un daño autoinfligido en los CIES. ¿Cómo se identifican las necesidades de las personas vulnerables antes y durante la detención? ¿Y cómo se ofrece un acceso constante, médico, al apoyo psicológico y a la asistencia jurídica para los detenidos? También usaremos con preocupación las denuncias de condiciones de recepción inadecuadas, por ejemplo, en el aeropuerto de Madrid en 2024 y en Ceuta, Melilla y las Islas Canarias, donde los solicitantes de asilo se han visto obligados a dormir en la calle debido a las capacidades insuficientes en el proceso de aplicación del asilo. Mi colega, la señora Tenaraya, ha observado la cuestión del hacinamiento y abuso de los niños no acompañados en los centros de detención. También recibimos informes de que los menores se han visto expulsados de los centros de detención sin documentación. cuando llegan a la edad de 18 años, en vulneración de las normas internas. Tengan a bien presentar novedades sobre el plan de distribuir a los niños no acompañados de los centros de las Islas Canarias a otros lugares en España. En cuanto al asilo, observamos algunas mejoras en los procesos de evaluación del asilo, por ejemplo, la Ley 12/2009, que aclara los plazos y regula de mejor manera los puestos de frontera. No obstante, hemos recibido múltiples denuncias de que los procedimientos de evaluación siguen siendo inadecuados, por ejemplo, en cuanto a los sistemas digitales y la falta de personal, lo cual resulta en tiempos de espera prolongados y el desarrollo de un mercado negro para las citas. Además, las estadísticas del Ministerio del Interior señalan que más de 240.000 casos de asilo están pendientes en 2024, un aumento del 27 % en relación con el año anterior. medidas concretas adoptará el Estado Parte para solventar estas preocupaciones. Pasamos a la cuestión 19. El Comité entiende las oportunidades formales disponibles a los migrantes para solicitar protección internacional. No obstante, varios informes creíbles indican que hay presiones negativas que evitan que los migrantes entren al territorio español en el cual pueden solicitar asilo legalmente. Como lo observó el Comisionado Europeo de los Derechos Humanos, parece no haber otra manera de entrar a Melilla y Ceuta y solicitar protección de las autoridades más que nadar o saltar la verja, lo cual pone en riesgo la vida. Fin de cita. da lugar a múltiples vulneraciones de derechos humanos. Por ejemplo, el Comité ha recibido informes que indican un maltrato de los migrantes de la parte de los oficiales fronterizos, como golpizas, fuerza excesiva física e incluso muertes. Este es un problema constante, lamentablemente. En 2014, al menos 15 migrantes fallecieron intentando llegar a Ceuta. Entendemos que el Estado parte ha investigado estos temas, pero la investigación se clausuró definitivamente en 2020 debido a una decisión de una corte de Cádiz sin que nadie se responsabilizase. Algunos años más tarde, en junio de 2022, los oficiales fronterizos emplearon una fuerza excesiva en la frontera de Melilla, lo cual dio lugar a al menos la muerte de 23 personas, sobre todo sudaneses, y las lesiones de otros. Estos son los casos más conocidos, solamente que implican muertes de varios migrantes. Entonces, mis preguntas son: ¿Qué medidas específicas tomará el Estado parte para evitar o prevenir las muertes y maltrato de los migrantes y velar porque las fuerzas fronterizas estén debidamente entrenadas contra estas acciones y ofrezcan investigaciones efectivas, oportunas y transparentes de las presuntas violaciones? El Comité no es el único que plantea estas preocupaciones, señalo. En marzo de 2025, la Corte de Andalucía Dictó que el regreso inmediato de las personas interceptadas en el mar o en las playas de Ceuta es ilícito. La Corte mantuvo que los controles fronterizos deben seguir los procedimientos de regreso ordinarios para velar garantías para todos los refugiados que buscan una protección internacional. ¿Qué medidas se han tomado para aplicar este dictamen de la Corte? Por ejemplo, ¿se considerará derogar o modificar el régimen especial de Ceuta y Melilla? la Ley Orgánica 4/2025, y lo más importante, cuándo cesará la práctica del Estado parte de los retornos sumarios y los rechazos, en particular en las fronteras de Ceuta y Melilla, para velar que todas las personas interceptadas cerca de la frontera puedan admitirse en el territorio y puedan solicitar protección internacional. Mi última cuestión de hoy implica los acuerdos bilaterales con Marruecos, sobre todo una cooperación de seguridad 2022, un acuerdo de cooperación 2022 que autoriza a España a deportar migrantes a Marruecos sin un proceso administrativo ni una orden judicial? Tengan a bien aclarar las condiciones específicas de este acuerdo. Además, ¿cómo el Estado parte vela porque los migrantes puedan solicitar asilo y se les garantice un trato humano de la parte de ambos Estados partes cuando regresan a Marruecos? Estas son mis preguntas para el día de hoy. Espero con interés su respuesta. CCPR · Presidente del Comité de Derechos Humanos [44:13]: Muchas gracias, señor Helfer. Dice el presidente: Pasamos ahora a cederle el uso de la palabra a la señora Tigrulla. CCPR · Miembro del Comité de Derechos Humanos [44:20]: Muchas gracias, presidente. Saludamos a la delegación con la que abordaré los párrafos 21, 24 y 25. Antes, primero quiero dar las gracias a la delegación y valoro los esfuerzos desplegados en lo pedagógico y en las respuestas sobre la articulación entre la ley de 1900 77 y la de 2022, que no queda plenamente clara aún, pero como los relatores especiales desde Naciones Unidas lo han dicho en su comunicación de diciembre de 2022, creo que esto está vinculado, esta falta de claridad está vinculada a este famoso artículo 2, párrafo 3, de la Ley 2022, que se interpreta de manera distinta en España de la parte de la Fiscalía General y los tribunales. Esto sigue siendo, entonces, un problema de seguridad jurídica en esta cuestión, pero valoro mucho estos esfuerzos. Vamos a pasar a los párrafos 21 y 24, entonces, vinculados porque se tratan de la protección del espacio cívico y las libertades de expresión y manifestación. Completamos las preguntas ya planteadas por mi colega, el señor Teraya. El párrafo 21 implica específicamente la ley. orgánica relativa a la seguridad de los ciudadanos de 2015, una ley muy polémica porque crea infracciones administrativas que tienen un efecto disuasorio mayúsculo a la vez sobre el derecho de expresarse, el derecho de informar de los periodistas, por ejemplo, que filmarían el accionar de la policía y el derecho del público a estar informado de estas acciones. Entonces, el Tribunal Constitucional habría intentado limitar el campo de aplicación del artículo 36, párrafo 23, de esta ley orgánica sobre el hecho de filmar a los agentes del orden y precisa que la prohibición de filmar solo puede aplicarse si hay un peligro concreto para el agente en cuestión. Mis preguntas, entonces, son para saber ¿En qué momento se encuentra la reforma de esta ley y las infracciones problemáticas como las que mencioné y la falta de respeto hacia la autoridad? ¿En qué tipo de sanción se han condenado a las personas? Según entiendo, en 10 años más de 300 000 penas se han dictado sobre la base de esta ley sobre la seguridad de los ciudadanos. en particular, sobre la base de tres disposiciones: la resistencia, la desobediencia y la negación de identificarse. Me gustaría saber que estas cifras son precisas. Luego, y vuelvo a algo que ha recalcado mi colega Tereya, nos ha planteado una preocupación sobre el uso de la parte de las autoridades, de los agentes Investigación infiltrados que actúan como agentes infiltrados en grupos y movimientos sociales para observar, espiar y reunir información sobre el funcionamiento de estos grupos por fuera, como bien lo ha dicho el señor Teraya, de todo procedimiento penal, estas infiltraciones policiales. que se observaron en Barcelona, en Valencia y en Madrid, por ejemplo, y cuya práctica ha quedado expresamente reconocida por el ministro del Interior, son muy preocupantes porque se fundan en el secreto más completo, por fuera de todo marco jurídico, toda garantía judicial, y están cubiertas por la ley de 1968 sobre el secreto oficial. Además de las preguntas que ha planteado el señor Teraya, quiero agregar esta. Esta práctica de los agentes infiltrados sigue utilizándose. ¿Cuáles son los recursos de los que disponen las víctimas de estos agentes? Luego, nos centramos en la libertad de expresión y las infracciones inscritas en el Código Penal, como la glorificación del terrorismo u otras infracciones que se mencionan en la lista de cuestiones. Según entendemos, esta infracción de la glorificación del terrorismo fue utilizada en 2024 contra dos activistas por Palestina. Un caso quedó clausurado y otro sigue pendiente con un procedimiento en curso. Parecería que se debate de reformas del Código Penal para despenalizar el empleo de la libertad de expresión. Nuestro comité, entonces, quiere saber en qué momento se encuentran esas reformas para limitar al máximo el uso del derecho penal cuando las personas ejercen su libertad de expresión. que, como la Tribuna Europea de Derechos Humanos lo dijo en su caso conexo, la libertad de expresión por ideas que chocan o inquietan. En cuanto a la cuestión 25, voy a abordar el tema de la corrupción y la cuestión de la reforma del poder judicial vinculada con ello. Para ello, voy a retomar el segundo informe de conformidad del GRECO, este órgano del Consejo de Europa. que trabaja sobre la corrupción, que se publicó el 16 de abril de 2025. Quiero retomar algunas de sus constataciones. La conclusión general es bastante severa, ya que el GRECO observa que ninguna de las 19 recomendaciones se ha aplicado ni tratado de manera satisfactoria. El GRECO nos dice, por ejemplo, entonces, que las labores relativas a las exigencias de transparencia e integridad de los consejeros siguen en balbuceo. Entonces, el objetivo de transparencia no está cumplido. El GRECO también lamenta, y cito, que el proyecto de ley sobre la transparencia y la integridad de las actividades de grupos de interés no se ha adoptado. Y agrega que la aplicación efectiva de las enmiendas de la Ley 19/2013 sobre la transparencia, el acceso a la información y la debida gobernanza no se ha logrado completamente. Y por último, el hecho de que la revisión del régimen disciplinario aplicable a la policía y a la Guardia Civil para mejorar la transparencia y la objetividad tampoco se ha ultimado. Agrego, y ahí es donde interviene el Poder Judicial, que la lucha contra la corrupción en el Poder Judicial no parece haber sido objeto de avances importantes durante el período de examen. Parecería que en 2025, tras un período de cinco años de bloqueo, los partidos políticos se pusieron de acuerdo finalmente sobre la instalación de un Consejo General de la Magistratura. Este retraso fue objeto de una crítica grave por parte de la Relatora Especial sobre la Independencia de los Jueces y los Abogados en 2024, que había retomado el papel fundamental que tiene el Consejo sobre todos los aspectos de la carrera de los jueces. Este retraso tuvo repercusiones importantísimas sobre el funcionamiento independiente e imparcial de la justicia y el principio de la separación de los poderes. En general, una reforma de la Ley Orgánica sobre el Poder Judicial se lanzó, sí, pero según entiendo de los periódicos españoles, actualmente los jueces y fiscales están en huelga a partir del 1° de julio de este año, o sea, esta semana, para protestar contra esta reforma, porque puede atentar contra su independencia. Mis preguntas, entonces, son: primero, saber si el Consejo General de la Magistratura funciona plenamente y con toda independencia de los partidos políticos mayoritarios o de la oposición. Segunda pregunta, ¿cuál es el objeto de la reforma de la Ley Orgánica sobre el Poder Judicial que parece no satisfacer a los actores judiciales? Y, por supuesto, aceptaremos todo texto que puedan enviar al Comité. Y, por último, ¿cuáles son las medidas que se toman para que este proyecto, esta reforma de la Ley Orgánica, respete a su vez el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto sobre la plena independencia de los jueces en todos los aspectos de su carrera, el nombramiento al fin de la carrera, pasando por el régimen disciplinario? Muchas gracias, presidente. CCPR · Presidente del Comité de Derechos Humanos [52:33]: Muchas gracias, señora Tigrinya. Hemos completado la segunda ronda de preguntas. Por ende, concedo 15 minutos a la delegación para que prepare las respuestas. Se suspende entonces la reunión durante 15 minutos. Vamos a continuar con este diálogo. Antes de pasar a las respuestas, yo quisiera decir un par de cosas. Los intérpretes a veces tienen dificultades porque están hablando muy rápido cuando toman la palabra. Quería pedirles, por favor, que hablen un poco más lentamente. Si hace falta, les puedo dar un poco más de tiempo. Yo sé que tenemos un tiempo limitado y que es mucha información la que hay que transmitirle al comité, pero la interpretación es fundamental, así que les ruego su comprensión sobre esto. Lo otro es que les quería pedir disculpas por quitarme la chaqueta, pero es que hace muchísimo calor en la sala. Quienes estén siguiendo el diálogo en línea no se dan cuenta de lo caliente que es esta sala, así que quiero, por un lado, pedirles disculpas y, por otro lado, darle licencia a los miembros de la delegación que se quieran quitar las chaquetas para que estén más frescos. Maravilloso. Gracias. Es que es difícil concentrarse cuando hace tanto calor. Voy entonces a darle la palabra al señor Gómez para continuar con las respuestas. Tienen ustedes una hora, pero si necesitan más tiempo se los concedemos. Spain · Embajador y jefe de delegación [1:18:15]: Presidente, gracias por su clemencia climática y también por su flexibilidad. Y tomamos nota de lo que nos ha dicho sobre el trabajo de los intérpretes. Efectivamente, intentamos pasar el mayor contenido posible en poco tiempo, pero a veces el propósito no se cumple cuando hablamos demasiado deprisa. Bien. Para dar respuesta a las cuestiones planteadas por los miembros del comité, vamos a hacer igual que ayer, dividir los contenidos en varios bloques. El primer bloque, que se refería en términos muy amplios y muy detallados a condiciones de trato de las personas en situación de privación de libertad. Voy a dar la palabra a los representantes de los ministerios de Interior y Justicia, a quienes pido que restrinjan sus explicaciones a un máximo de 12 minutos. tienen la palabra, por favor. Gracias. Spain · Director general de Instituciones Penitenciarias [1:19:09]: SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE JUVENUD DE EXTREMADURA: Buenos días. Muchas gracias. Para atender a las dudas planteadas por parte, en concreto, del señor Quezada y al resto de miembros del comité en lo que se refiere al ámbito de la privación de libertad, intentaré ser breve, claro y hablar despacito para facilitar la labor de los intérpretes. De las distintas cuestiones señaladas en cuanto al ámbito penitenciario, En efecto, el señor Quezada hablaba de la cuestión de la sanidad penitenciaria. En este punto, es una de las prioridades de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y reconocemos como el primer problema el hecho del número de médicos existentes en los centros penitenciarios. Hay que entenderlo dentro del contexto médico que hay en el conjunto del país, de la sociedad en general e incluso de la totalidad de Europa. Es una cuestión el tema de la atención médica en el ámbito penitenciario, que compartimos también con colegas de distintos países en foros como el Consejo de Europa, y sabemos que es un problema también compartido con países como Reino Unido, con Holanda, con Francia, con Portugal, el hecho de la ausencia de médicos. En nuestro caso, ya la especificidad de España, es verdad que existe una ley del año 2003 en donde la sanidad la presta no el Estado, sino las comunidades autónomas, y aún no se ha producido en su totalidad el trasvaso de las competencias sanitarias para el ámbito penitenciario a todas las comunidades autónomas. En el momento actual son tres las que ya la tienen transferida. Cataluña, País Vasco y desde el año 2122 la comunidad autónoma de Navarra. Mientras tanto, la Administración General del Estado sigue prestando la prestación sanitaria con médicos propios en todos sus centros penitenciarios, garantizando una sanidad esencial y de calidad a la totalidad de las personas privadas de libertad. No obstante, se están adoptando medidas ante la dificultad de poder tener las plantillas completas de médicos en todos los centros penitenciarios. Tener en cuenta, por un lado, una herramienta tecnológica que ya ha sido probada a raíz de una de las pocas cosas positivas que trajo la pandemia del COVID, que es el hecho de la telemedicina. Funcionó muy bien durante los años 20 y 21 y es algo que ha quedado. para permanecer, existe ya un sistema denominado GAT, G-A-T serían sus siglas, que está aplicado a la totalidad del sistema, de modo que garantiza que existe un médico en remoto durante las 24 horas para cualquier centro penitenciario de los que dependen de la Administración General del Estado. Por otro lado, se sigue trabajando con las comunidades autónomas hasta que se produzca el definitivo traspaso de las competencias en el tener la interoperabilidad en los sistemas informáticos, que es algo que ya existen convenios con todos ellos, de modo que es posible tener acceso a los expedientes sanitarios externos y aquellos que se generan dentro del centro penitenciario para la atención de cualquier patología de los internos. También tanto, está garantizado cualquier tipo de atención sanitaria de urgencia, coordinado con el 112, el servicio de emergencias que atiende a la población general, y, en concreto, también coordinándonos con las fuerzas policiales para cualquier traslado de urgencia que sea necesario a un hospital de referencia. Todos los centros penitenciarios tienen un hospital de referencia externo para aquellas cuestiones de urgencia o patologías más graves, de modo que se pueden hacer esas salidas de un centro penitenciario con total normalidad. Y, por otro lado, el que, de manera anual, se sigue ofertando todos los años todas las plazas que puedan quedar vacantes para conseguir nuevos candidatos que completen las plantillas de médicos en los centros penitenciarios. Tener en cuenta también que, cuando hablamos de sanidad penitenciaria, hay otros profesionales sanitarios en los centros penitenciarios para atender la sanidad. Ha hablado de las plantillas de enfermeros. Esas plantillas están prácticamente completas, al 90-95%, de modo que es una garantía más de la prestación de la atención sanitaria a la población reclusa. Por otro lado, se ha mencionado también el hecho de experimentos -creo que es el término que se ha mencionado- con población reclusa en los centros penitenciarios de Huelva y de Córdoba. Seré aquí rotundo: Cualquier tipo de experimentación con población reclusa está prohibida, no existe experimentación con población reclusa. Por otro lado, sí existen determinados estudios de carácter científico que se hacen con todas las garantías y herramientas que se pueden hacer en la comunidad, en la sociedad libre. Y, en efecto, hay distintas universidades, entidades que, con criterios científicos, piden una serie de permisos a la Administración penitenciaria para poder intervenir y realizar estudios de materias concretas dentro de los centros penitenciarios. En concreto, este estudio del centro penitenciario de Huelva y Córdoba, que se refería al estudio de personas con conductas violentas, Y supone el hacer un estudio donde participan personas que voluntariamente quieran participar. El tema de la voluntariedad es idéntico al de cualquier persona en la calle que quiera participar en un estudio científico. Bien, es una temática más que puede ser objeto de análisis de estudio como cualquier otra. Puede ser el tema de la violencia de género, puede ser el tema de la intervención con personas con problemas de drogadicción. Son objetos. De estudios muy interesantes para precisamente los especialistas científicos, como digo, de universidades o de entidades acreditadas con una base científica de la sociedad civil y que tienen una población que voluntariamente quiere participar en la realización de esos estudios y en donde además es fácil el poder tener una buena selección en cuanto que son gente dispuesta, gente que puede ayudar a resolver su problema. Pienso, por ejemplo, en el tema de la drogadicción o el tema de la. Violencia de género y con una población que permite también tener, por un lado, un grupo de control relacionado con esa problemática que se quiere estudiar científicamente y otro grupo control que no, que no tiene relación con el hecho concreto objeto del estudio, ya sea este de la violencia, sea el tema de drogas, cualquier otro. Como digo, ahí es la temática, la casuística es cuasi infinita lo que se puede estudiar desde un punto de vista científico. En relación a la sujeción mecánica, aclarar aquí que la sujeción mecánica es un medio coercitivo que aparece regulado entre los medios coercitivos recogidos en la ley penitenciaria. Expresamente, la mención que hace ahí a la sujeción mecánica es al uso de esposas, por el hecho de tratarse de la sujeción mecánica que pueda ser más invasiva a la hora de aquellos supuestos donde sea necesario reducir a una persona, es donde, además, y tomando como ejemplo el uso de elementos textiles, de correas, como los que se hacen en la sanidad y en el ámbito psiquiátrico, donde se entiende que puede ser menos dañino el uso de las sujeciones con correas. En cualquier caso, aparecen expresamente reguladas con todas las garantías para cualquier medio coercitivo que pueda hacer necesario su uso en un centro penitenciario, de modo que aquí rigen los principios de legalidad, de intervención mínima y proporcionalidad en el uso de las mismas. Y, en el caso concreto de la sujeción mecánica con correas, el tener en cuenta que existe un protocolo específico del año 2018. Recuerdo ayer hacía mención la señora cruda, sobre el hecho de aquellas recomendaciones del Mecanismo Nacional de Prevención. Este protocolo de 2018 bebe directamente de los criterios y recomendaciones emitidos por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura español de 2017. Ambos documentos son públicos y también hay un seguimiento estadístico de cada uno de los casos. Tener en cuenta que, en el caso de las sujeciones mecánicas, precisamente por encontrarnos ante aquellas situaciones más extremas, de mayor conflicto, de problema de una persona en donde pueda estar muy violenta o agresiva, puede tener algún tipo de brote por problema de enfermedad mental, con lo cual supone una serie de limitaciones a la hora de usar un medio restrictivo hacia esa persona o que haga falta el uso de una intervención médica para el uso de un inyectable de un tranquilizante, una sujeción química, en donde es necesario cumplir una normativa muy garantista y muy específica. Todas las sujeciones mecánicas que se puedan realizar en un centro penitenciario, todas son grabadas en vídeo, todas son analizadas. Y, si cogemos el histórico desde el año 2018 hasta ahora, 2025, existe una reducción significativa, precisamente también por el trabajo que se ha hecho desde el año 2018 de formación de los funcionarios para que asuman la necesidad, que es un recurso, es un último recurso, cuando ya sea necesario el reducir a alguien muy violento, el trabajar las medidas de desescalada previas a esa situación de conflicto. Y, a título de ejemplo, mencionar los dos últimos periodos de formación se han llevado a cabo durante los años 2023 y 2024 para. Spain · Embajador y jefe de delegación [1:29:10]: Interrumpir porque si no, Interior no puede, no perdón, la Justicia no puede intervenir. Sed por favor telegráficos y lo más precisos posibles para que todos los ministerios puedan intervenir. Gracias, Interior. Spain · Representante del Ministerio de Justicia [1:29:25]: Muchas gracias. Continúo con la cuestión de la incomunicación y quiero decir que, en cuanto al régimen de incomunicación, en España se produjo una reforma en el año 2015 para incorporar al derecho nacional una directiva europea de 2013 sobre asistencia letrada, comunicación con terceras personas y con las autoridades consulares. La Comisión Europea no tiene abierto ningún procedimiento de infracción como consecuencia de una deficiente incorporación de esta directiva a la legislación española y, por tanto, creemos que está en línea con esta normativa. Como consecuencia de ello, además de esta reforma, el Comité de Ministros del Consejo de Europa canceló todos los procedimientos de supervisión que tenía abiertos como consecuencia de las condenas que se habían hecho a España respecto de la no respecto de la no investigación de delitos de torturas denunciados como consecuencia de las situaciones de aislamiento. Por lo tanto, total alineamiento con el Consejo de Europa y con la Unión Europea. El rasgo de la incomunicación es la excepcionalidad absoluta, la justificación y control judicial permanente. Existen unos derechos reforzados de asistencia médica, de tal manera que las personas sometidas a incomunicación tienen que ser visitadas por un médico Forense 2 veces al día y sobre el principio de duración limitada, la comunicación consular respecto de menores es siempre obligatoria. Este derecho no se puede. no se puede restringir. Y queremos también decir que hay un anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal donde estos protocolos de actuación de asistencia médica dos veces por día se establecen por ley y que además se establece un sistema de videovigilancia para la transparencia del proceso de incomunicación, tanto para la persona detenida como para las personas que operan con con la misma. Por lo tanto, entendemos que la legislación está perfectamente alineada con esos estándares europeos y del Consejo de Europa, y en esta medida, pues simplemente habrá una reforma donde se añadirán garantías, además de las que he facilitado, pero la idea de la incomunicación se mantiene en la medida en que pueden verse afectados otros derechos de superior protección, conforme también a la Directiva de 2013. Nada más. Spain · Embajador y jefe de delegación [1:31:59]: Gracias. Se han planteado por parte de los miembros del Comité cuestiones sobre la lucha contra la trata, para lo que daré la palabra a representantes de los Ministerios de Igualdad e Interior, comprometidos todos ellos en estos esfuerzos. Spain · Representante del Ministerio de Igualdad [1:32:16]: Muchas gracias, embajador. Respecto a la pregunta sobre la estudio cuantitativo de trata de personas, entendemos que el comité hace referencia al macroestudio sobre trata, explotación sexual y prostitución de mujeres, una aproximación cuantitativa que fue promovido y financiado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y que actualmente se encuentra publicado en su página web desde finales del año 2024. El objetivo de este estudio era conocer el número estimado de mujeres en situación de prostitución en España y también su distribución geográfica, y hacer un primer acercamiento de la estimación del número de mujeres que están en riesgo de ser víctimas de trata con fines de explotación sexual y el número de víctimas de trata con fines de explotación sexual. Dándole así unas pinceladas de los resultados del estudio, ya que también se ha preguntado sobre los datos y los resultados del mismo. Este estudio se ha centrado exclusivamente en analizar los anuncios de prostitución de mujeres en páginas web que ofertan servicios presenciales. Después de un proceso de eliminación de duplicados y de información irrelevante, no tratable o falsa, se han obtenido un total para la muestra de 204 433 anuncios. De estos, el 94 % corresponde a mujeres en situación de prostitución, un 1,58 % a mujeres transexuales en situación de prostitución y un 1,84 % a hombres en situación de prostitución. Por edades, el grupo más destacable es el de 18 a 24 años, es el que presenta una mayor tasa de mujeres en situación de prostitución. Y hay un 51,30% de las mujeres que corresponden al grupo de mujeres latinas. Las mujeres de origen europeo conforman, según este estudio, el 16% del total, siendo el segundo grupo más común. Respecto a la distribución territorial, Baleares es la comunidad autónoma con mayor tasa de mujeres en situación de prostitución, seguida de la comunidad autónoma de Cataluña. Podemos decir que al menos existen entre 9000 y 17639 mujeres en riesgo de trata con fines de explotación sexual, lo que supone entre el 8 y el 15% del total de mujeres prostituidas. Se ha obtenido también que para el año en el año 2023 puede haber habido en España entre 152735 y 184000 mujeres en situación de prostitución. Respecto al estado de tramitación de la ley contra la trata, es cierto que este anteproyecto de ley orgánica decayó antes del año 2024 debido, en la anterior legislatura, a la convocatoria anticipada de elecciones. Este anteproyecto de ley se ha recuperado, adopta un enfoque integral. Los poderes públicos van a ir mucho más allá de la respuesta penal. Y pretende abordar también la prevención y la sensibilización de la sociedad, así como reconocer ciertos derechos para estas mujeres, así como un régimen de ayudas para sus hijos e hijas y personas dependientes de las mujeres víctimas. Junto con el Ministerio de Igualdad se encuentran los ministerios coproponentes del Interior, de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y también el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Actualmente este anteproyecto de ley se encuentra en negociaciones de estos ministerios coproponentes. Respecto a la audiencia pública y los informes de la sociedad civil, la participación para este anteproyecto de ley, decir que la el trámite de audiencia ya finalizó, se recibieron 56 aportaciones y se incluyó en el expediente del anteproyecto de ley un informe del Foro Social contra la trata con fines de explotación sexual, que es un órgano colegiado compuesto por más de 6 asociaciones. de la sociedad civil en España. En el cronograma, simplemente decir que ahora, en julio de 2025, se encuentra en negociaciones. Va a haber después un texto consolidado para hacer reuniones con expertas y asociaciones, para finalmente, en septiembre, empezar el procedimiento de tramitación legislativa solicitando los informes pertinentes del Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado, etcétera. Y, en último lugar, respecto a la pregunta del mecanismo nacional, sí podemos contestar afirmativamente que el anteproyecto de ley prevé un mecanismo nacional de derivación que derivaría a las víctimas a los servicios especializados. Su creación es completamente coherente con la nueva directiva de trata, aprobada en el año 2024, y las recomendaciones del grupo de expertas contra la trata, el grupo GRETA del Convenio de Estambul. Gracias. Spain · Representante del Ministerio del Interior [1:37:03]: Sí, buenos días. Para continuar con trata, quería abordar un asunto, un asunto abordado por el señor Teraya, por el señor Teraya, respecto a la falta de. CCPR · Presidente del Comité de Derechos Humanos [1:37:17]: Micrófono, por favor. Spain · Representante del Ministerio del Interior [1:37:19]: Sí, reinicio. Quería continuar con el asunto de trata de seres humanos, abordando el asunto planteado por el señor Teraya. respecto a una eventual falta de criterio unívoco para la detección en la trata de seres humanos. A día de hoy, la detección de trata de seres humanos corresponde exclusivamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y es un elemento muy importante, porque detectada una víctima de trata de seres humanos, le da pie a poder acogerse a los derechos que le concede la Ley de Extranjería: período de restablecimiento y reflexión, oportunidad de retorno, oportunidad de obtener autorización de residencia y trabajo y resto de derechos derivados y de asistencia humanitaria y social. Precisamente por la importancia que tiene dicha cuestión, es un tema que se encuentra homogeneizado a nivel nacional. En todos los cursos que se imparten durante la actividad formativa de las fuerzas y cuerpos de seguridad, se aborda dicha cuestión de manera homogénea, tanto en los cursos de ingreso, en los cursos de especialización y en los cursos de promoción. Tan importante es la cuestión que ya desde 2011 tenemos un documento único a nivel nacional, que es el Protocolo Marco sobre la Trata, que entre otras cuestiones entra a determinar cuáles son los criterios o los indicadores que hay que examinar sobre una víctima de trata de seres humanos para identificarla o no como tal. A modo de ejemplo, hay que analizar una serie de indicios conductuales: su reticencia, su desgana a la hora de hablar, su apariencia, el temor que pueda mostrar. Otros indicadores más generales sobre el lugar de donde ha sido captado, sobre su situación sociocultural o económica, sobre información falsa sobre el viaje que haya manifestado. Las relaciones sentimentales o amistades que pueda tener con la persona presuntamente responsable de la trata. Indicadores relativos a la fase de transporte, el traslado, la acogida, la carencia de documentos, la incapacidad de comunicarse libremente con amigos y familiares. Antecedentes de que haya podido residir en pisos patera. Únicamente a modo de ejemplo. Por lo tanto, sí que le puedo adelantar que Las fuerzas y cuerpos de seguridad, que son las competentes a día de hoy en la identificación de las víctimas, sí que cuentan con criterios objetivos, homogeneizados y no evocos en todo el territorio nacional para la identificación de las víctimas. Muchas gracias. Spain · Embajador y jefe de delegación [1:39:59]: Gracias. El siguiente bloque de preguntas planteadas se refería al trato de extranjeros, incluidos refugiados y solicitantes de asilo, así como a la infancia migrante. Es un bloque que ha sido muy numeroso, de preguntas muy detalladas. La delegación va a hacer un esfuerzo de dirigirlas, pero una vez más les tengo que rogar que sean muy telegráficos en la información que brinden. Doy la palabra a los representantes de los ministerios de Interior, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Juventud, Infancia y Justicia, por este orden. Empezamos con Interior, con un periodo de seis minutos. Spain · Representante del Ministerio del Interior [1:40:37]: Buenos días nuevamente. Bien, desde el Ministerio del Interior vamos a abordar las cuestiones de carácter migratorio en el ámbito de nuestra competencia y cuestiones varias que han sido planteadas. La primera de ellas respecto a las medidas alternativas al internamiento en los centros, al ingreso en los centros de internamiento de extranjeros. Mire, en primer lugar, quería destacar que el ingreso en un centro de internamiento es la última opción y la última medida cautelar que se pueda adoptar sobre un extranjero sujeto a un procedimiento de retorno. De hecho, la Ley de Extranjería prevé que el internamiento en un centro de extranjeros únicamente se prevea en los supuestos de estancia irregular para aquellos casos que se tramite por procedimiento preferente, es decir, aquellos casos en los que haya riesgo de fuga en los que haya síntomas de que el extranjero vaya a dificultar su expulsión o en aquellos supuestos donde concurran causas de seguridad nacional, orden público o salud pública. En el resto de los casos, la propia Ley de Extranjería establece en su artículo 60 el resto de medidas que puedan ser alternativas al ingreso en un centro, como pueda ser la detención durante 72 horas, pueda ser la retención de la documentación personal del extranjero, las presentaciones periódicas o la obligación de residir en determinado lugar. Y siempre y cuando esa persona de estancia irregular esté incurso en un expediente sancionador para que no se le proponga una sanción de multa, sino una sanción de expulsión. Respecto a los centros de atención temporal extranjeros, Son centros, a diferencia de los centros de internamiento, no son centros en los cuales el extranjero queda ingresado por 60 días, sino son centros de detención cuya estancia máxima va a ser de 72 horas. Esas 72 horas, el extranjero se encuentra bajo un régimen de detención. Y se nos ha preguntado cuál es el régimen jurídico o cuál es el amparo legal o qué normativa legislativa existe que regule sobre el funcionamiento de los centros de atención temporal. Y mire, a día de hoy no existe una regulación específica como tal de los centros de atención temporal, pero porque no es necesaria, en tanto que esos centros tienen una dependencia orgánica y funcional de la comisaría de la demarcación territorial donde se encuentran ubicados, y en tanto que son áreas de custodia y detención, su régimen jurídico va a ser exactamente el mismo que tengan las áreas de custodia y detención de las comisarías de policía y sujeta a las instrucciones y protocolos que existen al respecto. Por lo tanto, pueden beber y nutrirse de dicha regulación. Y, por supuesto, dicha detención está amparada por la propia Ley de Extranjería. Toda persona que acceda al territorio nacional por vía irregular estará sujeto a una detención como fase previa para el inicio de un procedimiento de devolución. También se ha abordado el asunto sobre el hacinamiento en los centros de internamiento de extranjeros, y puedo afirmar rotundamente que eso no es así. La media de tasa de ocupación en los centros de internamiento de extranjeros en el año 2024 en España no supera el 30%. no superando el 30%. Por lo tanto, se puede entender que de hacinamiento no se puede hablar, habiendo capacidad incluso para albergar al triple de ciudadanos extranjeros. Continuando con las cuestiones de hacinamiento, el hacinamiento en el aeropuerto de Madrid con motivo de las solicitudes de asilo. Efectivamente, hubo un episodio, un episodio que fue puntual, un episodio que fue excepcional y un episodio que fue superado. que cronológicamente se ubicó entre noviembre del 23 y enero del 24, con motivo de una masiva llegada de personas extranjeras al aeropuerto de Barajas que solicitaron protección internacional. Se tomaron medidas, se ampliaron las salas de asilo, pasaron de ser dos salas de asilo a cuatro salas de asilo, una de ellas restringidas a mujeres y a niños. Por lo tanto, dicha masificación bajó de nivel. También se agilizó y se reforzó las unidades de policía dedicadas a la tramitación de las solicitudes de asilo para agilizar y dar más velocidad a la tramitación de los expedientes. Y también se acordaron protocolos con la Oficina de Asilo y Refugio y con ACNUR para optimizar el trabajo realizado en Barajas. Por lo tanto, se dio una rápida y óptima solución a dicha masificación, que a día de hoy, desde luego, no existe. Respecto al hacinamiento en Ceuta y Melilla, tengo que destacar que desde hace un par de meses ha entrado en vigor una instrucción conjunta entre el secretario, una instrucción conjunta del secretario de Estado de Seguridad y la subsecretaría de Interior, que establece que en Ceuta y Melilla se va a dar prioridad a la tramitación de asilo a aquellos que hayan accedido de manera irregular. Por tanto, en ese sentido, el Estado español está prestando una especial atención a ese colectivo vulnerable que ha entrado de manera irregular. Y respecto al hacinamiento en Canarias, hay que destacar que ha habido un aumento importantísimo de llegadas irregulares en los últimos años. En el año 2023, aproximadamente 38.000 llegadas; año 2024, aproximadamente 46.000 llegadas, que ha supuesto un gran esfuerzo por parte de toda la Administración para poder hacer frente a dicho desafío. A tal efecto, para agilizar y facilitar el acceso al procedimiento de protección internacional, se ha elaborado un plan de choque por parte de Policía, con refuerzo de las brigadas policiales, y se ha incluido un plan específico con los menores, en cumplimiento y en ejecución con todo lo demandado. Y asimismo, se está colaborando con la Secretaría de Estado de Migraciones para facilitar el traslado de otros solicitantes de asilo para que puedan acceder a dicho procedimiento. Spain · Embajador y jefe de delegación [1:47:08]: Gracias. Tenemos que dar la palabra al siguiente ministerio, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Spain · Representante del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones [1:47:19]: Yo voy a referirme a la mención a las condiciones en los centros de acogida de migrantes. Es cierto que, como ha mencionado mi compañero del Ministerio del Interior, En España hemos tenido un aumento muy significativo de las llegadas en los últimos años, especialmente al territorio de Canarias. En este sentido, el Ministerio de Migraciones ha hecho un esfuerzo para ampliar la capacidad de acogida de las personas migrantes que llegan a las islas. Así, tenemos dos programas que atienden a las personas migrantes llegadas: el programa de atención humanitaria, que está destinado a las personas llegadas a costas y el programa de acogida de las personas que solicitan protección internacional, que son aquellas personas que en todo el territorio español solicitan asilo y manifiestan no tener medios económicos para sustentarse y son acogidas en las plazas que gestiona la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional. En este sentido, Las plazas de protección internacional en el año 2015 eran 1920 para todo el territorio español. Actualmente son 34062 plazas las que el Estado español ha incrementado para dar respuesta al incremento de personas solicitantes de protección internacional. principalmente tras las crisis de acogida de personas provenientes de Siria, de Ucrania, de Afganistán y los flujos mixtos que nos encontramos con las personas que llegan de Canarias. Así, se ha hecho un esfuerzo de adecuación de las plazas de Canarias y se han abierto cuatro grandes centros en península destinados a la derivación de las personas que llegan a Canarias. En estos cuatro grandes centros tenemos una capacidad de acogida para 5784 personas actualmente y hemos atendido desde su apertura en noviembre de 2023 a 35400 personas. Quiero también manifestar el esfuerzo que se ha hecho tanto por parte del Ministerio del Interior como por el Ministerio de Migraciones para habilitar un procedimiento extraordinario para que las personas que llegaron a Canarias y no pudieron formalizar su solicitud de protección internacional, dada la falta de capacidad para dar respuesta a todas esas solicitudes en ese territorio, se ha habilitado en uno de los centros propios del Ministerio de Migraciones, en concreto el CREAD de Pozuelo, la formalización de las personas que llegaron a Canarias y que se encuentran en los centros a los que han sido trasladados a Península. En este sentido, en coordinación con el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional y con la Oficina de Asilo y Refugio, desde febrero de 2023, han formalizado 13.704 personas su solicitud de protección internacional. Spain · Embajador y jefe de delegación [1:50:41]: Gracias. Tiene la palabra el Ministerio de Juventud e Infancia? Spain · Representante del Ministerio de Juventud e Infancia [1:50:47]: Hola, buenos días. Gracias. Bueno, yo voy a centralizar la intervención del Ministerio de Juventud en relación al bloque anterior del trato sobre las personas. Perdón. Privadas de libertad, en concreto a las personas menores de edad, con las preguntas relacionadas más con el ámbito migratorio de los menores no acompañados. Por no cambiar mucho el guión ni la estructura, voy a comenzar con las medidas que está tomando el gobierno en relación a los menores no acompañados y la situación de, pues eso, la contingencia migratoria extraordinaria que se está viviendo en Canarias, bueno, como en otros territorios como Menorca. Destacar que desde que se creó el Ministerio de Juventud e Infancia en el año 2023, nuestro Gobierno se ha comprometido firmemente en la defensa de los derechos de los menores, especialmente de los menores migrantes, como colectivo muy vulnerable. En la estrategia que se aprobó en mayo de 2023 de derechos de la infancia y la adolescencia, Se aprobaron medidas concretas y áreas estratégicas para construir un marco de protección a la infancia migrante. En ese momento me gustaría decir, y tal y como comentó ayer el embajador, España es un estado altamente descentralizado y la competencia en la protección de menores se encuentra en las comunidades autónomas. Existe un marco de coordinación y de cooperación que son las conferencias sectoriales de infancia, concretamente. en las que se ha venido trabajando en un protocolo para establecer un reparto de menores migrantes en todo el territorio, favorecer la cooperación y la solidaridad. Se aprobó en el año 2022 un modelo de gestión de contingencias. Desafortunadamente, este modelo de contingencias era voluntario. Algunas comunidades autónomas colaboraron, acogieron menores, pero se ha podido reubicar a muy pocos menores. Por este motivo, el pasado mes de abril se aprobó el Real Decreto, se convalidó el Real Decreto Ley 2/2025, por el que se aprueba medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y de la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. Básicamente, este real decreto lo que establece es Una serie de criterios para establecer cuántos menores puede acoger una comunidad autónoma con independencia de su origen, de su nacionalidad, es como una línea base del sistema de protección. ¿Cuántos menores puede acoger una comunidad autónoma? Una vez que se establece estos menores que puede acoger una comunidad autónoma, pues se establece qué comunidades autónomas pueden estar en un sistema porque están acogiendo a un número de menores muy por encima de su capacidad. Entonces, se ponen en marcha una serie de mecanismos para que esas comunidades autónomas se puedan redirigir a otros territorios de España, a otras comunidades autónomas, a los menores migrantes. En este momento, Ha habido varias conferencias sectoriales, comisiones sectoriales, se está siguiendo el proceso y el procedimiento administrativo para aprobar todo lo que viene a ser el desarrollo. Esto es una ley, entonces estamos pendientes de que se apruebe el desarrollo y el reglamento por el que se va a establecer cuál es la capacidad ordinaria de cada comunidad autónoma y qué comunidades autónomas están en capacidad extraordinaria y necesitan apoyo. Este real decreto también es algo muy importante, o sea, prevé una financiación de 100 millones de euros para todas estas comunidades autónomas que han venido asumiendo un sobrecoste y también para facilitar, aparte del sobrecoste por la sobreocupación, para el traslado de estos menores. En este sentido, también desde Desde el Ministerio de Juventud e Infancia estamos trabajando, ya que, desafortunadamente, en Canarias, debido a esta sobreocupación, somos conscientes de que, obviamente, los menores no pueden recibir los mismos servicios que en otras comunidades autónomas, donde no hay un número superior al que debiera haber de menores en los centros de acogida. Con lo cual, estamos trabajando también en un real decreto de estándares mínimos y de calidad para que existan unos criterios mínimos en todas las comunidades autónomas que deben cumplir estos centros. Esto es la línea también de las preguntas que se han realizado en el otro bloque. Este real decreto está estableciendo líneas de formación que tienen que tener todos los profesionales, también establece medidas sobre cómo garantizar una serie de derechos a los menores, con independencia, vuelvo a insistir, de que sean menores la nacionalidad que tengan en el origen y su procedencia. Lo que se pretende básicamente es que todos los centros de menores, da igual si son centros de primera acogida o no lo son, se garantice unos derechos a los menores mínimos. En ellos está, en este real decreto, pues se da mayor peso a los planes individuales, a la colaboración de los menores y en que participen en sus propios planes individuales de intervención, se pone mucho énfasis en una salida programada de los centros, en que se establezca un plan de salida, en el que se dé peso a la formación, al empleo, para que los menores salgan de los centros preparados para la vida independiente y para la vida autónoma. Voy a. Rápidamente. Voy a retomar en el otro bloque, en relación también a la visita que tuvo lugar en el marco de los mecanismos de prevención de la tortura a un centro de menores y a las denuncias realizadas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Spain · Embajador y jefe de delegación [1:57:33]: Bien, gracias. La siguiente intervención es del Ministerio del Interior en este mismo. Perdón, el Ministerio de Justicia en este mismo bloque. Spain · Representante del Ministerio de Justicia [1:57:47]: Muchas gracias. Yo voy a hablar rápidamente sobre el procedimiento de determinación de la edad. Este procedimiento parte de una serie de parámetros que se vienen respetando desde siempre, que es, en primer lugar, el principio de presunción de minoría de edad. En segundo lugar, el principio de que todas las pruebas que se realizan y que se han venido realizando desde siempre son pruebas absolutamente no invasivas, de tal manera que todas las denuncias de actos de determinación de la edad que suponen atentados contra la dignidad de las personas, podemos perfectamente decir que no son correctos, por cuanto las únicas Los mecanismos que se utilizan son la radiografía de muñeca, de clavícula y la ortopantomografía dental. Hasta tal punto hemos sido exquisitos que ha habido menores que han querido ser considerados como adultos, porque en esa consideración como adultos pueden trabajar en España y enviar dinero a sus familias. Por lo tanto, digamos que estamos en un proceso justamente que es el contrario. al que es el punto de partida. Si esos menores que pretenden ser mayores son menores, tendrán que ser declarados menores. Contamos en España con una red de fiscales especializados en la materia de trata y tráfico de migrantes que tienen un tratamiento exquisito en relación a esta materia. Existe una nota interna conjunta entre varias fiscalías especializadas para establecer criterios comunes de actuación en relación con ciertos documentos aportados por ciudadanos extranjeros para acreditar su edad. en el marco de expedientes de determinación de la edad, cuando, por los motivos que sean, esos documentos resultan dudosos por diferentes razones en cuanto a su contenido, aunque puedan parecer auténticos en el exterior. Por lo tanto, esto en cuanto a la actuación. Y en cuanto al procedimiento en el que nos encontramos actualmente, existe un proyecto de ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que tiene por objeto proteger Proteger y garantizar los derechos de los menores en los procedimientos de determinación de la edad. Por lo tanto, pasamos de un procedimiento administrativo a un procedimiento judicial de naturaleza civil con todas las garantías. Durante el procedimiento se presume la minoría de edad. el derecho a ser oído y a tomar parte en el procedimiento, y solamente podrá iniciarse cuando la persona que alegue la minoría de edad se encuentre indocumentada o existan motivos para impugnar la validez de la documentación. Las pruebas, como ya he dicho, tienen un enfoque holístico, siempre respetando la dignidad de las personas, y en todo el proceso los menores tendrán derecho a asistencia jurídica gratuita. Gracias. Spain · Embajador y jefe de delegación [2:00:19]: Gracias. El siguiente bloque, en el que vamos a agrupar las respuestas de la Delegación, se refiere a los asuntos suscitados en materia de libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. Tendrán la palabra los Ministerios de Justicia y de Interior. Justicia, en primer lugar. Spain · Representante del Ministerio de Justicia [2:00:43]: Gracias también. Muy brevemente, en cuanto a los avances normativos que se han producido o que se están produciendo, quiero hacerme eco de una proposición de ley que se encuentra en tramitación en el Parlamento en este momento, que lo que hace es suprimir el artículo del Código Penal, que es el 525, relativo a la ofensa a los sentimientos religiosos. En la exposición de motivos de esta ley, de esta proposición de ley, se hace eco el legislador español de toda la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre los límites de la crítica a los sentimientos religiosos. Hace eco de varios pronunciamientos jurisprudenciales y también se hace referencia a que Aquí nos encontramos con el límite del discurso de odio, de tal manera que solo en este punto y no antes nace la obligación positiva de intervención por parte del Estado y también se establece que, efectivamente, siguen existiendo mecanismos para proteger el derecho fundamental a la libertad religiosa a través de distintos artículos del Código Penal, incluso de la legislación civil. Por lo tanto, esa es la una de las modificaciones más importantes al respecto. Y en cuanto al enaltecimiento del terrorismo que ha sido referido anteriormente, vamos a reproducir toda la argumentación que hemos incluido en la nota, no la queremos volver a reproducir, es obvio que ahí está. Pero sí queremos decir que desde la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2020 se produce un momento de inflexión donde se señala específicamente que los criterios que han de ser valorados por parte del juez no son exclusivamente los relativos al contenido, a la forma de emisión, a los efectos de los mensajes, sino de otra serie de parámetros en línea con los criterios y la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la importancia de los mensajes controvertidos desde el punto de vista de la formación de la opinión pública, el pluralismo propio de la sociedad democrática, las manifestaciones de adhesión a opciones políticas legítimas, si la condena penal de los mensajes podría producir un efecto de desaliento o la desnaturalización del derecho a la libertad de expresión, etcétera, etcétera. A partir de esta sentencia, es cierto que se han venido produciendo condenas por delitos de enaltecimiento del terrorismo. La Audiencia Nacional, que es el órgano judicial que tiene competencia al efecto, en todo caso, yo he estado viendo todas las sentencias condenatorias de este año y del año pasado, en todas ellas, el elemento de la expresión de la posible glorificación del terrorismo va siempre y en todo caso acompañado con un elemento de amenaza clara que, por lo tanto, trasvasa los límites de lo que es una legítima libertad de expresión, por cuanto ya aparecen otros elementos añadidos que la deslegítiman. Por lo tanto, queremos decir que esta sentencia, con la doctrina del Tribunal Europeo, ha producido un efecto muy claro en las sentencias condenatorias posteriores. Muchas gracias. Spain · Embajador y jefe de delegación [2:04:09]: Interior, por favor. Spain · Representante del Ministerio del Interior [2:04:14]: Muy brevemente hago referencia a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Bien, España es una democracia plena, con pleno respeto de los derechos fundamentales. Un buen ejemplo lo tenemos con la aprobación y la vigencia del segundo Plan Nacional de Derechos Humanos desde el 2023 al 2027. Sí quiero advertir, en relación a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que es una norma de carácter administrativo, no tiene un carácter penal. Y, en segundo lugar, en relación a las infracciones que la señora Cruz ya refería, los agentes de la autoridad proponen para sanción administrativa, pero no resuelven la sanción administrativa, es decir, el ciudadano, además, tiene abierta la vía del recurso tanto administrativo contencioso administrativo. Refirió una serie de datos estadísticos sobre la evolución de la aplicación de dos artículos en concreto, el 36.6, referido a la resistencia a desobediencia, y el 36.23, que habló sobre el uso de imágenes en el histórico. Estos datos están publicados por el Ministerio del Interior desde el inicio de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, empezando por el 36.23, son unos datos prácticamente lineales. En ningún caso supera al año el centenar de sanciones en todo el territorio nacional. Y en el 36.6, sobre la resistencia y desobediencia, también son más o menos lineales. 12013 1018 1000 este año y es verdad que hubo un repunte en el año 2020, un repunte muy destacado que es por donde yo creo que la señora Grullá bueno focalizó la atención que se disparó a 240000 casos de sanciones administrativas bien en este caso. Hay que interpretar el momento concreto en el que se produjeron este tipo de sanciones administrativas, que no penales, y era por la situación de pandemia y de excepcionalidad que incurría con la limitación circulatoria que había en cualquier caso. Estas sanciones están repartidas por todo el territorio nacional. La comunidad autónoma donde más se produjeron, por ejemplo, pues fue en Andalucía. Y ya también quería hablar de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana. Se interesó por la por la situación actual. Bueno, nosotros ahora mismo tenemos en cuenta lo que es la sentencia del Tribunal Constitucional. Concretamente, la sentencia del año 2021, donde el propio presidente del Tribunal Constitucional fue ponente de ambas ambas resoluciones y donde avalaron la constitucionalidad de la misma, ello no obsta para que como bueno. es voz populi. Ahora mismo se encuentra en trámite parlamentario de modificación, concretamente en el Congreso de los Diputados. Después de ese trámite del Congreso pasará al Senado, pero hablamos ya de otro ámbito. A nosotros, técnicos o administrativos, nos resulta ajeno al ámbito legislativo. Muchas gracias. Spain · Embajador y jefe de delegación [2:07:22]: Gracias. Vamos a pedir al Interior, que no ha podido completar su primera exposición, que retome algunos de los temas pendientes de respuesta del primer bloque: rechazos en frontera e incidentes en fronteras en Ceuta y Melilla. Spain · Representante del Ministerio del Interior [2:07:44]: Muchísimas gracias, embajador. Ya, sucintamente, telegráficamente, sobre la figura del rechazo en frontera. Bueno, indicar que es una figura que se recoge para las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. La singularidad de este territorio nacional es que es frontera exterior del espacio Schengen, que se encuentra en el continente africano, es decir, se someten a una serie de singularidades que requerían una medida pues también singular y adaptada. Esta figura del rechazo en frontera Que aparece regulada en la disposición adicional décima de la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, contiene el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sentencia del año 2020.1 referencia a que se garantiza tanto el Protocolo Cuarto como la Convención de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Este criterio también ha sido hecho propio por el Tribunal Constitucional y España asume y acata este tipo de procedimientos judiciales. Hacía referencia también a episodios luctuosos, tristes, tanto en el Tarajal como en Melilla. España ha compartido el dolor y ha condenado la actuación de este tipo de mafias, que lo único que demuestran es la gravedad del abuso que se producen por parte de este tipo de delincuentes sobre colectivos vulnerables. En relación al Tarajal, ha habido una secuencia, una escalada de pronunciamientos judiciales donde han ido archivando las causas, no solamente el juzgado de instrucción, que refería el miembro del comité, sino también la Audiencia Provincial o incluso el Tribunal Supremo. Ahora mismo, según las noticias que tengo, pues se encuentra en recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y respecto al asalto de la valla de Ceuta y Melilla, bien, al respecto hubo un par de dos investigaciones por parte tanto de Fiscalía como por parte del Defensor del Pueblo, y el Defensor del Pueblo cerró el asunto y Fiscalía también archivó la causa al respecto. Muchísimas gracias. Spain · Embajador y jefe de delegación [2:10:12]: Gracias. También volviendo al primer grupo, ¿si Instituciones Penitenciarias puede en un minuto decir algo sobre centros de detención para mujeres? Se ha planteado una pregunta en este terreno. Spain · Director general de Instituciones Penitenciarias [2:10:23]: SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS: De acuerdo. En la cuestión creo que las mujeres y aislamiento, las cuestiones que habían quedado pendientes, para hacerlo breve, en el tema Mujeres, se había mencionado por parte de miembros del comité la existencia de 2 centros penitenciarios, 2 centros penitenciarios en la Administración General del Estado. Tengan en cuenta que la Administración catalana y vasca gestiona sus propias prisiones. En Badras está la prisión de Barcelona exclusivamente de mujeres. Esto no quiere decir. que en los centros penitenciarios modernos en España, que tienen una naturaleza modular, se atienda y se le dé todo el catálogo de actividades y posibilidades formativas, laborales, tratamentales a las mujeres en los módulos específicos dentro de un centro penitenciario más grande. Un centro penitenciario puede tener 14 o 16 módulos y que haya allí módulos concretos para mujeres. En el caso concreto de las cifras de mujeres ahora mismo dependientes de la Administración General del Estado, pues son ahora mismo un poquito más de un 5 %. O sea, que se puede hacer una idea de que, obviamente, es una población minoritaria. En cualquier caso, la Administración penitenciaria atiende a las peculiaridades de las mujeres, las reconoce para, precisamente, la intervención y facilitar las posibilidades de reinserción. A modo de ejemplo, el programa Ser Mujer, que lleva ya desarrollándose desde hace casi veinte años, con el objeto de ayudar a detectar situaciones de violencia de género que esas personas hayan podido vivir en libertad, el detectar situaciones de prostitución como modo de vida de las mujeres y también, de un modo más genérico, el habilitar herramientas para poder conducirse posteriormente cuando salgan en libertad. Tengan también en cuenta, a modo de ejemplo, la cuestión de la perspectiva de género a la hora de Abordar el tema del suicidio en prisión. Hay una instrucción general de 2014 para toda la población penitenciaria, en concreto, aplicar la perspectiva de género para supuestos de suicidio en el caso de la mujer privada de libertad, pues tienen el ejemplo de la instrucción de 2022, que si tiene interés la comisión se encuentra publicada o si quieren ver algún aspecto de detalle del mismo, pues podemos también el verlo y no sé si hubiera. Spain · Embajador y jefe de delegación [2:12:44]: Sí, 30 segundos. Spain · Director general de Instituciones Penitenciarias [2:12:45]: Para el tema del aislamiento, creo que ha habido quizá un error en el concepto, una cuestión en el régimen de vida, que se refiere a los que están internos, que están en primer grado. Apenas hay 400 en todo el sistema de la Administración General del Estado y cada tres meses, eso es por un periodo de tiempo incluso inferior que los regímenes ordinarios, que es cada seis meses, se revisa. Y tener en cuenta que el régimen de primer grado está regulado con un programa específico, la instrucción de 2011, que incluso ha sido no solo avalado, sino también se ha recibido la felicitación por parte del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa como buenas prácticas para compartir con otros países del Consejo de Europa a la hora de tratar con este colectivo de presos más conflictivos o con delitos más peligrosos, que es distinto del aislamiento como medida de apartamiento de una persona cuando hay un conflicto inmediato, que eso dura apenas minutos, horas hasta que ese conflicto se haya desactivado, que eso recibe la denominación de un medio coercitivo, que es el artículo 72 del reglamento penitenciario. El reglamento es el de 1996. Yo creo que el señor Quezada hacía mención al artículo 72 de la ley de 1979. Spain · Embajador y jefe de delegación [2:13:58]: SEÑOR PRESIDENTE: Bueno, gracias. Para el último bloque de cuestiones que tenían que ver con el Poder Judicial en términos generales, lucha contra la corrupción, el Ministerio de Justicia va a disponer de cuatro minutos. Spain · Representante del Ministerio de Justicia [2:14:13]: Gracias, señor embajador. Respecto de las cuestiones relativas al Poder Judicial y el informe Greco, de la última revisión del informe Greco de junio del año 2024, de las once recomendaciones que realizaron los expertos, siete fueron cumplidas y quedan pendientes de cumplirlas las otras cuatro. Respecto del Poder Judicial, había dos cosas en aquel momento. Relativo al a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y al nombramiento de magistrados. En aquel momento se alcanzó ya en junio del año pasado un acuerdo entre las fuerzas políticas que dio lugar al nombramiento del Consejo General del Poder Judicial y que durante este año de desde que aquello pasó, se ha producido el nombramiento ya de 120 vacantes que existían en magistrados de los tribunales españoles y especialmente la renovación de. de parte de las salas del Tribunal Supremo, por consenso entre todos ellos. Queda pendiente lo que es un nuevo proceso de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que está dentro del acuerdo político que se alcanzó y que está ahora en estudio por parte del propio Consejo General del Poder Judicial. En relación con la problemática relativa a las huelgas Fiscales y de jueces de estos días. Esto se integra dentro de un de un de un problema que entendemos de carácter corporativo, porque lo que está ocurriendo es que se están estableciendo un nuevo proceso de selección de forma de seleccionar a los jueces y fiscales en el que en vez de primar la oralidad se van a primar cuestiones más de informes escritos. Ello está unido además con que en este año se está realizando una reforma completa de la demarcación judicial y la creación de nuevos tribunales. De nuevo tendremos tribunales de instancia. En segundo lugar, respecto a lo que es la transparencia, reiteramos lo que ya dijimos ayer. Únicamente destacar que cualquier denegación de transparencia es objeto de un recurso ante los tribunales, y si se admite y no se cumple, la sanción es coercitiva contra el funcionario público que impide el cumplimiento de ese deber de transparencia. En el Poder Judicial y Legislativo existe la misma transparencia, en el Poder Judicial con las particularidades derivadas de la reserva correspondiente a actuaciones judiciales y el acceso a las mismas. Está expresamente regulado en su ley orgánica cuando alguien cree que tiene interés en conocer el procedimiento para llevar a cabo esa integración. Spain · Representante del Ministerio de Justicia [2:16:46]: Continúo, sobre todo para hacer mención de algunas cuestiones relacionadas con La Los esfuerzos que se han hecho en España para la consolidación del Estado de Derecho y telegráficamente, simplemente haré mención, en primer lugar, de la aprobación de la Ley 2 2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. En el año pasado también se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para abordar un nuevo régimen de excedencias voluntarias de jueces y magistrados y un régimen específico de incompatibilidades para aquellos jueces fiscales, para el caso del Ministerio Fiscal, también cuando han ejercitado o desarrollado actividades en determinados Organismos de político como presidencia de corporaciones locales, haber sido diputado, senador, titular de un ministerio, de una secretaría de Estado y por lo tanto, también se establecen además incompatibilidades para aquellos vocales de procedencia no judicial que vayan a. participar o ser miembros del Consejo General del Poder Judicial, es decir, todo este régimen de incompatibilidades se fortalece, se establece causas de abstención para los fiscales y de una manera más reforzada. Además, quiero de manera muy, muy señalada hacer mención al Plan de Acción para la Democracia que se aprobó en septiembre de 2024, en el que se aparecen 11 líneas de actuación y 31 medidas, de las cuales Algunas ya se han llevado a cabo. Se ha aprobado el Estatuto de la Autoridad de Protección del Informante, se ha ampliado la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para crear dos nuevas unidades especializadas en la Fiscalía General del Estado, una de ellas con competencia para delitos contra la corrupción pública y privada, cuyo jefe precisamente ha tomado posesión del cargo esta misma semana. Hay un acuerdo para la implantación general y el impulso del sistema de integridad de la Administración General del Estado, y también, de manera muy importante, existe un proyecto de ley de transparencia transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, es decir, de los lobbies. Y también se está reformando el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para fortalecer su autonomía. garantizar que su mandato no corresponde con aquel del Gobierno que lo nombró, y se establecen normas adicionales de transparencia en las relaciones entre el Gobierno y el Fiscal General del Estado. Y hay otra serie de cuestiones que están en marcha, como el proyecto de Ley de Administración Abierta y el V Plan de Gobierno Abierto, etcétera. Por lo tanto, estamos en el camino de reforzar todos los mecanismos de Estado de Derecho y lucha contra la corrupción. Gracias. Spain · Embajador y jefe de delegación [2:19:38]: Agradezco a los miembros de la delegación su esfuerzo y muchas gracias, señor Presidente, por su indulgencia con el manejo del tiempo. Somos conscientes de que no hemos podido responder todo, pero estamos dispuestos a intentar completar con la nueva ronda. Spain · Representante del Ministerio de Justicia [2:19:59]: Gracias. CCPR · Presidente del Comité de Derechos Humanos [2:20:00]: Muchas gracias. Después de las preguntas de seguimiento, van a tener un poco más de tiempo para complementar sus respuestas. Para las preguntas de seguimiento, le doy primero la palabra al señor Carazo. Micrófono, por favor. Muchas gracias. CCPR · Miembro del Comité de Derechos Humanos [2:20:21]: Gracias a la delegación por las respuestas que nos ha dado. Se hicieron manifestaciones en cuanto a condecoraciones retiradas. Hago una observación en cuanto a condecoraciones policiales concedidas a guardias civiles que luego fueron condenados en democracia, porque no se han retirado esas condecoraciones. Particularmente me refiero, según informes recibidos, a los guardias civiles Galindo, Vaquero, Dorado y Bayo, quienes fueron condenados a 75 años de prisión en el caso Lasa y Zabala en el año 2000. ¿Por qué no se retiran estas medallas que glorifican una conducta criminal y revictimizan y humillan a las víctimas? En otro aspecto, quisiera preguntar información específica o que la produzcan por escrito sobre el trato a los derechos humanos de las personas afrodescendientes en España, un legado colonial, una herencia colonial, una situación real de la actualidad por estar contiguo al continente africano y, en el caso de nuestra región latinoamericana, la más reciente independencia en la región de por parte de Cuba y de todo su contingente de esclavos que se han reflejado por su residencia en España. Me refiero a un magnífico libro que leí recientemente de Falcones, "Esclava de la libertad", donde se narra mucho de esta condición. Gracias. CCPR · Presidente del Comité de Derechos Humanos [2:22:38]: Muchas gracias. Le doy la palabra al señor Helfer. CCPR · Miembro del Comité de Derechos Humanos [2:22:45]: Muchas gracias, presidente. Le agradezco sinceramente a la delegación por todas las respuestas detalladas que nos han brindado. Le agradezco al Ministerio del Interior, el Ministerio de Inclusión, el Ministerio de la Infancia y la Juventud. Nosotros pasamos mucho tiempo tratando de coordinar nuestras preguntas y se ve que ustedes han pasado mucho tiempo coordinando sus respuestas, cosa que agradecemos enormemente. Nos es supremamente útil. Tengo una pregunta aclaratoria. Una pregunta que no me respondieron también. La pregunta aclaratoria primero. Se hizo referencia, y quizás fue un problema de la interpretación, pero no me quedó claro a quiénes estaban priorizando en términos de las solicitudes de asilo. Entonces pregunto, ¿ustedes estaban priorizando a los migrantes regulares o a los migrantes irregulares? Les pido que por favor me aclaren esta cuestión. Recibí mucha información, solamente quiero saber qué solicitudes de asilo están procesando de manera prioritaria, los migrantes regulares o irregulares. Hice una pregunta que creo no me respondieron. el acuerdo de cooperación de seguridad bilateral con Marruecos de 2022. Quiero saber cuáles son los términos de este acuerdo que les permite a ustedes hacer en términos de los individuos que solicitan protección internacional, que solicitan asilo, cómo se respetan sus derechos. Quiero saber qué pasa si son retornados a Marruecos. Por otro lado, quisiera información adicional sobre lo siguiente. Hemos hablado sobre las devoluciones, las devoluciones en caliente, entre otras cosas. Quisiera. Le agradezco a la delegación por hablar del caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ustedes no lo mencionaron, pero creo que estaban refiriéndose al caso N.T. contra España de 2020 y el fallo correspondiente. Ahora, este caso no tiene que ver con todas las cuestiones jurídicas que están en juegos. Quiero señalar lo siguiente: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su interpretación de la Convención Europea o del Convenio del Consejo de Europa, no necesariamente abarca la solicitud, perdón, la aplicación o la interpretación del pacto, porque el artículo 7 habla de los tratos crueles, inhumanos o degradantes. También habla de la prohibición de la no devolución para los individuos que gozan de protección, mientras que este caso tenía que ver con la expulsión colectiva de extranjeros. Es un caso diferente. Mientras tanto, mi pregunta era sobre la protección especial, la protección internacional, la posibilidad de presentar estos argumentos para que España los examine. Nada de esto lo abarcaba el caso en cuestión. De hecho, el Tribunal señala que hay obligaciones en virtud del Convenio Europeo con respecto a la prohibición de la devolución, con respecto al derecho a no ser expuesto a una devolución que pueda conllevar tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o tortura. Entonces, respetuosamente, sugiero que, en vista de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha aplicado de manera particular o interpretado de manera particular este convenio, pues eso no quiere decir que esto limite las obligaciones de España con respecto ni a este tratado ni al Convenio Europeo. Ahora, la migración irregular es una preocupación, lo entendemos, en particular con lo que atañe a Ceuta y Melilla. Ahora, los problemas continúan. El tribunal falló en 2020, el Tribunal Europeo falló en 2020, pero yo les preguntaba por un caso de 2022 y ha habido litigios más recientes. Por ejemplo, ante el Tribunal de Andalucía, entiendo que ahora mismo eso es objeto de apelación, pero respetuosamente sí quisiera sugerir que hay otros precedentes en donde se ha fallado en otro sentido. Ustedes hablaban de unos tristes incidentes en Tarajal y Melilla, pero a mí me parece que estos incidentes, más allá de ser tristes, pues esto merece una investigación más en profundidad que la que se ha dado, una respuesta Mejor. Gracias. CCPR · Presidente del Comité de Derechos Humanos [2:27:38]: Muchas gracias, señor Helfer. Quiero ahora darle la palabra al señor Teraya. CCPR · Miembro del Comité de Derechos Humanos [2:27:47]: Gracias. Gracias, presidente. Hace mucho calor. Si me lo permiten, Quiero pedirles un poco de indulgencia. Es que con el calor quizás he pasado algo por alto, pero creo que no me respondieron a mi pregunta sobre Cataluña. A ver, voy a volver a hacerles una pregunta. Se trata de una cuestión sensible. Cuando hay incidentes políticamente cargados, hay que evaluar estos cuidadosamente. Yo quisiera, si es posible, que ustedes respondieran a mi pregunta. Si no es posible, les agradecería me la respondan por escrito después de este diálogo. Tampoco recibí respuesta a la cuestión de la libertad de expresión. Ahora, la delegación explicó ciertos puntos sobre esto, pero esto es relativo a la pregunta de la señora Tigrulla. Mi pregunta todavía queda pendiente. Luego, les agradezco por la explicación que nos dieron sobre la trata de personas. En general, estoy satisfecho con las respuestas que nos dieron con respecto a los menores no acompañados, pero quiero confirmar que entendí correctamente sus respuestas. Entonces, primero, el Estado parte es un Estado centralizado. Lo entiendo. Entiendo que hay varias comunidades autónomas que son quienes asumen la primera responsabilidad respecto a los menores no acompañados. Aproximadamente, ¿cuántas comunidades autónomas son las que participan en este proceso inicial de recepción, sabiendo que esto puede variar según la región? Las evaluaciones pueden variar según la región. Ahora, quiero estar seguro de que estas variaciones están dentro de un rango aceptable. Entiendo que en un Estado descentralizado esto no se puede evitar, pero quiero saber si la presunción de la minoría de edad es algo que se aplica en todas las regiones, por ejemplo. Agradezco la explicación detallada que nos dieron sobre la gran cantidad de menores no acompañados y las situaciones de cuidado que se les otorgan. La mayoría de las respuestas han sido satisfactorias. Dicho esto, me preocupa si los recursos administrativos y financieros del país son suficientes o no para atender esta situación. de tal magnitud y tan difícil a la que se enfrentan. Hay una gran cantidad de víctimas y se deben evaluar de manera individual los intereses superiores de cada niño por aparte. Entiendo que la carga laboral también es extremadamente alta para las autoridades. ¿Pueden darme más información sobre esto? Gracias. CCPR · Presidente del Comité de Derechos Humanos [2:31:25]: Muchas gracias. Cedemos el uso de la palabra al señor Quesada. Adelante. CCPR · Miembro del Comité de Derechos Humanos [2:31:30]: Gracias, presidente. También agradezco a la delegación por sus respuestas, por la información precisa que nos han entregado, y espero que en aquellas cuestiones en que no han podido responder, recibamos esa información por escrito en los plazos correspondientes. Tengo un par de preguntas de seguimiento, aclaraciones tal vez, respecto primero de esta medida de medios de sujeción para las personas privadas de libertad, la sujeción mecánica, concretamente. He entendido la explicación que se ha dado, la justificación para adoptar estas medidas, pero mi pregunta más bien iba orientada a que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ha hecho observaciones y recomendaciones al respecto, en el sentido de explorar alternativas más respetuosas, limitar su duración temporal, etcétera. Entonces la pregunta era más bien, ¿qué respuesta se ha dado al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura respecto de sus observaciones y recomendaciones en esta materia? Y segundo, en relación con La sanción de aislamiento, también he valorado la respuesta que se ha entregado, me parece que hay razones para mantener este tipo de sanciones en casos graves, pero siempre subsiste el cuestionamiento que se hace de parte de la sociedad civil en relación a la extensión máxima de esta medida y a los casos especiales de estas personas que por su alta peligrosidad están clasificadas en primer grado y que, por lo tanto, deben aplicarse ciertas medidas de aislamiento especiales. Pero simplemente para que me aclaren bien, Este tema se refiere a la sanción de aislamiento prevista en la Ley Orgánica 1 de 1979. Y en paralelo, existe el tema de la detención en condiciones de incomunicación, que entiendo que es otra cuestión, que es la que puede ordenar el juez de instrucción en virtud de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. existe esta detención en condiciones de incomunicación, cuál es la razón, el argumento de ella, porque aquí no estamos en una situación de sanción por peligrosidad o por infracciones graves a la disciplina penitenciaria. Yo quisiera que me aclararan particularmente cuál es la situación, la razón, el fundamento de esta detención en condiciones de incomunicación prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Muchas gracias. CCPR · Presidente del Comité de Derechos Humanos [2:34:56]: Muchas gracias, señor Quesada. Cedo el uso de la palabra ahora a la señora Tigrulla. CCPR · Miembro del Comité de Derechos Humanos [2:35:02]: Muchas gracias. Gracias nuevamente a la delegación por sus respuestas tan precisas y rigurosas. Sé que el tiempo apremia. Las preguntas de seguimiento que plantearé entonces Bueno, las pueden responder más adelante por vía escrita, sobre todo en lo que respecta a la corrupción. La respuesta fue muy breve. Entonces, ruego tengan a bien enviar al Comité toda la información que tengan sobre la aplicación del marco de lucha contra la corrupción, los procedimientos que se aplican. Será muy útil e importante. Otra pregunta. Bueno, tengo dos preguntas sobre el Poder Judicial. La primera: según la información que tenemos, sigue habiendo puestos vacantes en el Tribunal Constitucional. ¿Esto es correcto? ¿Por qué se mantienen las vacantes en ese tribunal? Sí, estoy en lo correcto. Segunda pregunta, sobre la reforma que cité. la reforma de la Ley Orgánica de 1985 sobre el Poder Judicial. Se trata de una cuestión de precisión de lo que se está aplicando. Tomé conocimiento en el sitio del Ministerio de Justicia de las distintas modalidades de esta reforma. Si entiendo bien, al menos hay dos aspectos. Primero, una reforma del puesto de procurador general, de fiscal general, o, mejor dicho, con como horizonte la futura ley de enjuiciamiento penal. Pero según he leído, y necesitamos saber más, esta reforma de las funciones del procurador general en el marco de esta futura ley sobre el enjuiciamiento penal se ve como un ataque a la independencia o al trabajo del procurador. El segundo ámbito implica realmente el acceso a la función judicial, como ustedes lo han dicho. Se lo denuncia como algo que vulnera la igualdad de oportunidades. Al leer lo que está disponible en el sitio web del Ministerio de Justicia, he intentado entender por qué se critica entonces la vulneración del principio de igualdad de oportunidades. Esperamos entonces puedan enviar información suficiente al comité sobre esta reforma en curso. Les daremos las gracias. Muchas gracias. CCPR · Presidente del Comité de Derechos Humanos [2:37:40]: Muchas gracias a la señora Tigrulla, dice el presidente. Estas son las preguntas, entonces. Disponemos de 22 minutos y dejaremos unos cinco minutos para la locución de clausura. Adelante. Spain · Embajador y jefe de delegación [2:37:55]: Presidente, como resulta obvio, no vamos a poder contestar todas las preguntas. Vamos a mantener este diálogo con el Comité, que valoramos y apreciamos mucho. Pero sí que vamos a hacer uso de estos 22 minutos para intentar responder a algunas cuestiones específicas suscitadas ahora. En lugar de hacerlo por bloques, voy a hacerlo en función de las inquietudes planteadas por cada uno de los miembros del comité, pidiendo a los miembros de la delegación que respondan en un minuto. Si os pasáis de un minuto, os voy a quitar la palabra. En un minuto cada uno para intentar atender a la mayor parte de las preguntas formuladas. Vamos a empezar con la del señor Carrazo. ¿Interior puede contarnos cómo está el asunto de las condecoraciones a funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que practicaron torturas, entre otras cosas? Justicia, condecoraciones. Spain · Representante del Ministerio de Justicia [2:38:47]: Gracias, señor embajador. Es una previsión que está recogida expresamente en la ley orgánica, la posibilidad de que no se aplique solamente a los tiempos de la dictadura y la guerra civil, sino posteriormente. Una posibilidad que está abierta y que se tiene, y que me imagino que es en los que se procederá a su aplicación. Es un procedimiento que se inicia de oficio por parte del ministerio. Spain · Embajador y jefe de delegación [2:39:12]: Nos referimos a la ley de memoria democrática del 2024, ¿no? Spain · Representante del Ministerio de Justicia [2:39:18]: Gracias, señor embajador. Bueno, cuestiones Contestar la ley, perdón, la ley de orden agrario o la ley de amnistía. Spain · Embajador y jefe de delegación [2:39:25]: No, perdón, no, no. Estábamos hablando de las condecoraciones. Te has referido a una ley, pero no has especificado cuál? Spain · Representante del Ministerio de Justicia [2:39:30]: La ley 20/2022. Spain · Embajador y jefe de delegación [2:39:35]: Gracias. Sobre afrodescendientes, el Ministerio de Igualdad podría hacer alguna aportación? Spain · Representante del Ministerio de Igualdad [2:39:43]: Por complementar, desde el Ministerio de Igualdad es una, como ya he dicho, tanto población latinoamericana, población afrodescendiente, población gitana. En todos los estudios que tenemos, los índices de percepción y de y de discriminación son elevados. Por tanto, es una prioridad para nosotros también. el. En el ámbito de la representatividad política, por ejemplo, nuestra última directora general actual es una persona gitana, la directora general previa era una persona afrodescendiente. Y en el trabajo en cuanto a políticas públicas, todos los estudios nos dan a. Estamos trabajando en distintos estudios para que nos apoyen en políticas públicas para, no solo, pero para afrodescendientes. Como por ejemplo, un trabajo conjunto que hemos hecho con las con la región de Latinoamérica, con la Red Afro, con la red de altas autoridades de política para la población afrodescendiente, una actividad que se ha llevado a cabo en Cartagena de Indias en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional. Realizamos actividades de sensibilización y visibilidad para la situación afro, como una conferencia internacional a nivel europeo que tuvo lugar en Barcelona en 2023 con un gran éxito, o las programaciones anuales que hacemos alrededor del día 21 de marzo, Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, donde se hacen actos de visibilidad y de sensibilización de todo lo que es discriminación racial y, en concreto, también de afro. Y el próximo acto a nivel mundial que vamos a coorganizar junto con otros organismos de la Administración General del Estado y la sociedad civil, es la Conferencia Afro Madrid, auspiciada por el Comité de Expertos del Foro de Afrodescendientes de Naciones Unidas y organizada por la organización de la sociedad civil Afrohispanos, y va a llevarse a cabo en octubre en Madrid. Spain · Embajador y jefe de delegación [2:41:32]: Gracias. Gracias. Sobre este asunto también cabe decir que mantenemos, por supuesto, un diálogo constante con el Comité de la Convención. correspondiente, al que presentamos nuestros informes periódicos. El señor Helfer se ha interesado por una aclaración en cuanto a la priorización en solicitantes de asilo. A lo mejor nos podéis. Spain · Representante del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones [2:41:53]: Sí, creo que he sido yo la que he hecho la intervención. Se trata de personas llegadas a Canarias de manera irregular y, por tanto, son personas en situación irregular. Si bien me gustaría puntualizar que no me gusta hablar de priorización, sino que estas personas, debido al gran número que llega a Canarias, no han podido formalizar allí y el Ministerio del Interior ha habilitado un espacio específico para que formulen su solicitud en Madrid. Spain · Embajador y jefe de delegación [2:42:29]: Gracias. También el señor Helfer se ha interesado por el acuerdo con Marruecos. Si alguien puede contestar, o de Interior o de Justicia, lo hacemos, si no, le remitiremos la respuesta por escrito. Spain · Representante del Ministerio del Interior [2:42:45]: Sí, en relación al acuerdo bilateral con Marruecos, a día de hoy, todo procedimiento de devolución, de retorno, de expulsión con Marruecos, se tramita conforme la norma nacional española. El acuerdo de readmisión aplicable es el del año 1992, y en ese mismo acuerdo bilateral se establece que a efectos de tramitación y procedimiento habrá de acogerse a la normativa nacional de cada Estado firmante. Respecto al convenio que usted ha mencionado, del año 2022, ahora mismo desconocemos el alcance migratorio que tiene. A tal efecto, sí que rogaríamos al comité que pudiéramos trasladar una respuesta más precisa por escrito. Spain · Embajador y jefe de delegación [2:43:33]: Gracias. El señor Gálvez también se ha referido a los rechazos de frontera, la sentencia de la Gran Cámara de instancia del Tribunal de Estrasburgo, el caso NSNT y sus derivadas. Allí yo creo que entraríamos en un debate jurídico de un alcance que excede la capacidad de reacción en este momento de la delegación, pero no rehuimos ese debate y le trasladaremos nuestras posiciones. Lo que sí quería aclararle, señor Herzfeld, es que Ceuta y Melilla no son enclaves, sino que son ciudades autónomas dentro del marco estatal español. Bien, el señor Teraya ha reclamado con razón algunas precisiones adicionales sobre algunas preguntas relacionadas con los sucesos en torno al procés en Cataluña. Podía pedir a Interior que hiciese algunas aclaraciones en materia, por ejemplo, de actividades de agentes encubiertos o la aplicación de la ley de amnistía del año 24. Justicia, por favor, elaboren un poquito estos temas. Spain · Representante del Ministerio del Interior [2:44:40]: Sí, bien, en relación a los agentes encubiertos, el señor Teraya refirió, si mi memoria no me falla, actividades de agentes infiltrados en operaciones encubiertas. Bueno, hay que diferenciar dos ámbitos: uno es el agente encubierto, cuya regulación se encuentra en la ley de enjuiciamiento criminal y siempre bajo supervisión, autorización, control judicial. Pero la figura del agente encubierto va regulada, recogida por otra ley orgánica, que es la de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del año 1986. Estas tareas de agente perdón de agente infiltrado. Ha sido un lapsus linguae. El agente infiltrado aparece regulado en la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con tareas naturales de todo cuerpo policial, de captación de información, todo en pos de la garantía de lo que es la seguridad ciudadana y la garantía también del ejercicio de los derechos y libertades del resto de la ciudadanía. Pero sí quiero aclarar la diferencia entre esas dos figuras: por un lado, el agente encubierto, ley de enjuiciamiento criminal, amparo judicial y el agente infiltrado. Muchísimas gracias. Spain · Representante del Ministerio de Justicia [2:46:06]: En relación con la Ley Orgánica 1/2024, amnistía por los hechos de Cataluña, la primera cuestión, la ley se aplica tanto a aquellos que promovieron como a aquellos que se opusieron a la sedición o independencia de Cataluña. Ese es el ámbito de aplicación. La segunda cuestión es relativa a si tiene alguna referencia o vinculación al dictamen que emitieron ustedes sobre Carlos Puigdemont, 31/65/2018. Entendemos que no, que es ámbito distinto, porque ese dictamen se refería a las vulneraciones del 14, 19, 21 y 20. Y 25 del tratado y se consideró por este comité que no en el 14, ni el 192021 y que respecto al 25 era relativo solamente a un apartado en cuanto a la suspensión como miembro de la asamblea, como consecuencia del procesamiento por rebelión y consideraban que no era de con carácter, no era estable, ha sido con carácter objetivo esa suspensión automática por haber sido calificada como rebelde en instrucción. Ese dictamen además concluyó diciendo que. se consideraba que era reparación suficiente la propia declaración. La ley de amnistía no afecta a eso, afecta a otros ámbitos, a otros ámbitos que son esos hechos y la aplicación a los que participaron y a los que se opusieron a ello. En relación con la aplicación de la ley de amnistía, sin perjuicio de que Pedro lo complemente más en detalle, es una aplicación que corresponde al Poder Judicial en cuanto a la interpretación y aplicación de la norma. La sentencia de la semana pasada, 26 de junio, de 2025, el Tribunal Constitucional validó la ley de amnistía, salvo tres apartados muy particulares, no relevantes en cuanto a lo que es el contenido de la amnistía. Y actualmente las dos principales cuestiones que están es conforme a lo que dice la ley, la ley dice que no podrá aplicarse a aquellos que han tenido un beneficio patrimonial personal y, por tanto, ahí está la discusión en los tribunales sobre si la malversación en estos casos ha implicado un beneficio personal o no. Es una cuestión que está debatiendo los tribunales, no se discute la aplicación de la amnistía, sino si ese supuesto es correcto; y otro que es una exclusión de la ley relativo a si afecta a fondos comunitarios, porque en ese caso es derecho de la Unión Europea y es una excepción, y se han planteado cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia para que aclare si afecta o no, y en ese caso sí que no se está aplicando hasta que el tribunal resuelva, aunque ya la primera cuestión prejudicial se espera que sea resuelta para septiembre, que la ha planteado el Tribunal de Cuentas. Spain · Representante del Ministerio de Justicia [2:48:42]: Simplemente para añadir a lo que ha dicho mi compañero un par de consideraciones. En primer lugar, hacernos eco de que, efectivamente, nos encontramos ante una situación en que existen varias cuestiones perjudiciales pendientes de ser resueltas por el Tribunal de Justicia, y esto, evidentemente, afecta a las causas en curso. el efecto suspensivo del planteamiento es una cuestión de una cuestión prejudicial, se desprende de su propia naturaleza. Los Estados deben abstenerse de adoptar disposiciones que puedan poner en peligro el resultado de ese pronunciamiento del Tribunal de Justicia. Esto ha habido distintos pronunciamientos del propio tribunal. que ha tenido ocasión de hablar de ello en diferentes oportunidades y además se desprende también del propio artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, nos encontramos en este contexto, en este marco en el que nos encontramos, a la espera de ese pronunciamiento y, como ya he dicho, esto afecta al curso de las causas. Igualmente, hilándolo con lo que ha dicho mi compañero, también relacionado con esta Manifestación de que no se está aplicando en la práctica, lo cierto es que, y también trayendo a colación lo el propio dictamen de la Comisión de Venecia cuando hace consideraciones en relación al principio de separación de poderes. En definitiva, la conclusión es que al poder legislativo le corresponde la adopción de las leyes y al y al poder judicial su aplicación. En el apunto 125 de ese informe, la Comisión de Venecia señala que en cuanto a las anulaciones de las competencias procesales ordinarias de los tribunales. La Comisión de Venecia señala que siempre que la decisión sobre si una persona se beneficia o no de la amnistía corresponda al juez sobre la base de criterios generales contenidos en la entonces proposición de ley. El levantamiento de la detención, la prisión provisional y las medidas cautelares son consecuencias de dicha decisión judicial. No se plantea ningún problema de separación de poderes. La proposición de ley de amnistía debe interpretarse de forma que no prive de efecto práctico a la revisión judicial de la proposición de la ley de amnistía. En consecuencia, le corresponde a los jueces y tribunales decidir sobre la aplicación de la ley en todos y cada uno de los casos que están subyúdice. Los afectados tienen la potestad de pedir su aplicación en cualquier momento. El juez también puede diferir la aplicación de la ley hasta que la investigación de forma clara establezca que el artículo uno de la ley de amnistía es aplicable o no es aplicable. Y contra las decisiones, como establece el artículo 16 de la Ley de Amnistía, que resuelvan la aplicación de la ley, caben los recursos previstos en el ordenamiento jurídico. Los jueces en España son independientes y en la adopción de sus decisiones están sometidos al imperio de la ley y al Estado de Derecho. No podemos en este momento entrar en ningún tipo de valoraciones sobre si se está aplicando o no la ley en un concreto caso. Y, además, debemos traer a colación que, contrariamente a lo que sucede en derecho comparado, la figura de la acusación popular tiene una configuración amplísima en nuestro derecho y las entidades que ostenten un derecho legítimo pueden ser parte en el procedimiento, realizar peticiones que consideren convenientes, teniendo acceso también, igualmente, al derecho de recurso, igual que las personas investigadas. Por lo tanto, esas serían nuestras finales consideraciones al respecto. Spain · Embajador y jefe de delegación [2:52:23]: Gracias. Gracias. El señor de Raya también ha hecho una pregunta específica sobre las competencias, el reparto de competencias sobre los menores, si había diferencias entre las distintas comunidades autónomas en este campo y ha expresado su inquietud sobre si hay suficientes recursos en el sistema para atenderlos de una manera correcta. A lo mejor el Ministerio de Justicia, Infancia y Juventud puede decirnos algo? Spain · Representante del Ministerio de Juventud e Infancia [2:52:53]: Sí, todas las comunidades autónomas tienen la competencia de la protección de menores, todas ellas. La diferencia es que hay algunas comunidades autónomas que comparten frontera terrestre con África y o marítima, como es el caso de Baleares o Canarias. Entonces, algunas comunidades autónomas tienen la competencia de la protección de menores, pero no tienen el problema que está sufriendo Canarias o, como he comentado, las comunidades autónomas o ciudades autónomas. Respecto al tema presupuestario, si es suficiente, pues probablemente no lo sea con la sobrecarga que hay en el sistema, pero se ha hecho un esfuerzo, se ha triplicado. En el año 2023 y 2024, el fondo está dotado con 35 millones de euros y con el decreto ley que se ha aprobado se ha ampliado a 100 millones. Como bien señaló ayer, señor embajador, estamos con una situación de presupuestos prorrogados. Confiamos y esperamos que si contamos con presupuestos, pues se pueda ampliar, porque es algo que en el marco de las conferencias sectoriales, las comunidades autónomas se han quejado. de que verdaderamente se están pidiendo esfuerzo a comunidades autónomas para que aumenten su capacidad, pero que no se está dotando a las comunidades con dinero. Y en el marco de este real, bueno, de este proyecto de ley, lo que se está haciendo es pagar a las comunidades que están acogiendo a más menores por encima del nivel base que debería. pero no recoge el que se dé más dinero a las comunidades que tengan que ampliar plazas. Entonces, sí, probablemente no sea suficiente, pero en este momento es casi el triple de lo que se venía dedicando. Y respecto a la presunción de minoría de edad, es un precepto jurídico. O sea, si no existe ningún indicio claro de que una persona obviamente no es menor de edad, siempre se presume la minoría de edad. En ese momento, pasa a ser acogido por la comunidad autónoma donde se encuentre y donde se identifique a ese presunto menor. Mientras, existe un procedimiento judicial en el que se determina la edad, pero siempre pasa a estar acogido con una medida temporal de tutela por parte de la comunidad autónoma donde se haya identificado ese menor, que no tiene por qué ser por donde ha entrado al territorio español. Y creo que. Spain · Embajador y jefe de delegación [2:55:35]: Gracias. El señor Quesada ha preguntado sobre, ha repreguntado sobre los mecanismos de sujeción física y cuál habría sido la respuesta al informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Si podemos, muy brevemente. Spain · Director general de Instituciones Penitenciarias [2:55:58]: Canica. Como había comentado, la regulación actual es el protocolo de 2018, que bebe de los criterios y recomendaciones del propio mecanismo nacional de prevención del 2017. En cuanto a medidas alternativas, son las que se vienen trabajando desde aquella época: la importancia de la formación de los funcionarios, las medidas de desescalada, buscar espacios distintos de observación del interno donde se le pueda tranquilizar, y solo en aquellos casos en donde hay una conducta de agresividad extrema, autolesiva, es donde se está utilizando esta medida de sujeción mecánica. Se puede aportar por escrito la serie estadística del año 2018 hasta el 2025, ya son menos de 300 los casos que se pueden estar dando al año donde es necesario. El ejemplo más claro, por la intervención sanitaria, donde hay que aplicar un tratamiento médico, como puede ser un tranquilizante, y se aplica en los mismos términos que en un hospital en la comunidad. Y, como digo, siendo muy garantista, con comunicación al juez, y todas, cada una de ellas, son grabadas en vídeo. Otras alternativas que se han intentado, por ejemplo, la Administración catalana, que en su circular del año 2021 la incluye, es la posibilidad de celda acolchada. Estando en contacto entre las distintas administraciones, hemos visto que la experiencia que ellos han tenido no es satisfactoria, ya que no solventa los temas de autolesión o intento de suicidarse de una persona un espacio como una celda acolchada. Y eso es algo que se ha comentado también con el Defensor del Pueblo. No sé si hay tiempo para el tema del aislamiento, que. Spain · Embajador y jefe de delegación [2:57:29]: Tienes 1 minuto para distinguir entre prisión incomunicada y en. Spain · Director general de Instituciones Penitenciarias [2:57:34]: Cuanto al tema de aislamiento, digo por distinguir. Por un lado, el régimen de primer grado no es un régimen de sanción disciplinaria, es un régimen de vida y se aplica, si hay interés en ver los detalles, ese artículo 72 que ha mencionado el señor Quesada con el artículo 10 de la Ley Orgánica, en el mismo texto legal de 1979, en esos supuestos concretos donde se aplica ese régimen de vida. Estamos hablando de personas con un perfil o muy violento o los hechos de naturaleza criminal muy grave, organizaciones terroristas, organizaciones criminales esos casos concretos. Aquí hay un programa concreto de primeros grados, de modo que se actúa de una manera científica e individualizada. Ahora mismo, a día de hoy, hay menos de 390 personas en este régimen de vida, 15 de ellas son mujeres. Y lo importante es actuar individualmente respecto a cada una de ellas con este programa individualizado. Si hay interés, también, se puede aportar por escrito en la instrucción del 2011 sobre este tipo de personas. Y tener en cuenta que este régimen de vida se revisa incluso en un tiempo inferior que el régimen ordinario. Cada tres meses hay que revisarlo y está sujeto a supervisión judicial. Esto es distinto de la sanción de aislamiento, que, como bien dice el señor Quesada, es una sanción disciplinaria por los hechos más graves, como usted ha dicho. Dos personas que se pegan, se agreden. En este caso, la sanción, como mucho, como tope, por un hecho disciplinario, son de 14 días. Quizá la polémica venga cuando existen varias sanciones por varios sucesos muy graves. En este caso, la limitación legal es de 42 días, y la Administración penitenciaria ha acogido la recomendación del Mecanismo Nacional de Prevención, que esos 42 días no se cumplan de manera consecutiva, sino que se interrumpan una vez se cumplen los primeros 14 días durante varios días, y así se está haciendo en coordinación con los juzgados de vigilancia penitenciaria de cada territorio, de cada provincia en concreto. Esto es distinto del aislamiento judicial, la incomunicación dentro del ámbito procesal penal, que tiene una duración máxima de cinco días, en el ámbito de querer asegurarse el resultado de la investigación, el evitar que una persona pueda ocultar o destruir pruebas, pueda ponerse en contacto con terceras personas que estén en la calle. Y, como digo, es una garantía procesal y que tiene esa finalidad muy concreta. Y hablamos de nuevo que la aplica un juez. sobre todo atendiendo a situaciones también de mayor gravedad, una organización terrorista, una organización criminal, y por ese tiempo muy concreto y con una prórroga muy concreta, como mucho, de cinco días. Spain · Embajador y jefe de delegación [3:00:02]: SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, Máximo. ¿Podemos contestar en 30 segundos si hay vacantes en el Tribunal Constitucional ahora mismo. Spain · Director general de la Secretaría General de Justicia [3:00:08]: SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE JUSTICIA: Gracias. Spain · Embajador y jefe de delegación [3:00:14]: Gracias, señor presidente. Ya hemos terminado. CCPR · Presidente del Comité de Derechos Humanos [3:00:21]: Muchas gracias. Dice el presidente, ahora cede el uso de la palabra nuevamente al jefe de delegación para que formule unas breves conclusiones. Spain · Embajador y jefe de delegación [3:00:30]: Gracias, señor presidente. Van a ser tan breves como que me voy a limitar a darle las gracias a todos los miembros del comité y a su presidente por su diálogo, por la calidad y profundidad de las preguntas que han planteado. Esto no es más que una fase de este diálogo que vamos a continuar manteniendo, como dije en mi exposición inicial, la plena garantía de los derechos civiles y políticos. Es un proceso que nunca se llega a culminar y somos conscientes del papel relevante que tiene este comité en ayudar al Estado, porque al final es lo que ustedes hacen, a mejorar nuestro marco legal y nuestras prácticas administrativas para intentar esa garantía. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a la secretaría por su trabajo. a los intérpretes por su paciencia y también a mi delegación por sus aportaciones. CCPR · Presidente del Comité de Derechos Humanos [3:01:22]: Muchas gracias, Excelencia. En los últimos dos días, durante nuestro diálogo, hemos abordado cuestiones claves relativas a la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para Estonia. Agradecemos al Estado parte por los avances realizados en diferentes ámbitos. Por otro lado, se han planteado preocupaciones relativas a ciertos sectores. Agradecemos a la delegación sus esfuerzos por atender nuestras preocupaciones y esperamos con interés los avances respecto a la plena aplicación del Pacto. Siguiendo la práctica usual del Comité, la delegación podrá enviar información complementaria a más tardar 48 horas tras haber finalizado este diálogo. Esto quiere decir que tendríamos que recibirlas a más tardar el lunes 7 de julio a la 1:00 de la tarde. Esa información adicional por escrito. Nos permitirá hacer una evaluación más completa de la situación en España y esto se reflejará debidamente en nuestras observaciones finales. En nombre del Comité de Derechos Humanos, le agradezco al excelentísimo señor Marcos Gómez y a toda la delegación por este diálogo constructivo. Les deseo un feliz retorno a casa. Finalmente, quisiera agradecerle a todos los miembros del Comité por sus intervenciones tan atinadas. Y le agradezco sinceramente a la Secretaría, en particular a los intérpretes, por el tiempo adicional que nos han concedido y al equipo técnico por su apoyo crucial a lo largo de esta reunión. Muchas gracias a todos una vez más por su cooperación y su compromiso. Se levanta la sesión.