28ª sesión, 80º período de sesiones, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
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Buenas tardes. Declaro inaugurada la trigésima segunda reunión del octogésimo período de sesiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tengo el gran placer de volver a dar la bienvenida esta tarde a la distinguida delegación de México. Y a la jefa de delegación, su excelencia, la señora Francisca Méndez Escobar, quien es embajadora y representante permanente de México ante la Oficina de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra. Quisiera también dar la bienvenida al resto de la delegación que le acompaña y también a todos aquellos que siguen el diálogo, ya sea en persona o por la transmisión en vivo en webcast. Vamos ahora a invitar a la delegación a que continúe respondiendo a las preguntas pendientes del grupo 2 por unos 15 minutos. Y luego podemos pasar a las preguntas que se formularon ayer del grupo 3 por el líder del grupo 3 y para ello tienen 30 minutos. En general, 45 minutos Excelencia, y decidan ustedes cómo lo van a gestionar. Luego se harán preguntas de seguimiento en cuanto a los dos grupos y luego la señora Laura Krassounen Tatú hará las preguntas del grupo 4 y tendrán tiempo para responder a ellas. Para facilitar el proceso y para poder abarcar tanto como sea posible, quiero invitar a mis colegas y a la distinguida delegación a intervenir de manera concisa, siendo muy conscientes del tiempo que se concede a
Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes a todos ustedes. Buenos días allá en México, distinguidos miembros de la delegación mexicana, distinguidos expertos. Es un honor comparecer nuevamente ante este comité en su segunda sesión. Y es un honor para mí darle la palabra al director general César Villanueva, a fin de que inicie a contestar efectivamente, como bien lo dijo usted, señora presidenta, las preguntas que se quedaron pendientes del primer y segundo bloque del día de ayer. Director general, tiene usted el uso de la palabra?
Muchas gracias, embajadora. Gracias a todas las personas expertas del comité. Continuaremos con las situaciones que quedaron pendientes en el ejercicio del día de ayer y para ello me gustaría abordar, en primer término, la atención a familiares de víctimas de personas desaparecidas. México reconoce que la desaparición de personas constituye una de las problemáticas más dolorosas que enfrenta el país y una prioridad nacional para el Estado mexicano. La búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, así como la atención integral a sus familias, forman parte de una política pública orientada a garantizar los derechos humanos, la justicia, la verdad y la reparación integral, en concordancia con los objetivos de bienestar, justicia social y fortalecimiento institucional previstos en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. El Estado mexicano reafirma que no permite, consciente ni tolera la desaparición de personas en ninguna de sus modalidades. Asimismo, reconoce su obligación de buscar a las personas desaparecidas, investigar los hechos, sancionar a quienes resulten responsables y garantizar los derechos de las familias. En 2025 se impulsó una reforma integral a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, fortaleciendo las obligaciones de las autoridades y los instrumentos de búsqueda e identificación. Estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, integradas por 10 líneas prioritarias de acción. Estas líneas de acción forman parte de un esfuerzo institucional e integral que ha permitido, mediante diversas actividades administrativas, de búsqueda, de localización de personas y con las fiscalías, de poder atender este problema. En ese sentido, la atención a las familias constituye un componente central de esta política. Entre octubre de 2024 y agosto de 2026, La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas atendió a 6,670 familiares de personas desaparecidas mediante más de 60,000 atenciones de trabajo social, 7,549 atenciones psicológicas y 1,556 atenciones médicas. Asimismo, se otorgaron 21,820 apoyos de traslado en beneficio de 3,782 personas y se realizaron 379 vinculaciones médicas con instituciones del Sistema Nacional de Salud. También se fortalecieron las medidas de protección para personas buscadoras. Al corte de septiembre de 2026, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas protegía a 344 personas en 148 expedientes relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas, incluidas 259 personas buscadoras y 85 familiares. En materia de acceso a la justicia, entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, Se acompañó a 27,466 víctimas directas e indirectas en 2,271 investigaciones, otorgándose 15,197 servicios jurídicos. Adicionalmente, entre enero de 2023 y septiembre de 2026, se emitieron 455 resoluciones de reparación por un monto superior a 240.2 millones de pesos. Las acciones de Estrategia Nacional de Búsqueda se han extendido a todo el territorio nacional, mediante encuentros regionales con familias y colectivos de búsqueda, fortaleciendo la coordinación entre autoridades federales y estatales. Como resultado de las distintas acciones implementadas, al 8 de octubre de 2026 se habían localizado más de 16 mil personas. México mantiene, además, una política de cooperación internacional con organismos de las Naciones Unidas y diversos países para fortalecer las capacidades de búsqueda, identificación e investigación. Al mismo tiempo, reconoce que persisten desafíos relevantes en materia de búsqueda, identificación humana, atención integral y protección de las familias. Por ello, México continuará fortaleciendo las capacidades institucionales, la coordinación territorial, atención a víctimas y la cooperación internacional, con el propósito de garantizar la verdad, la justicia y la localización de todas las personas desaparecidas. En un siguiente tema, abordaré la cuestión planteada por el experto para México sobre la cuestión de la capacitación de personas juzgadoras en materia de los derechos DESCA tras la reforma judicial. En cuanto a la aplicación de estándares internacionales, en materia de derechos económicos, sociales y culturales por parte de las personas juzgadoras del país. El artículo primero de la Constitución mexicana obliga a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, por lo que deben aplicar la Constitución y los tratados de los que México es parte, incluido el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conforme al principio pro persona. La Suprema Corte ha desarrollado este mandato con el control de convencionalidad ex oficio en el expediente varios 912-2010 y con el parámetro de control de regularidad constitucional, que integra derechos de fuente constitucional y convencional, salvo restricciones constitucionales expresas, conforme a la resolución de la contradicción de tesis 293-2011. Así, el Poder Judicial ha generado criterios en materia de salud, seguridad, agua, medio ambiente, trabajo, vivienda, entre muchos ámbitos relacionados. Además, la Suprema Corte ha reforzado esta tutela con la publicación del manual sobre justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Embajadora, por favor.
Muchas gracias, doctor Villanueva. Contestaremos las preguntas que nos hizo el experto Genebel sobre la atención a personas en situación de desplazamiento en territorio nacional. Sobre este tema, me gustaría señalar que México reconoce que el desplazamiento en territorio nacional puede afectar el ejercicio de diversos derechos económicos, sociales y culturales, incluidos los derechos a la vivienda, la salud, la educación, el trabajo y un nivel de vida adecuado. Las acciones impulsadas por la Secretaría de Gobernación se basan en la coordinación interinstitucional, el trabajo territorial y el diálogo directo con las comunidades afectadas, con el objetivo de identificar necesidades, garantizar el acceso a derechos y avanzar hacia soluciones integrales, dignas y sostenibles. Por ejemplo, en el estado de Chiapas, La estrategia de construcción de paz articuló la participación de 39 dependencias gubernamentales para atender comunidades afectadas por conflictos sociales y desplazamientos dentro del territorio nacional. Y entre los resultados más relevantes destacan la entrega de 34 viviendas a familias desplazadas en Chenalhó, la atención médica, humanitaria y social brindada a población desplazada en Tila, y 2,345 atenciones integrales en Panteló, incluyendo acciones para restablecer servicios de agua y energía eléctrica, favoreciendo condiciones para el retorno seguro de las familias. Ahora también me gustaría hablar sobre los resultados del Plan Michoacán, también en respuesta a la pregunta que hizo el Dr. Genebel. El Plan Michoacán por la paz y la justicia constituye una estrategia integral orientada a atender las causas estructurales de las desigualdades, fortalecer el desarrollo regional y ampliar el acceso efectivo a los DESCA mediante acciones coordinadas en materia de salud, educación, cultura, infraestructura, medio ambiente, empleo, deporte y desarrollo de los pueblos indígenas y comunidades afro-mexicanas. Los resultados muestran una intervención multisectorial de gran alcance. La Secretaría de Bienestar reportó una inversión superior a 30 mil millones de pesos, aproximadamente 1600 millones de dólares estadounidenses en programas sociales que benefician a más de un millón de personas en la entidad. En materia de salud, destaca la construcción, ampliación y fortalecimiento de hospitales, clínicas y servicios especializados, así como acciones para la atención de cataratas y enfermedades crónicas. De igual manera, me gustaría contestar una pregunta muy específica que nos hicieron ayer sobre el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Sobre este tema, México reconoce el valor estratégico y social del sistema arrecifal veracruzano, un área natural protegida de importancia nacional e internacional que alberga una extraordinaria biodiversidad y proporciona servicios ecosistémicos fundamentales para la protección costera, la pesca y el bienestar de las comunidades locales. Este caso constituye un ejemplo relevante de acceso a la justicia ambiental. Por ejemplo, en 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció el interés legítimo de las personas promoventes y determinó que la evaluación ambiental relacionada con la ampliación del puerto de Veracruz debía considerar de manera integral los impactos acumulativos, sinérgicos y residuales sobre el ecosistema recifal, fortaleciendo así la protección del derecho a un medio ambiente sano. Sobre una pregunta que nos hiciera la experta Lemus sobre el derecho de huelga y posibles limitaciones al mismo, me gustaría comentar que el derecho de huelga constituye una garantía fundamental de la libertad sindical y de la negociación colectiva reconocida por la Constitución mexicana y por los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano. En el marco del nuevo modelo de justicia laboral, México ha fortalecido los mecanismos institucionales destinados a facilitar el diálogo social y la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. A través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, se brinda atención especializada durante la etapa de pre huelga y en los procedimientos colectivos de competencia federal, con el propósito de generar espacios de diálogo entre organizaciones sindicales y personas empleadoras, favoreciendo la construcción de acuerdos sin afectar el ejercicio pleno de los derechos colectivos de las personas trabajadoras. Cabe señalar que desde el inicio de operaciones del Centro en 2020 y hasta agosto de 2026, se recibieron 12,016 solicitudes de conciliación colectiva. De ellas, 7,921 concluyeron mediante convenio entre las partes, equivalente al 65.9% de los asuntos atendidos. Asimismo, el 97.4% de los procedimientos recibidos fueron concluidos, reflejando la capacidad institucional para atender controversias colectivas mediante mecanismos de negociación y conciliación. Y finalmente, sobre Una pregunta que nos hiciera el experto Winford sobre la atención de la pobreza desde la seguridad social. Permítame, experto, decirle que el Estado mexicano complementa la seguridad social con medidas de protección social no contributiva. en específico con transferencias universales y focalizadas a lo largo de todo el ciclo de vida. Becas educativas, ya se mencionó ayer, Rita Cetina, Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro, apoyos para inserción laboral mediante el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y pensiones para personas mayores, mujeres de 60 a 64 años y personas con discapacidad, con prioridad para municipios indígenas. indígenas y de alta marginación que tienen como objetivo reducir condiciones de vulnerabilidad, promover la inclusión social y económica y garantizar mayores niveles de bienestar. Y esto nos lleva a ahondar a una pregunta de la señora Lemus sobre las pensiones para personas mayores, en específico para mujeres adultas mayores. Sobre este punto, la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores constituye un derecho reconocido en el artículo 4 constitucional para todas las personas de 65 años y más. Se otorga un apoyo de 3200 pesos mensuales entregado de manera bimestral y directa. Al 30 de junio de 2026, el programa benefició a 13.7 millones de personas, de las cuales 55.9% son mujeres y 8.5% residen en municipios de localidades indígenas o afromexicanas. Ahora, convenia, señora presidenta, estaremos en posibilidad de responder las preguntas del bloque 3 que tuviera bien hacer el experto Fjor. Sobre la familia, niñez y adolescencia, experto Fjor, déjeme decirle que México reconoce que la erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente permitido constituyen prioridades fundamentales para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Un avance relevante fue la incorporación en 2024 del artículo 284 bis de la Ley Federal del Trabajo, que establece la obligación de realizar inspecciones periódicas en centros de trabajo agrícolas para verificar, entre otros aspectos, que no se utilice mano de obra infantil. En 2025 se identificó a 1,072 personas trabajadoras menores de 18 años mediante la aplicación de los protocolos de inspección especializados. En los casos que correspondió, se dio vista a las autoridades competentes para la protección de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2025 reportó que la tasa nacional disminuyó de 13.1% en 2022 a 12.6% en 2025, lo que representa que aproximadamente 200,000 niñas, niños y adolescentes dejaron de encontrarse en esta situación. Además, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia desarrolló acciones de sensibilización y participación infantil, incluyendo un foro nacional sobre prevención del trabajo infantil que benefició a 343 niñas, niños y adolescentes, así como actividades de capacitación que alcanzaron a 255 personas servidoras públicas. En materia de trata, el Instituto Nacional de Migración cuenta desde agosto de 2022 con un protocolo para la detención, identificación y atención a personas migrantes víctimas o posibles víctimas de trata de personas, incluidas niñas, niños y adolescentes. Este instrumento orienta la detección, identificación y canalización a las autoridades competentes. Para fortalecer su aplicación, se registraron 3.557 participaciones en el curso específico sobre el protocolo y 10.141 participaciones en diversas actividades formativas en materia de trata de personas. Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos complementa este marco mediante su programa contra la trata de personas, que promueve la identificación adecuada de las víctimas, el acceso a los procedimientos para su reconocimiento e inscripción en los registros correspondientes y la adopción de medidas de atención integral. Asimismo, realiza visitas a espacios de alojamiento y tránsito de personas migrantes y fortalece la coordinación con autoridades, organismos y actores especializados. Déjenme ahora contestar la pregunta sobre delitos de violencia sexual, niños y adolescentes. En este tema, doctor Fioto, México ha fortalecido la respuesta institucional frente a la violencia sexual. Entre 2017 y 2025 se triplicó el número de unidades con atención especializada Para víctimas de violación sexual, se duplicó el número total de atenciones brindadas por los servicios públicos de salud y aumentó en 40% la atención otorgada dentro de las primeras 72 horas posteriores a la agresión. Asimismo, la identificación de embarazos derivados de violencia sexual aumentó nueve veces respecto a los niveles observados en 2017. permitiendo fortalecer la protección de niñas y adolescentes. Además, se está desplegando la tercera fase de la Estrategia Nacional para la Reducción del Embarazo Adolescente, y así avanzar hacia la erradicación del embarazo en niñas. Sus acciones incluyen educación integral en sexualidad, acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, prevención y atención de la violencia sexual, prevención de matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas, así como mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes. De manera complementaria, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia desarrolla acciones de sensibilización y prevención sobre violencia sexual, abuso infantil, derechos sexuales y reproductivos, diversidad sexual, autoestima y relaciones libres de violencia, beneficiando tanto a adolescentes como a personas servidoras públicas responsables de su atención. Adicionalmente, El 13 de marzo de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos 260 y 266 bis del Código Penal Federal en materia de abuso sexual, con el objetivo de definir este delito como la realización de cualquier acto de naturaleza sexual sin el consentimiento de la víctima y sin el propósito de llegar a la cópula. Además, se entiende como abuso sexual las caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas, y se estableció que el consentimiento no se podrá presumir del silencio, la pasividad o la falta de resistencia de la víctima. Finalmente, se amplió el catálogo de agravantes y se estableció la oficiosidad en la persecución del delito. En cuanto a la respuesta sobre matrimonios infantiles forzados en pueblos indígenas y comunidades rurales, permítame, señor experto Fiorello, decirle que durante los ejercicios 2025 y 2026, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a través del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, otorgó apoyo a seis proyectos comunitarios y regionales orientados a prevenir los matrimonios infantiles, tempranos y forzados. Estos fueron implementados en los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Veracruz e impulsados, gestionados y ejecutados directamente por mujeres de los pueblos mixtecos, tzotzil, tzetzal, nahua y purepecha. Su objetivo principal fue fortalecer el ejercicio pleno de los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres indígenas a través de capacitaciones, campañas informativas, materiales de difusión y contenidos audiovisuales, contribuyendo así a la erradicación de las uniones tempranas y al derecho a una vida libre de violencia. Respecto a las licencias de paternidad, que también fue una pregunta planteada ayer para el bloque 3, permítanme decirles que México reconoce que la distribución desigual de las responsabilidades de cuidado constituye una de las principales barreras para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Si bien la legislación laboral federal contempla actualmente una licencia de paternidad de cinco días laborables, el Estado mexicano ha impulsado medidas para promover esquemas más amplios de conciliación. Destaca la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación, que reconoce a los centros de trabajo que implementan prácticas de igualdad, incluyendo horarios flexibles, teletrabajo, permisos de cuidado y licencias de paternidad superiores a las previstas en la ley. Asimismo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social analiza la posible ratificación del Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre personas trabajadoras con responsabilidades familiares y la Recomendación 165, instrumentos orientados a fortalecer la corresponsabilidad y la igualdad en el empleo. Un avance particularmente relevante se ha desarrollado en el órgano de administración judicial mediante la política de cuidado y corresponsabilidad institucional, que reconoce el cuidado como un derecho humano y como una responsabilidad compartida entre mujeres y hombres. Como parte de esta política, se homologó la duración de las licencias de paternidad y maternidad mediante el otorgamiento de tres meses de licencia de paternidad, una de las medidas más avanzadas dentro de las instituciones públicas federales mexicanas. Entre el primero de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2026, se otorgaron 927 licencias de paternidad bajo este esquema, fortaleciendo la participación activa de los padres en el cuidado de niñas y niños desde los primeros años de vida. Ahora, señores expertos, pasaré a responder la pregunta sobre protección integral de niñas y niños que viven con sus madres en centros penitenciarios. México reconoce que las niñas y los niños que viven con sus madres en centros penitenciarios son titulares de todos los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Por ello, el Estado impulsa medidas específicas para garantizar su desarrollo integral, su salud, su alimentación y la preservación del vínculo familiar, contribuyendo a los objetivos de bienestar, igualdad y protección de la infancia establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Los centros de estancia y desarrollo infantil ubicados en centros penitenciarios proporcionan atención especializada orientada a proteger el desarrollo integral de la primera infancia. Estos espacios garantizan seguimiento médico permanente, atención pediátrica periódica, vigilancia del estado de salud y actividades de estimación temprana acordes con cada etapa de desarrollo. Asimismo, Se garantiza el acceso a alimentación adecuada, apoyo a la lactancia materna y esquemas de alimentación complementaria supervisados por personales de salud, fortaleciendo el derecho de niñas y niños a la salud y a una nutrición adecuada. De manera complementaria, las madres reciben acompañamiento psicológico, seguimiento social y apoyo para fortalecer sus redes familiares y comunitarias, favoreciendo entornos de cuidado, protección y bienestar para sus hijas e hijos. Ahora contestaré la pregunta sobre atención al reclutamiento forzado de adolescentes. que fue también una pregunta hecha por el experto Furió. Sobre esto, el 20 de octubre de 2026, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, para incorporar un capítulo específico sobre reclutamiento forzado de personas. La reforma dispone que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos sea reconocido y sancionado expresamente como reclutamiento forzado, fortaleciendo el marco jurídico de protección de la niñez y la adolescencia. Esta medida contribuye a la prevención, atención y sanción de prácticas que vulneran gravemente los derechos de niñas, niños y adolescentes en consonancia con lo previsto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que obliga a las autoridades a prevenir y erradicar cualquier forma de incitación o coacción para su participación en hechos delictivos o asociados delictuosos. Con esta reforma, México fortalece la protección integral de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia y a la delincuencia organizada bajo un enfoque de derechos humanos y protección reforzados de la niñez. Permítanme ahora contestar la pregunta sobre medidas para atender la disciplina violenta. México impulsa acciones para fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes, particularmente de quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. A través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, se brindan servicios de acogimiento residencial, atención médica, psicológica, educativa y alimentaria, así como acciones de restitución de derechos. Durante 2025 se otorgaron más de 1.09 millones de servicios integrales de atención y cuidado, mientras que en el primer semestre de 2026 se proporcionaron más de 540,000 servicios adicionales. Asimismo, la reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fortaleció la supervisión de los centros de asistencia social. Como parte de este proceso, se cuenta con 784 registros de centros identificados a nivel nacional y se han homologado mecanismos de supervisión en coordinación con las 32 entidades federativas, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de protección, seguridad y bienestar para las niñas, niños y adolescentes que residen en ellos. De manera complementaria, México promueve alternativas familiares de cuidado para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia. Ahora, le cedo la palabra al ingeniero Héctor del Instituto Nacional de Estadística de México para que nos proporcione información estadística y datos concretos. Ingeniero Héctor tiene la palabra.
Muchas gracias, Embajadora. Voy a aprovechar para responder la pregunta acerca de los resultados de la reducción de pobreza y su relación con el acceso efectivo a los DESCA, así como las brechas en grupos vulnerables. Como mencionamos ayer, los resultados disponibles de pobreza multidimensional permiten identificar a la población en situación de pobreza moderada y extrema. así como la población vulnerable por ingresos y vulnerable por carencias sociales. Con ello se aporta evidencia para la toma de decisiones en materia de política pública, dirigida a cumplir los compromisos de progresividad, igualdad y no discriminación. Entre 2020 y 2024, se presentó una disminución de 14.4 puntos porcentuales en el porcentaje de personas que se encuentran en situación de pobreza, al pasar de 43.9 a 29.6. Esta disminución representa 17.2 millones de personas. Aunado a esto, el porcentaje de personas en situación de pobreza extrema pasó de 8.5% a 5.3%, lo cual representa a 3.8 millones de personas. Dentro del espacio de carencias sociales de la medición multidimensional, Cinco de las seis carencias presentaron disminuciones en este periodo de tiempo. Las mayores se dieron en la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, carencia por acceso a la seguridad social y la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda. En cada una se presentó una disminución de 8.1, 3.9 y 3.8 puntos porcentuales, respectivamente. Dentro del espacio del bienestar económico, la población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos fue la que presentó la mayor disminución, al pasar de 52.8 a 35.4%, lo que representa a 20. millones de personas fuera de pobreza por bienestar económico. En 2024 cabe resaltar Es la primera vez que se incluyó dentro de los resultados información sobre la población afromexicana o afrodescendiente. En este año, el 32.3% de la población afrodescendiente se encontraba en situación de pobreza, es decir, 1.2 millones de personas, y el 7.6% en pobreza extrema, es decir, 0.3 millones de personas. En 2024, Las principales brechas de pobreza y pobreza extrema se observaron por pertenencia indígena y ámbito rural-urbano. El porcentaje de población indígena en situación de pobreza fue de 60.8% frente a 26.1% de la población no indígena, una diferencia de 34.7 puntos porcentuales. En pobreza extrema, la brecha es de 19.5 puntos porcentuales. Por ámbito rural y urbano, la pobreza se situó en 45.8% en el ámbito rural y a 25% en el urbano, mientras que la pobreza extrema se ubicó en 13.9 y 3% respectivamente, por lo que las brechas se ubicaron en 20.8 y 10.9 puntos porcentuales, respectivamente. Tomando el corte por edad, la población menor de 18 años presentó porcentajes de pobreza y pobreza extrema superiores a los de la población de 18 años y más, con brechas de 12.6 y 2.9 puntos porcentuales, respectivamente. De manera adicional a estos resultados, el INEGI publica información especializada en desarrollo social, a partir de la actualización de la serie bienal del Sistema de Información de Derechos Sociales, SITS, 2016-2024, que cuenta con indicadores de acceso efectivo a los derechos sociales y brechas de desigualdad. Este sistema pone la garantía de los derechos como el eje central de la política de desarrollo social y ofrece un conjunto de indicadores que traducen las obligaciones jurídicas del Estado en información verificable y comparable en el tiempo y espacio. lo que permite identificar sus avances hacia la garantía de los derechos sociales. Los indicadores de acceso efectivo permiten saber los avances en educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación, que son las dimensiones que se toman también en cuenta en la pobreza multidimensional, lo que otorga pertinencia analítica y continuidad conceptual al sistema. Así, a través de sus 53 indicadores, es posible identificar la oferta institucional disponible, la suficiencia de estos servicios, su accesibilidad física o económica y el cumplimiento de los estándares de calidad. Estos aspectos resultan fundamentales para garantizar el ejercicio pleno de los derechos sociales. Por otra parte, En el componente de brechas de desigualdad, se identifican desigualdades estructurales que afectan a poblaciones específicas, como niñas, niñas y adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores, mujeres indígenas y personas con discapacidad. Y también incluye un conjunto de indicadores de brechas de género. Este componente, desagregado en 81 indicadores, permite visibilizar rezagos persistentes y realizar análisis con perspectiva diferencial e interseccional. En conjunto, los componentes del CIDS permiten analizar el avance del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y ofrece una base sólida para la planeación pública con enfoque de derechos. Así, aprovechando sus preguntas, ejemplificaremos con unos resultados acerca de seguridad alimentaria y acceso a la salud. En México usamos la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria, EMSA, para la medición multidimensional de la pobreza y para el componente de alimentación del SIDS, por lo que en el SIDS se incluye información acerca de la calidad en la alimentación con indicadores acerca de la seguridad alimentaria y la diversidad de la dieta. La población en hogares donde se consumen diariamente frutas y verduras, así como leguminosas, Así, con respecto al derecho a la salud, tenemos indicadores para las tres dimensiones de disponibilidad, accesibilidad y calidad, incluyendo indicadores acerca de los derechohabientes que no gastaron en servicios médicos la última vez que recibieron atención médica en instituciones públicas, que pasó de 84.9 a 88 puntos porcentuales, así como hogares con gasto catastrófico en salud. En cuanto a los indicadores de brechas de desigualdad, se cuenta también con indicadores acerca de la población de 0 a 17 años que vive en hogares donde se consumen diariamente frutas y verduras, según situación de pobreza. También acerca del acceso a los servicios de salud, también comparando entre los niños en situación de pobreza y aquellos que no lo están. Asimismo, se hace la comparación del acceso de los niños a la seguridad social, pero haciendo el contraste entre las personas de acuerdo a sus ingresos, estableciendo el corte con la línea de pobreza, así como con acceso a seguridad social, en esta ocasión haciendo el contraste con pertenencia étnica. En estos últimos, los resultados son 27.1 a 30.9 por ciento. Muchas gracias.
Muchas gracias, Héctor, ingeniero Héctor. Ahora le cedo la palabra al doctor Villanueva para que continúe respondiendo las preguntas. Adelante, doctor Villanueva.
Gracias, embajadora. Dentro del tiempo que tenemos y que amablemente nos ha otorgado la presidencia, vamos a seguir hablando respecto al nivel de vida adecuado, así como la importante política fiscal que el gobierno de México y el Estado ha estado dando a la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales como nunca se había hecho. En México, para poner como contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son derechos fundamentales exigibles que cuentan con un mínimo vital de garantía inmediata hasta el máximo uso de los recursos disponibles y que se rigen por los principios de progresividad y no regresividad. En consecuencia, estos derechos orientan la asignación de recursos, la definición de prioridades presupuestarias y la evaluación de resultados. La estrategia fiscal vigente protege el gasto social y fortalece la recaudación mediante la digitalización, la simplificación administrativa y el combate a la evasión sin incrementar impuestos en términos reales. El impuesto sobre la renta conserva su componente progresivo y el gasto público refuerza la redistribución. La legislación prevé salvaguardas contra la reducción de recursos para áreas prioritarias, y los anexos transversales del presupuesto permiten dar seguimiento a estas asignaciones. En 2026, el anexo dedicado a los cuidados suma aproximadamente 24 mil 900 millones de dólares para pensiones, salud, becas y servicios de cuidado. En lo sectorial, la pensión para personas adultas mayores, hoy un derecho constitucional, llega a 13.7 millones de personas. Se creó también el Servicio Universal de Salud, con 12,750 nuevos consultorios de atención primaria. se invierten cerca de 6,500 millones de dólares en 17 proyectos hídricos estratégicos y el programa de vivienda para el bienestar cuenta con 1,789,925 dólares en el presupuesto de 2026, con la meta de construir 1.8 millones de viviendas en el sexenio. En cuanto al tema también de inseguridad alimentaria, México ha fortalecido la realización progresiva del derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad mediante la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario, coordinada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Esta estrategia orienta sus acciones prioritariamente hacia poblaciones en situación de vulnerabilidad, especialmente niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas y en período de lactancia, personas con discapacidad, personas adultas mayores y población que habita en comunidades rurales, indígenas y localidades con altos niveles de marginación y rezago social. Para ello, articula cuatro programas complementarios: alimentación escolar, atención alimentaria en los primeros mil días de vida, atención alimentaria a personas en situación de vulnerabilidad y atención alimentaria a personas en situación de emergencia o desastre. El Estado mexicano fortalece la seguridad alimentaria de grupos prioritarios y contribuye al ejercicio efectivo del derecho a la alimentación, con especial atención a las personas que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad social y económica. México reconoce el derecho a la alimentación adecuada como un elemento esencial para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, y para la construcción de condiciones de bienestar e igualdad. Por ello, impulsa acciones orientadas a promover hábitos de vida saludables, fortalecer la seguridad alimentaria y garantizar la protección reforzada de los derechos de la niñez. Los resultados también hablan por sí mismos. De acuerdo con cifras oficiales, entre 2018 y 2024, la carencia por acceso a una alimentación nutritiva y de calidad disminuyó del 22.2% a 14.4% de la población. lo que representa una reducción de 8.7 millones de personas. Asimismo, la población que vive en hogares con seguridad alimentaria aumentó de 60.5% a 73.2%, mientras que los hogares con seguridad alimentaria y dieta diversa pasaron de 56.7% a 69.4%. Dentro de estas estrategias de garantizar la salud y la alimentación de las personas, tenemos un gran avance en el país, que es el etiquetado frontal y comida en las escuelas. En línea con esta política de alimentación saludable, México aplica un etiquetado frontal obligatorio a todos los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, nacionales o importados, que se comercializan en el país. Cinco sellos de advertencia informan de manera clara y veraz el exceso de calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio, y dos leyendas precautoras señalan que los productos con cafeína o edulcorantes no son recomendables para niñas y niños. La norma prohíbe, además, que los envases utilicen personajes infantiles, dibujos animados, celebridades o elementos interactivos dirigidos a la niñez para incitar su consumo. Continuaremos con este diálogo y la garantía de este derecho en las siguientes preguntas. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Es cuanto, señora presidenta, en este bloque de respuestas. Gracias.
Gracias, Excelencia. Ofrezco la palabra a los miembros que tengan preguntas complementarias. El señor Ennebel desea intervenir, también el señor Fiorio, la señora Lemus de Vásquez, el señor Bindfur y la señora Rossi. Primero, señor Ennebel, adelante.
Muchas gracias, señora presidenta, por darme la palabra. Gracias también a la delegación mexicana. que hoy están completando la información, muchas respuestas muy largas en las que han hablado de diferentes retos. Y a mí me gustaría hacer algunas preguntas de seguimiento, complementarias, que cubren varios de los temas que hemos tratado ya. Voy a intentar ser bastante preciso en las preguntas. La primera, sobre la reforma judicial y el recurso efectivo que se les ha ofrecido a las jueces y magistrados cuyos cargos se han extinguido con la reforma. Es decir, ¿cómo protege el Estado la carrera y la independencia de estos jueces que también son garantes de los derechos económicos, sociales y culturales cuando dictan sentencias sobre elementos de protección de los DESC? Pero como ellos no pueden recurrir a esa reforma constitucional, ¿qué otros recursos tienen a su alcance cuando hay posibilidad de que se vulneren sus derechos? Y luego otra pregunta sobre la reforma del artículo 127, que ha fijado un nuevo umbral para pensiones que ya se habían aprobado y se están pagando. ¿Cuántas pensiones se han reducido y cuánto, en qué proporción? ¿Han hecho alguna evaluación de impacto de lo que ha sucedido con ellas? ¿Y cómo justifica el Estado las exenciones que se han previsto para algunas categorías? ¿Las personas afectadas por estas medidas tienen algún recurso? o pueden presentar algún recurso por lo que ha sucedido. Luego paso a preguntarles por los medicamentos. Me gustaría saber si tienen datos sobre qué sucede cuando o cómo sufragan las familias algunos medicamentos básicos, qué sucede cuando se agotan determinados medicamentos. Y luego entendemos que han pasado por el INSABI, el INSS Bienestar. Entonces, con estos cambios en el servicio, ¿cómo se ha hecho para garantizar la calidad del servicio? ¿Y qué recursos piensan destinar a garantizar unos efectivos suficientes y cómo van a hacer para dar una remuneración equitativa, sobre todo a los profesionales de la salud, en especial en las zonas rurales y marginadas. Y por último, vuelvo a un tema que ayer no pudimos tratar en detalle, que es sobre el catálogo nacional de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Para poder inscribirse en ese catálogo, O inscribirse en este catálogo permite a los inscritos acceder a un fondo de ayudas, pero potencialmente quedan fuera comunidades migrantes, urbanas, desplazadas que no podrían inscribirse ahí. Entonces nos gustaría saber qué criterios han salido de admisión para ser inscritos ahí. Gracias.
Gracias, señor Fiorio, tiene la palabra.
Muchas gracias por la palabra. Es sumamente interesante la cantidad de cosas que hemos visto durante este diálogo y realmente tengo muchísimas preguntas, así que haré algunas ahora y más tarde, en otro segmento, continuaré haciendo consultas sobre artículos 10, 11 y 12. Por ahora me gustaría consultar sobre derecho al agua y saneamiento. ¿Cuál es el estado del proceso de adopción? de la Ley de Aguas y cuál es el calendario previsto para su aprobación y eventual aplicación, garantizando la participación efectiva de las comunidades y organizaciones interesadas? Por otro lado, ¿qué medidas garantizan la seguridad del agua para el consumo humano, previenen la contaminación y la sobreexplotación de acuíferos, y reconocen y financian adecuadamente los sistemas comunitarios de agua y saneamiento en el país? ¿Cómo garantiza el Estado el monitoreo permanente y la publicación de información fiable sobre la calidad del agua, así como la participación comunitaria en el diseño, ejecución y evaluación de los planes de saneamiento y restauración? ¿Qué medidas permiten identificar y sancionar a las empresas responsables de descargas contaminantes y garantizar la reparación de los daños ambientales y sanitarios? ¿Qué regulaciones y medidas prevén los riesgos del fracking para la disponibilidad y calidad del agua, la salud, el medio ambiente y especialmente donde prima el estrés hídrico? Por otro lado, en relación a contaminación ambiental y efecto de la salud, preocupan los más de 1100 sitios registrados con sustancias tóxicas a los efectos de la contaminación industrial. En este sentido, ¿qué medida garantiza la identificación y la vigilancia de los efectos sanitarios y la exposición a sustancias tóxicas, incluidos cáncer, enfermedades renales, daños neurológicos, problemas de salud reproductiva, así como la atención médica especializada y la remediación ambiental? ¿Existe un programa integral de vigilancia epidemiológica y reparación de daños? con recursos suficientes y la participación de poblaciones afectadas? En relación a vivienda, preocupan los desalojos forzosos y la situación de personas desplazadas internamente en el país, especialmente comunidades indígenas afectadas por violencia, conflictos territoriales y megaproyectos. ¿Qué datos actualizados existen sobre desalojos forzosos, hogares afectados y personas desplazadas internamente en este contexto? ¿Y qué medidas garantizan su prevención, alojamiento alternativo y reparación adecuada? ¿Cómo garantiza el Estado el acceso de las personas y comunidades desplazadas a programas de vivienda y servicios básicos, incluso fuera de territorios de origen? En relación a situaciones de emergencia, ¿Qué medidas permitirán pasar de la asistencia de emergencia a una política de reparación integral que contemple, cuando corresponda, la restitución de tierras, viviendas y medios de subsistencia? Sobre vivienda social y asequibilidad: ¿Qué medidas prevé adoptar el Estado para reducir el déficit habitacional facilitar el acceso al suelo y fortalecer la producción social del hábitat, incluida la autoconstrucción, garantizando viviendas asequibles para los sectores más vulnerables y evitando su excesivo endeudamiento para esta finalidad. ¿Qué alcance, criterios de elegibilidad y resultados tienen los programas de apoyo a la vivienda que hoy se aplican en el país y cómo garantiza que se beneficien efectivamente los hogares de menores ingresos. Y por último, comunidades indígenas en contextos urbanos. ¿Qué medidas garantizan que las comunidades indígenas urbanas, migrantes o desplazadas accedan en igualdad de condiciones a agua potable, saneamiento, vivienda e infraestructura social sin exclusiones injustificadas por criterios administrativos o de registro o territorialidad. Dejo hasta aquí mis preguntas por ahora, estaré retornando con otras más adelante. Muchas gracias.
Gracias al señor Fiorio. Ahora tiene la palabra la señora Lemus de Vázquez. Adelante, por favor.
Muchas gracias, señora presidenta, y gracias a la delegación por la información que nos han brindado esta tarde. Tengo preguntas en dos temas particulares. El primero sobre salud, en lo que refiere a salud mental. Según la información recibida, el Estado no ha adoptado acciones para operativizar la reforma de 2022 a la Ley General de Salud, ni se habría actualizado el programa de acción específico sobre salud mental y adicciones. y que además persisten los internamientos involuntarios, sobre todo en centros privados, que concentrarían más del 80% de la oferta de tratamiento. En este sentido, ¿qué medidas concretas ha adoptado el Estado para aplicar la prohibición del internamiento involuntario, incluidos los mecanismos de supervisión y sanción de los centros privados? ¿Y qué servicios comunitarios y de atención primaria han creado en sustitución del modelo institucional? Podrían proporcionar información actualizada sobre la cobertura, el número de profesionales de salud mental por cada 100.000 habitantes, el presupuesto asignado y su distribución territorial, así como sobre el abastecimiento de medicamentos psiquiátricos que entendemos fue afectado por una crisis en 2022 y 2023. Y por último, sobre personas con discapacidad. La ley general para la inclusión de las personas con discapacidad establece el establecimiento de un consejo nacional, un programa nacional y un sistema nacional. ¿Pueden por favor indicar si se ha instalado el consejo y su junta de gobierno? ¿Y cuándo planea el Estado contar con el Programa Nacional Integral que garantice una política transversal de inclusión de las personas con discapacidad? más allá de los instrumentos sectoriales como la pensión, el programa de empleo o los subsidios de los que ya consultamos ayer. Gracias.
Gracias, señora Gracuneu-Tatu, tiene la palabra.
Gracias. Yo también le deseo una cordial bienvenida a la delegación. Es la primera vez que hago uso de la palabra. A mí me gustaría volver a una pregunta que salió ayer, que planteó la relatora de país, y me gustaría reformularla un poco para ver si nos dan una respuesta. Voy a hablar de las personas que están en situación migratoria o de refugiado diferentes, incluyendo personas deportadas de Estados Unidos que de facto están detenidas en unos centros de acogida, en unos centros de los servicios sociales y a veces estas personas permanecen detenidas durante mucho tiempo, hasta un año. Y nos han llegado informes o noticias que dicen que los derechos económicos, sociales y culturales básicos de estas personas no se están garantizando. Entonces, me gustaría pedirle a la delegación que nos dé un poco más de información sobre la cantidad de personas que están en esta situación y cuál es exactamente esa situación. Y luego, no sé si nos pueden de alguna manera demostrar que estas personas pueden efectivamente acceder a toda la gama de derechos económicos, sociales y culturales mientras permanecen ahí detenidas de facto en estos centros. Y cuando pasemos al grupo 4 haré algunas preguntas adicionales. Gracias.
Gracias a usted. El señor Bindfur tiene la palabra. Adelante.
Gracias.
Voy a volver a las cuestiones de alimentación y nutrición. Gracias por todos los detalles que nos ha dado en cuanto al derecho a la alimentación y las medidas que han tomado. Ahora, los indicadores de resultado: los niños con retraso de crecimiento han bajado del más del 20 % en 2018 a un 10 % aproximadamente en el último estudio. se ha mantenido estable, pero ha habido un ligero aumento de nuevo. Las últimas cifras que tenemos son un 13 y algo por ciento. Y ayer hablábamos de la pobreza extrema hacia el sur del país, Chiapas, Querero, Oaxaca. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el eslabón que falta ahí o qué más hay que hacer en cuanto a los ingresos u otras cuestiones para resolver este problema? Me gustaría saber qué piensan ustedes al respecto. Lo otro, el problema con la alimentación no es solo que no haya, sino que a veces la alimentación no es la mejor o no es la adecuada. Y este problema de la obesidad, por ejemplo, la obesidad en el año 2000 era más de un 20% en el país y ahora va por más de un 37%, así que se ha casi duplicado. Y si nos fijamos en los grupos etarios, los niños de 5 a 11 ha aumentado de un 12,3 a un 19% y en otro grupo de edad ha pasado igual, de un 11 y algo por ciento a una cifra mucho más elevada. Entonces, en conclusión, que es un problema De salud, sabemos que tienen ustedes una política, por ejemplo, para el consumo de azúcar, que tienen unas directrices para vender alimentos adecuados. Pero las cifras de obesidad son preocupantes, son alarmantes. Entonces, quisiéramos preguntarles qué piensan hacer para tratar esta cuestión. Sabemos que no es nada fácil y hay muchísimos países y sociedades que tienen el mismo problema, pero al parecer en su país es un problema particularmente grave, de hecho, uno de los principales problemas de salud. Y nos gustaría saber qué piensan hacer.
Gracias, señora Rossi.
Presidenta, y saludo a la delegación y le agradezco por la información que nos han provisto hasta el momento. Yo quería agregar al tema del ambiente, recursos naturales y derecho a la salud, a lo planteado por el colega Fiorio en el siguiente sentido. El relator especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos visitó México en marzo de 2026. Y entre otras cuestiones, en su informe final manifestó su preocupación por la proliferación de zonas de sacrificio a lo largo del país y la persistencia de conflictos socioambientales vinculados al modelo de desarrollo industrial y económico que provoca grandes cantidades de sustancias peligrosas y residuos que envenenan ecosistemas y personas. Y entre sus recomendaciones, urgió al Estado a alcanzar un compromiso de descarga cero de contaminantes tóxicos. por parte de los procesos industriales y también adoptar un plan integral nacional, coordinado entre la Federación y los Estados, para remediar y restaurar los pasivos ambientales derivados de actividades relacionadas con hidrocarburos, incluido el fracking, brindando atención médica además a las comunidades afectadas, con especial atención a los niños que viven cerca de las refinerías. Si nos pueden, en todo caso, comentar qué medidas están adoptando en respuesta a las recomendaciones del Relator, y también si nos pudieran comentar sobre las iniciativas para prohibir el uso de la técnica del fracking en el territorio del Estado, y cómo responden a las demandas de las organizaciones sociales e indígenas en este sentido, en tanto existe ya al momento abundante evidencia sobre las amenazas que provoca esta técnica al agua, al ambiente, a la salud, etcétera. Y en ese sentido, también quizás volver sobre la pregunta del amparo y las restricciones a la ley nueva de 2025, porque es un mecanismo fundamental para la defensa justamente del derecho al ambiente y ha sufrido restricciones. Y entonces es como contradictorio, en todo caso, con una política de protección al ambiente. Y por último, una pregunta sobre política de drogas. Según reportes que hemos recibido, los servicios de reducción de riesgos y daños en México Operan en un contexto de ausencia de una política pública nacional vinculante, lo que ha impedido que estas intervenciones se consoliden como una obligación exigible del Estado. Y por otro lado, la Ley General de Salud, mediante medicamentos esenciales para la atención de sobredosis, como la naloxona, bajo regímenes de control, o sea, están bajo regímenes de control excesivamente estrictos, Y entonces ha obstaculizado el acceso a tratamientos sustitutivos, también como la metadona, que se utiliza para terapias de mantenimiento o de rehabilitación a consumidores, sobre todo, de heroína. Simplemente sería cómo responden al respecto. Muchas gracias.
Muchas gracias por las preguntas de seguimiento. Han sido muchas. Les pedimos entonces, por favor, que respondan lo más que puedan en 20 minutos y después veremos si hay más tiempo adelante.
Embajadora Presidenta, le cedo el uso de la palabra al doctor Villanueva. Doctor Villanueva, adelante, por favor.
Muchas gracias, Embajadora. Bueno, es agradecer todo este diálogo y estas preguntas tan valiosas que nos hacen. de toda la transversalidad que implica la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el país, y procuraremos dar la atención más integral. En el ámbito respecto de la obesidad, en México hemos implementado lineamientos para la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas en el sistema educativo nacional, que han sido aplicables a más de 264 mil escuelas públicas y privadas, señor Winful. Se prohíben la venta de comida chatarra y buscan erradicar los productos ultra procesados, lo cual es aplicable a las más de 264 mil escuelas públicas y privadas. Asimismo, tenemos la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, en la que el 86% de los planteles educativos ya ha eliminado la venta de comida chatarra. Cerca de 2 millones de personas se han capacitado en línea y se han distribuido 300 mil manuales para quienes preparan y venden alimentos en las 32 entidades federativas. Los directivos, los docentes, las madres y padres de familia participan en la vigilancia del cumplimiento, a efecto de garantizar que nuestras niñas, niños y adolescentes tengan acceso a alimentos nutritivos. En ese sentido, también quiero atender las preguntas que también hizo la experta Lemus y el experto Fiorio en cuanto al tema de importantísimo para México respecto de salud mental, también prevención del suicidio y atención de las adicciones que igual refirió la experta Rosi. En ese sentido, en México tenemos una política integral de salud mental y también de atención a las adicciones basadas en los derechos humanos, la atención comunitaria, la interculturalidad y la perspectiva de género. Estas acciones contribuyen a los objetivos de bienestar, justicia social y reducción de desigualdades previstos en nuestro Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Así, hemos fortalecido la prevención, la atención oportuna y el acceso efectivo a los servicios de salud mental para todas las personas. La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones coordina la implementación de estrategias de promoción, prevención y atención en todo el país mediante un modelo comunitario centrado en la recuperación psicosocial. Existen múltiples iniciativas, pero destaca la Estrategia Nacional ABC de las Emociones, orientada a fortalecer las habilidades socioemocionales de adolescentes y jóvenes, una estrategia nacional para la prevención del suicidio, el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, así como la Estrategia por la Paz y contra las Adicciones. Para ejemplificar la dimensión de la implementación de todas estas medidas, Desde el inicio de la actual administración, desde 2024 y hasta el segundo semestre de 2026, se realizaron 1,655,292 actividades de promoción y prevención, beneficiando a casi 11 millones de personas en todo el país. Se han desarrollado múltiples ferias, jornadas y foros estatales dirigidos a promover la salud y prevenir las adicciones. Se han conformado brigadas comunitarias de salud que han capacitado a 7,470 personas. Estas personas capacitadas en prevención del comportamiento suicida han reflejado en 483,000 personas que han participado en estas actividades comunitarias de prevención. Además, 16,597 integrantes del personal de salud y 22,566 de la comunidad educativa recibieron capacitación en salud mental y prevención de las adicciones. También hemos fortalecido nuestra atención especializada en esta materia. Entre octubre del 24 y junio de 2026, las unidades adscritas a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones brindaron 73,698 consultas de primera vez. 313,984 consultas subsecuentes especializadas, 40,882 atenciones de urgencias psiquiátricas y más de 7,890 egresos hospitalarios. Esto refleja todas las acciones que se hacen. Y para ejemplificarlo un poco más, la estrategia presidencial por la paz y contra las adicciones reforzó las acciones preventivas en comunidades y escuelas. Entre septiembre de 2025 y junio de 2026, casi un año, se realizaron 25 mil 259 mil actividades comunitarias con la participación de más de 1.5 millones de personas, mientras que 153 mil jóvenes participaron en actividades de orientación y prevención y 4805 fueron canalizadas a servicios especializados. En el tema específico de la infraestructura que se tiene para equipamientos de salud y los servicios respectivos, debemos señalar que México contenía fortaleciendo esta infraestructura y capacidad operativa del sistema de salud con el objeto de avanzar en la garantía progresiva del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. En ese sentido, los resultados en esta estrategia muestran avances concretos. Entre septiembre de 2025 y julio de 2026 se concluyeron 17 obras de infraestructura sanitaria, incluyendo hospitales generales, hospitales comunitarios, centros de salud y unidades especializadas de atención médica y salud mental. Los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro para el Bienestar cuentan con 10,557 establecimientos de salud, integrados por 9,610 unidades de primer nivel, 629 unidades de segundo nivel, 69 unidades de tercer minel y 100,113 unidades médicas móviles, lo que permite acercar servicios a comunidades rurales y de difícil acceso. Asimismo, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado impulsa una estrategia de fortalecimiento de la atención primaria mediante la expansión de consultorios de salud. Actualmente se encuentran en proceso 500 consultorios de atención primaria, de los cuales 62 ya operan, contribuyendo así a reducir brechas territoriales y ampliar coberturas en zonas con acceso limitado a servicios de salud. Además, estas acciones se complementan con el fortalecimiento del servicio universal de salud, la modernización hospitalaria, el desarrollo de la telemedicina y el uso de información estadística para orientar la toma de decisiones basada en evidencia. Todo este conjunto de actividades demuestra la atención que tiene el Estado mexicano a el derecho a la salud. Y en lo particular, respecto del tema de abasto de medicamentos e insumo para la salud que nos hicieron las preguntas las personas expertas, reconocemos también la disponibilidad o que la disponibilidad oportuna de medicamentos. material de curación e insumos para la salud, constituye un componente esencial del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Una de las principales acciones que el Estado mexicano ha implementado son las farmacias del bienestar, estrategia articulada con el programa Salud Casa por Casa y el modelo de atención primaria de la salud. Se realizan visitas domiciliarias, personal de salud identifica necesidades, emite recetas y facilita el acceso oportuno a medicamentos para enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y dislipidemias. La estrategia inició con un proyecto piloto para el Estado de México y así avanza hacia la consolidación de una red nacional de más de 5200 farmacias del bienestar y 1000 puntos de dispensación automatizada. con el objetivo de acercar medicamentos a las comunidades y reducir así barreras asociadas con la distancia, los costos de transporte y los tiempos de espera. Por su parte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ha fortalecido sus procesos de adquisición y distribución mediante el Centro Nacional de Distribución, la receta electrónica y sistemas de trazabilidad de inventarios. Entre octubre de 2024 y agosto de 2026, recibió 449.5 millones de piezas de medicamentos y material de curación y distribuyó 433.3 millones de piezas en todo el país. Actualmente, registra niveles de abasto de 98% en el Centro Nacional de Distribución y de 97.9% en las farmacias clínicas y en los hospitales. Asimismo, durante 2026 se fortaleció la coordinación interinstitucional para garantizar la disponibilidad continua de métodos anticonceptivos, beneficiando así a más de 4.2 millones de personas usuarias, contribuyendo al ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos. Sería por cuanto en la pantería de abastecimiento, señora embajadora.
Muchísimas gracias, doctor Villanueva. Me gustaría iniciar esta respuesta con la pregunta precisa que hizo la experta Tatoo sobre migrantes. Es muy importante aclarar que no hay detención de mujeres migrantes a la fuerza. Si no acreditan su regular estancia en México, se les rescata. Se presentan en una estación migratoria para iniciar su procedimiento administrativo en el máximo de 36 horas. El Instituto Nacional de Migración realiza estas acciones de control en apego a los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la unidad familiar y la no discriminación. Desde enero de 2021, las niñas, niños y adolescentes no son albergados en estaciones migratorias, son canalizados al DIF, Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, para emitir el plan de restitución o medida de protección correspondiente. También me gustaría responder la pregunta elaborada por la doctora Rosy sobre la visita del experto en desechos tóxicos, marco Orellana, y específicamente el tema del fracking. En México no se extraen hidrocarburos mediante la técnica de fracking. No obstante, se está evaluando la utilización de prácticas operativas y tecnologías de menor impacto ambiental. En tanto no se demuestre que este aprovechamiento es posible sin impacto ambiental o a la población, no, repito, no se desarrollará ningún proyecto en yacimientos de baja permeabilidad. Respecto a la pregunta hecha por el doctor Fiore sobre el derecho humano al agua y saneamiento, doctor Fiore, permítame comentarle que México reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento como un derecho fundamental para una vida digna y para el ejercicio de otros derechos humanos. En este sentido, durante la presente administración se fortaleció el marco jurídico nacional mediante la aprobación de la Ley General de Aguas, reglamentaria del artículo 4 constitucional, con el objetivo de reforzar la garantía de este derecho y fortalecer la rectoría del Estado en la gestión sostenible del recurso hídrico. Asimismo, el Plan Nacional Hídrico 2024-2030 y el próximo Programa Nacional Hídrico 2026-2030 orientan las acciones gubernamentales para ampliar el acceso al agua potable, reducir desigualdades territoriales, fortalecer la adaptación al cambio climático y mejorar la gestión integral del recurso. Entre las principales acciones destacan el acuerdo nacional por el derecho humano al agua y la sustentabilidad, la ejecución de 17 proyectos estratégicos de infraestructura hídrica con una inversión sextenal estimada en 122 600 millones de pesos, el fortalecimiento del programa de agua potable, drenaje y saneamiento, y las acciones de saneamiento en cuencas prioritarias como los ríos Lerma, Santiago, Atoyac y Tula. Adicionalmente, se ha fortalecido la transparencia y la gestión administrativa mediante el Registro Nacional del Agua para el Bienestar. Por su parte, el Poder Judicial ha consolidado criterios relevantes para la protección efectiva de este derecho. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reafirmado que el acceso al agua debe garantizarse bajo los principios de disponibilidad, calidad, accesibilidad física y económica, no discriminación y acceso a la información. Asimismo, ha fortalecido la protección en situaciones de vulnerabilidad, incluyendo a niñas y niños, comunidades agrícolas de subsistencia y pueblos y comunidades indígenas, reconociendo la obligación de realizar consultas previas, libres e informadas cuando decisiones públicas pueden afectar sus recursos hídricos o territorios. Respecto a la pregunta sobre el derecho a la vivienda adecuada, permítanme, expertos, comentarles que a través del programa Vivienda para el Bienestar, el Estado mexicano busca ampliar el acceso a soluciones habitacionales para los hogares de menores ingresos mediante la construcción de vivienda nueva, acciones de mejoramiento, regularización de la propiedad y fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento. Asimismo, la estrategia prioriza a mujeres, personas adultas mayores, jóvenes, personas con discapacidad, comunidad indígena y afro-mexicanas, así como a otros grupos en situación de vulnerabilidad. Para este 2026, el presupuesto de egresos de la Federación se destinaron 1,789,925 dólares, al programa de vivienda para el bienestar a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el programa de vivienda social. Como parte de esta política, se estableció una meta sexenal de 1.8 millones de viviendas nuevas, complementada con acciones de mejoramiento y regularización. La Comisión Nacional de Vivienda participa con una meta de 500,000 viviendas, mientras que el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores contribuye con la construcción de 1.2 millones de viviendas orientadas principalmente a personas trabajadoras de menores ingresos. Los avances son significativos. al 31 de julio de 2026 se habían entregado 5,305 viviendas nuevas, 717,989 créditos y apoyos para mejoramiento de vivienda, 336,724 acciones de regularización y certeza jurídica. Asimismo, más de 5.000.000 de personas acreditadas fueron beneficiadas mediante programas de mejora de créditos o liquidación de adeudos. Respecto al derecho a la salud, a las personas con discapacidad, que también fue una pregunta planteada por los expertos, permítanme comentarles que México reconoce que las personas con discapacidad son titulares plenas del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental en condiciones de igualdad y sin discriminación. En consonancia con el ya mencionado Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el Estado impulsa políticas orientadas a eliminar barreras físicas, comunicacionales, administrativas y sociales que históricamente han limitado el acceso efectivo a los servicios de salud. Una de las principales estrategias es el programa de salud casa por casa, que también mencionamos ayer, que acerca servicios médicos y preventivos directamente a los hogares de personas adultas mayores y personas con discapacidad permanente. Esta estrategia permite superar obstáculos de movilidad y accesibilidad que dificultan el acceso a la atención médica. y para el 30 de junio de 2026 se habían realizado 8.8 millones de visitas domiciliarias, equivalente al 88.7% de la meta programada para el periodo. Asimismo, la Secretaría de Salud continúa fortaleciendo el modelo de atención a la salud con mecanismos incluyentes, orientado a promover servicios accesibles, incluyentes y libres de discriminación. Entre 2025 y el tercer trimestre de 2026 se incorporaron 223 unidades de salud a este modelo. Durante el mismo período se registraron más de 55,000 atenciones en ventanillas de atención incluyente. incluidas 6,707 atenciones a personas con discapacidad, así como 6,369 usos de apoyo para accesibilidad, entre ellos dispositivos de apoyo visual y auditivo, equipamiento adaptado y herramientas de accesibilidad física. De manera complementaria, se fortaleció la capacitación del personal de salud en lenguas de señas mexicanas aplicadas a la salud. Finalmente, los servicios de salud para personas sin seguridad social también ha sido fortalecida la certificación de establecimientos para la valoración de la discapacidad, promoviendo un enfoque biopsicosocial que considera tanto las condiciones de salud como las barreras presentes en el entorno de las personas. Muchas gracias, señora Presidenta.
Gracias, Excelencia. Hemos concluido entonces las preguntas de seguimiento de los tres primeros grupos de preguntas. Pasaremos ahora al grupo cuatro. Para ello, pido a la señora Laura María Raschigna Totu que haga las preguntas. Cuenta con 10 minutos.
Bien, pues comienzo con las preguntas del grupo 4, los artículos 13 y 14, derecho a la educación, y luego también el artículo 15, derecho a participar en la vida cultural. y luego plantearé ocho cuestiones en cada caso. Dieciséis en total, si el tiempo me lo permite, y si no, bueno, pues aprovecharé el espacio de seguimiento. Comienzo con el derecho a la educación. La primera cuestión que quisiera mencionar tiene que ver con el gasto público en educación y la inversión por estudiante. El gasto público en educación Y bueno, también voy a mencionar la beca Rita Certina, que ya se mencionó al comienzo del debate, la mencionó su excelencia, la embajadora Escobar. Con respecto al gasto público en educación, se ha reducido en los últimos cinco años, cayendo a un 3,19% del PIB en 2026, que es el nivel más bajo desde el año 2018. Y actualmente Casi el 20% son transferencias en efectivo a la beca Rita Certina. Y luego, en cuanto a la inversión por estudiante, México es el último de los 38 miembros de la OCDE, con un gasto anual por estudiante de escuela primaria de casi 3000 dólares estadounidenses, pero el promedio internacional es casi 12000 dólares estadounidenses, lo que quiere decir que el promedio internacional es casi cuatro veces superior. Además, hay países en la región con un PIB inferior que dedican más recursos por estudiante que México. Entonces, la pregunta sería: ¿nos podrían explicar esta reducción del gasto público en educación? ¿Cómo se armoniza esto con las obligaciones que tiene México en virtud del artículo 2 del Pacto, dígase ir logrando de manera progresiva el derecho a la educación, teniendo en cuenta los recursos disponibles y el principio de no retroceder? En el futuro, ¿tienen ustedes planes para aumentar el gasto público en educación? Y de ser el caso, ¿qué datos tienen que puedan compartir con nosotros? En segundo lugar, tienen previsto ajustar la inversión anual por estudiante a todos los niveles educativos para irse acercando cada vez más a ese promedio internacional. Ahora, en cuanto a la beca Rita Certina, este programa social, este programa ha recibido varias críticas. Se considera una beca universal por las transferencias de efectivo, pero las críticas dicen que podría ampliar las desigualdades entre los diferentes estados, porque llega la misma ayuda a todas las regiones, sean ricas o pobres, y no se tienen en cuenta las diferencias en cuanto a vulnerabilidades. Y el programa no parece haber mejorado la cobertura, la retención o el aprendizaje, sino que parece haber creado un sistema que da prioridad a las transferencias y no a mejorar el capital humano. Entonces, la pregunta sería: ¿qué respuesta tienen ustedes a estas críticas? ¿Han hecho una evaluación de impactos de la beca Rita Zeretina? ¿Han analizado si puede contribuir a la cobertura, retención, aprendizaje? y qué puede hacer para reducir las altas tasas de abandono escolar en el país. Lo segundo tiene que ver con educación primaria gratuita y para todos, y el hecho de que hay costes ocultos o indirectos de facto. Empiezo felicitándola por las mejores tasas de matriculación en la educación primaria, pero también se nos ha informado que el Estado parte no ha eliminado todos esos costos ocultos en la educación primaria, por ejemplo, libros, uniformes, tasas administrativas, que siguen pagando las familias de los educandos. En 2018, este Comité recomendó la eliminación de estos costes de facto y ocultos en la educación primaria, y ustedes, en la respuesta a la lista de cuestiones, ya indicaban que la legislación constitucional y subsidiaria garantiza la educación primaria gratuita, pero no respondían a la pregunta que les hacíamos. Entonces, quisiera preguntarle: Si ya han eliminado todos los costes ocultos en la educación primaria, de haberlo hecho, nos pueden decir qué medidas han tomado y en qué medida contribuyeron esas medidas a la erradicación del fenómeno. Y de no haberse logrado aún, de no haberse resuelto aún, Y si existen aún esos costes de facto, nos pueden explicar qué medidas piensan tomar para eliminar estos costes indirectos a la educación primaria. Lo tercero, educación secundaria y terciaria. Hay bajas tasas de matriculación y altas tasas de abandono escolar. matrícula y continuación de la educación secundaria sigue siendo difícil, sobre todo para las niñas, niños de diferentes orígenes étnicos, niños con discapacidades, zonas rurales o remotas y también niños de comunidades indígenas. Además, el acceso a la educación terciaria es limitado y depende mucho de la situación económica de los futuros estudiantes o de su contexto cultural. Entonces, la pregunta sería: ¿Podrían proporcionarnos datos desglosados y explicarnos cómo las medidas que ha tomado su gobierno abordan la cuestión y qué impactos han tenido esas medidas para la matriculación y la retención en la educación superior, niñas, niños con discapacidad, niños de diferentes contextos, zonas rurales y también niños de comunidades indígenas? Y por favor, datos tanto para educación secundaria como para educación terciaria. Luego.
Sobre la situación de los niños en diferente situación migratoria y los que están detenidos de facto en centros de asistencia social. Me gustaría mencionar que, bueno, voy a hacer varias preguntas. La primera que yo hacía no era sobre la detención de iure de las personas en situación migratoria, porque esto acarrea unas consecuencias judiciales y México dispone de un marco al respecto. Yo estoy preguntando más bien ahora por los migrantes detenidos de facto debido a su estatus migratorio. Según la información que habrá en nuestro poder, estas detenciones se hacen en estos centros de asistencia social, los CAS, que controla el Instituto Nacional de Migración, y ahí no hay ninguna reglamentación, porque esta entidad no se encarga de detener a las personas, sino de ofrecerles servicios sociales. Y claro, esto puede volverse problemático si estas situaciones de detención se prolongan en el tiempo. Entonces, lo que les pregunto es si nos pueden dar información que demuestre, que pruebe, que estos niños que están detenidos de facto en estos centros pueden acceder a todos sus derechos económicos, sociales y culturales mientras están en México, incluyendo si pueden acceder al derecho a la educación, que es un tema del grupo 4. Luego, sobre la alfabetización, la tasa de alfabetización, bueno, primero les felicito por los logros conseguidos en los últimos años. Ahora mismo la tasa de alfabetización ronda el 96%. Sin embargo, esta cifra es 10 puntos menor o incluso más menos en el sur del país, en Chiapas, en Guerrero o en Oaxaca, y se concentra sobre todo en alfabetismo entre población de edad, mujeres, comunidades indígenas y comunidades de zonas remotas o rurales. Nos gustaría saber si cubren a estos grupos con determinadas medidas específicas. Luego, la educación de los niños con discapacidad. Entendemos que ahí sigue habiendo lagunas. Hay obstáculos físicos y también sistémicos para acceder a diferentes niveles de educación en el sistema general ordinario. Entonces, las preguntas nos pueden dar más información al respecto. Y ahora paso a preguntarles por los derechos culturales. la protección de los conocimientos tradicionales y las medidas para evitar la apropiación cultural y la explotación comercial ilícita o las patentes de recursos genéticos y conocimientos indígenas tradicionales sin su consentimiento, sin una indemnización o sin que se reconozca a las comunidades locales. Entiendo que hay tensiones entre todo esto y los derechos de propiedad intelectual. En los últimos años ha habido muchas disputas jurídicas entre México y marcas internacionales, algunas bien conocidas, de la industria de la moda. Y esto ha sacado a la luz los límites del marco de reglamentación que tiene México sobre este tema. Y también se ha criticado la capacidad que tiene México para proteger debidamente el patrimonio cultural y los conocimientos indígenas frente a estas prácticas que les mencionaba. Entonces, aparte de la legislación general de 2022, ¿qué más medidas tienen para proteger a las comunidades indígenas de estas prácticas de apropiación cultural? Después, se ha reducido considerablemente el presupuesto reservado a cultura. Se trata de una reducción de más de un 20% entre 2017 y 2026. Entonces, les pediríamos que nos expliquen esta reducción del presupuesto, habida cuenta de que tiene la obligación de cumplir progresivamente lo que dispone el artículo 15. Y de momento esto es todo y haré más preguntas en la parte de seguimiento. Gracias.
Gracias, dice la Presidenta. Si les parece, hacemos una pausa de un par de minutos para que la Delegación prepare las respuestas. Tomen asiento, por favor, señoras y señores. Reanudamos la reunión y le doy la palabra a la distinguida delegación de México para que empiece a contestar a las preguntas que ha hecho la encargada del clúster 4. Y tienen media hora para contestar, adelante.
Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias a los expertos por las interesantes preguntas que nos han formulado. Y quisiéramos empezar justo por los derechos culturales. Varias preguntas que con mucha precisión nos hizo la experta Tatu. Y decirle, experta, que México reconoce que la cultura es un derecho humano fundamental y un componente esencial del bienestar, la cohesión social y el desarrollo sostenible. Y en este marco, las acciones impulsadas por la Secretaría de Cultura específicamente contribuyen y han contribuido a los objetivos del bienestar, justicia social, igualdad sustantiva y reducción de desigualdades previstos en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que ya he mencionado varias veces, mediante el fortalecimiento de la creación artística, la educación cultural, las industrias creativas y el acceso a bienes y servicios culturales. Déjeme comentarle, experta Tatu, que durante 2026 la inversión pública destinada a creación cultural, infraestructura y estímulos fiscales alcanzó 3320 millones de pesos, lo que representa un incremento del 37% respecto de 2025 Y 56% respecto de 2024. Voy a repetir el párrafo porque entiendo que no se hizo la traducción. Señora, tatu, experta, tatu, comentarle que durante 2026 la inversión pública, destinada creación cultural, infraestructura y estímulos fiscales alcanzó 3320 millones de pesos, lo que representó un incremento de 37% respecto de 2025 y de 56% respecto de 2024. Y estos recursos permitieron fortalecer apoyos a personas creadoras, infraestructura cultural y mecanismos de financiamiento para proyectos artísticos y audiovisuales. Uno de los principales instrumentos de apoyo fue el sistema apoyos a la creación y proyectos culturales, que entre 2025 y junio de 2026 otorgó 3010 estímulos para creadoras y creadores de distintas disciplinas. Asimismo, las convocatorias del Instituto Nacional de Bellas Artes. y literatura beneficiaron a 3454 personas creadoras mediante mecanismos públicos y transparentes de selección. Por ejemplo, también en materia cinematográfica, el programa de fomento al cine mexicano contó con recursos por 193 millones de pesos y respaldó 19.8% más proyectos que el año anterior. Adicionalmente, El Estímulo para la Creación Audiovisual en México y Centroamérica para Comunidades Indígenas y Afrodescendientes seleccionó 19 proyectos, fortaleciendo la participación de grupos históricamente subrepresentados en la producción audiovisual. La política de estímulos fiscales también se fortaleció mediante nuevos mecanismos de apoyo para el cine, las artes escénicas, las artes visuales, la música y el sector editorial. Destaca la creación del estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción audiovisual con una bolsa anual de 360 millones de pesos. Asimismo, se amplió la circulación cultural en todo el país. Durante 2026, el Circuito Nacional de Festivales por la Paz contempló 189 festivales, conciertos y actividades gratuitas, mientras que el Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos respaldó 149 festivales en las 32 entidades federativas, alcanzando aproximadamente 4.5 millones de asistentes. Entre junio de 2025 y junio de 2026 se realizaron 514,121 actividades artísticas y culturales, lo que representa un incremento de 39.5% respecto al período anterior. Durante el mismo período, la asistencia alcanzó 49.7 millones de personas, fortaleciendo el acceso de la población a bienes y servicios culturales en todo el territorio nacional. La cultura también constituye un sector estratégico para el desarrollo económico. Esto es un elemento muy importante, experta Tatu. De acuerdo con la Cuenta Satélite de la Cultura de México, durante 2024, el sector cultural generó 865,600 millones de pesos, equivalente a 2.8% del Producto Interno Bruto Nacional, y sostuvo aproximadamente 1.43 millones de puestos de trabajo. Asimismo, se fortaleció la difusión cultural mediante medios audiovisuales y plataformas digitales. Durante el período reportado, se transmitieron 13.900 horas de programación cultural con una cobertura potencial de 73.6 millones de personas, además de brindar servicios digitales a 2.4 millones de personas usuarias. Respecto a otra pregunta muy importante que la experta Tatu hizo sobre derechos culturales de los pueblos indígenas, permítanme, experta, expertos, comentar que México reconoce que los pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas son titulares de derechos culturales colectivos, incluido el derecho a preservar, fortalecer y desarrollar sus lenguas, conocimientos, expresiones culturales, patrimonio y formas de organización. En este marco, las acciones del Estado mexicano contribuyen a los objetivos de bienestar, justicia social, igualdad sustantiva y reducción de desigualdades. La política cultural impulsa acciones de revitalización lingüística, fortalecimiento de la actividad artesanal, protección del patrimonio cultural y reconocimiento de los derechos colectivos sobre los conocimientos y expresiones tradicionales de los pueblos y comunidades. Y entre los avances más relevantes destacan los planes de justicia y desarrollo regional que articulan acciones de infraestructura, cultura y educación y bienestar en territorios indígenas y afro mexicanos. Particularmente, el plan de justicia y desarrollo regional del pueblo amuzgo coordinó acciones federales por más de 1671 millones de pesos complementadas con recursos para rehabilitar casas de cultura, bibliotecas y espacios comunitarios en los estados federales de Guerrero y Oaxaca. Asimismo, México fortaleció la protección de los sitios sagrados indígenas. Destaca el decreto que reconoce y protege los lugares sagrados y rutas de peregrinación de los pueblos Huixarica, Nayarit, Odam, Adum y Mexicán. En este contexto, la ruta Huixarica fue inscrita por la UNESCO como Patrimonio Mundial en 2025 y se publicó el catálogo de lugares sagrados que registra 249 sitios de valor espiritual y cultural. En materia de fortalecimiento comunitario, el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias respaldó 327 proyectos culturales indígenas, mientras que las acciones de fomento artesanal beneficiaron a 38,324 artesanas y artesanos mediante apoyos para capacitación, fortalecimiento productivo y comercio justo. La preservación de las lenguas indígenas constituye otro eje prioritario. Durante el período reportado, se produjeron materiales en 32 lenguas indígenas nacionales, alcanzando a más de 1.4 millones de personas y fortaleciendo el acceso a contenidos culturalmente pertinentes. Asimismo, se fortalecieron los mecanismos de protección de los derechos colectivos sobre el patrimonio cultural indígena y afromexicano, mediante acciones de mediación y respuesta ante posibles usos indebidos, usos indebidos, repito, de expresiones culturales, diseños tradicionales e iconografía Esto puntualmente para responder a su importante pregunta experta. De manera complementaria, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes incorporó una perspectiva intercultural en proyectos de infraestructura mediante acciones de participación comunitaria, pertenencia cultural e incorporación de mano de obra local, Programas como los caminos artesanales contribuyen a reducir el aislamiento territorial y fortalecer las economías comunitarias, respetando la identidad cultural de los pueblos. También destaca la instalación del Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afro Mexicanos, así como la implementación de la estrategia Afro Mexicanidad por el derecho a la igualdad. orientada a fortalecer el reconocimiento de la memoria histórica, las identidades y las aportaciones culturales de las comunidades afromexicanas. Actualmente, México implementa 22 planes de justicia y desarrollo regional dirigidos a 35 pueblos indígenas y afromexicanos, fortaleciendo la coordinación institucional y la participación comunitaria en la atención de sus necesidades y en el ejercicio de sus derechos colectivos. México reconoce que personas que persisten desafíos relacionados con la protección efectiva del patrimonio cultural colectivo, la preservación de las lenguas indígenas, la prevención de la apropiación indebida de expresiones culturales y el fortalecimiento de la participación comunitaria. Por ello, continuará impulsando políticas que fortalezcan la libre determinación, la diversidad cultural y el desarrollo integral, intercultural y sostenible de los pueblos indígenas y de las comunidades afro-mexicanas. Adicionalmente, permítame comentarle, experta Tatu, que México mantiene una activa colaboración y participación en el marco de la Organización de la Propiedad Intelectual, Adoptamos el reciente adoptado tratado sobre conocimientos tradicionales asociados a la propiedad intelectual. Hemos implementado proyectos con la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en concordancia con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, relacionados con propiedad intelectual y personas con discapacidad, propiedad intelectual y mujeres indígenas, propiedad intelectual y migrantes. Es decir, consideramos que la propiedad intelectual es un elemento de desarrollo y lo estamos aprovechando al máximo en colaboración con instituciones y organismos internacionales. En cuanto a la pregunta de las becas sobre el bienestar, permítanme, expertos, expertas, comentarles que las becas para el bienestar constituyen una de las principales estrategias del Estado mexicano para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la educación y reducir las desigualdades que afectan el acceso, permanencia y conclusión de estudios. Estas acciones se sustentan en el artículo 4 constitucional y se alinean con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 en materia de bienestar, justicia social, igualdad sustantiva y reducción de desigualdades. La política prioriza el apoyo a estudiantes provenientes de hogares de bajos ingresos, localidades indígenas y comunidades con altos niveles de marginación, contribuyendo a que factores económicos no limiten la continuidad de las trayectorias educativas. A través de la beca universal. de educación básica Rita Cetina a la que se refirió particularmente la experta Tatoo, durante el ciclo escolar 2025-2026 se ejercieron 87,393 millones de pesos equivalentes a 4,650 millones de dólares en beneficio de 14.9 millones de niñas, niños y adolescentes pertenecientes a 11.1 millones de familias. De este total, 1.7 millones de estudiantes asistían a escuelas ubicadas en localidades indígenas y más de 817 mil estudiaban en planteles localizados en zonas de alta o muy alta marginación. Por su parte, La beca universal de educación media superior Benito Juárez destinó 41 mil 536 millones de pesos, equivalentes aproximadamente a 2 mil 300 millones de dólares, para beneficiar a 4.16 millones de estudiantes de educación media superior. Entre ellos, 209600 825 becarios y becarias cursaban sus estudios en escuelas ubicadas en localidades indígenas, fortaleciendo la permanencia escolar en una etapa particularmente vulnerable al abandono educativo. En el nivel superior, los programas jóvenes escribiendo el futuro, al cual ya me referí anteriormente, y la beca Hertrudis Bocanegra ejercieron 12,606 millones de pesos en beneficio de 470,024 estudiantes universitarios. Destaca que 59.4% de las personas beneficiarias fueron mujeres, contribuyendo al cierre de brechas de género en el acceso y permanencia en la educación superior. Asimismo, 73,796 estudiantes cursaban sus estudios en instituciones ubicadas en localidades indígenas. La ampliación progresiva de las becas para el bienestar refleja el compromiso del Estado mexicano con la construcción de un sistema educativo más inclusivo y equitativo, en el que ninguna persona vea interrumpida su trayectoria educativa por motivos económicos. México reconoce que persisten desafíos relacionados con las brechas educativas que afectan a determinadas regiones y grupos de población. Por ello, continuará fortaleciendo los mecanismos de apoyo y focalización para garantizar que los recursos lleguen prioritariamente a quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad, avanzando de manera progresiva hacia la plena realización del derecho a la educación. Ahora, si me permite, señora presidenta, cedo la palabra al doctor César Villanueva. Doctor César.
Gracias, embajadora. Y bueno, vamos a continuar con el conjunto de preguntas que amablemente nos hicieron llegar. Respecto del tema de la integración del catálogo nacional de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Me permito informar que este es un instrumento vivo, que no define por sí mismo ni por su naturaleza la existencia o no de comunidades. Lo que realmente hace es reconocer y registrar aquellas comunidades que así han deseado hacerlo, considerando y atendiendo las recomendaciones de la exrelatora sobre derechos de los pueblos indígenas en su visita a México en 2017. Entonces, sigue en constante actualización. En ese sentido, me gustaría ya adentrarme al tema de la obligatoriedad de la enseñanza en el Estado mexicano. La educación se rige como un derecho humano que debe garantizarse a lo largo de todo el ciclo de la vida. De conformidad con el artículo tercero constitucionalidad de la Constitución, el Estado tiene la obligación de impartir y garantizar la educación inicial. preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La Constitución establece que la educación impartida por el Estado es gratuita. Asimismo, la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior son obligatorias, lo que fortalece las condiciones de acceso y permanencia de todas las personas en el sistema educativo, sin discriminación y sin que existan barreras económicas para el ejercicio de este derecho. La política educativa mexicana reconoce además la importancia estratégica de la primera infancia para el desarrollo integral de las personas, por lo que impulsa acciones orientadas a garantizar el acceso oportuno a servicios educativos desde los primeros años de vida. Y en este ejercicio que tiene el Estado mexicano de garantizar el derecho a la educación en ejercicio de su soberanía, ha reconfigurado la manera en la que imparte y promueve la educación en México, la manera en que garantiza este derecho a nivel nacional. Por ello creó la nueva escuela mexicana. Es una política educativa que orienta la garantía del derecho a la educación a lo largo de toda la trayectoria formativa, desde la primera infancia hasta la educación superior y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Su propósito es fortalecer la inclusión la equidad, la excelencia educativa y la permanencia escolar, particularmente entre las poblaciones que históricamente han enfrentado mayores condiciones de desigualdad y que ahora el Estado mexicano las tiene como una de sus principales prioridades. Este modelo coloca en el centro del bienestar integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mediante una educación humanista, intercultural, inclusiva y vinculada con las realidades de cada comunidad. Durante el ciclo escolar 2025-2026, la educación preescolar atendió a 3.8 millones de niñas y niños, con una cobertura de 61.5%. En educación primaria se alcanzó una matrícula de 12.5 millones de estudiantes y una cobertura del 98%, mientras que la educación secundaria registró una matrícula de 6.3 millones de estudiantes, con una cobertura del casi 94%. Para fortalecer la implementación del modelo educativo y en atención a la pregunta que realizó sobre los costos respecto de la educación, me permito informarle que se distribuyeron 155.6 millones de libros de texto gratuito, en beneficio de 24.1 millones de estudiantes y 1.2 millones de docentes. Asimismo, se entregaron cerca de 1.5 millones de ejemplares del Plan y Programas de Estudio 2025, contribuyendo a consolidar la apropiación de los principios de la Nueva Escuela Mexicana en los centros escolares. De manera complementaria, se fortalecieron estrategias orientadas al bienestar integral de las comunidades educativas mediante contenidos y materiales relacionados con alimentación saludable, educación integral en sexualidad igualdad de género, cultura de paz, prevención de la violencia, educación ambiental, pensamiento científico y matemático, así como el fortalecimiento de las prácticas del lenguaje. También se impulsaron acciones específicas para fortalecer la educación intercultural mediante la actualización de los materiales dirigidos a pueblos indígenas y afromexicanos y formación docente orientada a una atención educativa más pertinente. En ese sentido, me permito abonar en la atención que hace el Estado mexicano a la infraestructura educativa mediante un programa valiosísimo que incluye a las comunidades en este esfuerzo de fomentar la integridad, que se llama el programa La Escuela es Nuestra. Esta es una de las principales estrategias que tiene el Estado mexicano para fortalecer el ejercicio efectivo del derecho a la educación mediante el mejoramiento de la infraestructura, el equipamiento y los servicios de planteles públicos. Esta estrategia fortalece las condiciones necesarias para el ejercicio del derecho a la educación mediante la entrega directa de recursos a las comunidades escolares. Favoreciendo así la mejora de los espacios educativos, particularmente en localidades con mayores niveles de marginación, rezago social y vulnerabilidad. Una característica distintiva de este programa es el modelo de participación comunitaria. A través de los comités escolares de administración participativa, las propias comunidades identifican sus necesidades prioritarias y administran directamente los recursos destinados a la mejora de los planteles. Este mecanismo fortalece la corresponsabilidad social, la transparencia y la participación de madres, padres y personas cuidadoras en la toma de decisiones. Este programa también incorpora criterios de priorización que permiten dirigir los apoyos a comunidades indígenas, territorios contemplados en planes de justicia y desarrollo regional que ya hemos mencionado en este espacio, así como a localidades con altos índices de marginación, contribuyendo a reducir desigualdades territoriales y ampliar las oportunidades educativas. Los resultados que tenemos en México muestran una amplia cobertura nacional. Durante el ejercicio fiscal 2025, el programa benefició a 75608 comunidades escolares, de las cuales 69291 correspondieron a educación básica y 6317 a educación media superior. Por su parte, Al tercer trimestre de este año, el programa había atendido 73,443 comunidades escolares, incluyendo 67,579 planteles de educación básica y 5,869 planteles de educación media superior, consolidando así la ampliación progresiva de la estrategia hacia este último nivel educativo. Asimismo, quiero tocar el tema del fortalecimiento de la profesión docente y la mejora de la calidad educativa, que también amablemente nos refirieron en el conjunto de sus preguntas. México reconoce que la garantía efectiva del derecho a la educación requiere fortalecer a las maestras y los maestros como actores centrales del proceso educativo. Nuestro Programa Sectorial de Educación 2025-2030 impulsa acciones orientadas a la formación continua, al desarrollo profesional y al reconocimiento de la labor de docentes en todos los niveles educativos, contribuyendo a los objetivos de bienestar, justicia social e igualdad previstos en nuestro Plan Nacional de Desarrollo. En este ciclo escolar 2025-2026, La educación básica atendió a 22.8 millones de estudiantes con la participación de 1.2 millones de docentes en cerca de 233 mil escuelas en el país. En este contexto, el Programa para el Desarrollo Profesional Docente promovió acciones de formación y actualización, capacitación dirigidas al personal educativo, con énfasis en la mejora de prácticas pedagógicas y en la implementación de los principios de nuestra nueva escuela mexicana. Como resultado, 223,449 docentes y directivos participaron en acciones de formación continua, de los cuales 171,504 concluyeron satisfactoriamente los procesos correspondientes, mientras que el resto sigue en proceso de implementación. 39,848 docentes también recibieron formación especializada en temas prioritarios como derechos humanos, igualdad de género, educación inclusiva, convivencia escolar pacífica, educación sexual integral y desarrollo socioemocional. Incluso también, de manera complementaria, se fortalecieron los mecanismos de ingreso, promoción y reconocimiento profesional. En educación básica se asignaron 115,253 plazas docentes, 5,830 cargos directivos, 40,136 horas adicionales así como estímulos de promoción horizontal para 23,318 maestras y maestros. En educación media superior se asignaron 6,997 plazas docentes y 595 cargos directivos. Esto demuestra la integridad que tiene la política del Estado mexicano de incluir alumnos, alumnas, maestras, maestros, padres de familia y comunidad en esta política integral de educación del Estado mexicano. Respecto del tema de personas migratorias, me permito informarle que las acciones impulsadas por la Secretaría de Gobernación contribuyen a los objetivos de bienestar, justicia social y reducción de desigualdades. particularmente en materia de atención integral a personas en situaciones de vulnerabilidad y protección de personas migrantes. La estrategia parte del reconocimiento de que el derecho a la identidad constituye un derecho habilitador para el ejercicio de otros derechos fundamentales, entre ellos la educación, la salud y el acceso a servicios públicos. En ese sentido, la regularización de la identidad de niñas, niños y adolescentes migrantes o retornados contribuye directamente a su inclusión escolar, continuidad educativa e integración comunitaria. Por ello, la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y el Registro Nacional de Población e Identidad, fortaleció el proyecto de doble nacionalidad y el grupo de trabajo interinstitucional sobre derecho a la identidad y acceso a la educación de personas migrantes. orientados a eliminar barreras administrativas que afectaban a niñas, niños y adolescentes de ascendencia mexicana nacidos en Estados Unidos que carecían de registro de nacimiento o documentación de identidad. Los resultados muestran también estos avances concretos. Entre 2025 y marzo de 2026, El proyecto de doble nacionalidad permitió la emisión de 11,081 claves únicas de registro de población para niñas, niños y adolescentes de familias mexicanas nacidas en Estados Unidos, fortaleciendo su acceso a la identidad jurídica y su incorporación al sistema educativo. La estrategia tuvo un alcance focalizado en 26 municipios de alta intensidad migratoria de Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. territorios donde se concentran importantes procesos de retorno e integración de población binacional. Estas acciones contribuyen a la garantía progresiva del derecho a la educación al facilitar la inscripción, permanencia y tránsito entre niveles educativos, evitando situaciones de exclusión derivadas de la falta de documentación. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Villanueva. Es cuanto, señora presidenta.
Muchísimas gracias, Excelencia. Ahora ofrezco la palabra para preguntas de seguimiento a la señora Tatu, luego el señor Fiorio. Señora Tatu, adelante.
Bueno, voy a hacer preguntas de seguimiento y otras serán nuevas. De las de seguimiento, Tiene que ver con las respuestas que nos han dado en cuanto al presupuesto asignado a la cultura y los proyectos culturales. Muchas gracias por sus respuestas en cuanto a los proyectos culturales que han llevado a cabo, pero me gustaría mencionar la cuestión de la falta de financiación para proyectos ya aprobados y según la Auditoría Superior de la Federación, En 2022, 775 proyectos culturales que ya estaban aprobados desde antes no recibieron la cantidad de financiación que se les había aprobado. Entonces, ¿cuál es la tasa de ejecución y de asignación de recursos a proyectos ya previamente aprobados? En cuanto al presupuesto de la cultura, ¿Acaso sería posible indicar la cantidad concreta del presupuesto que se transfiere a pueblos indígenas, afromexicanos y comunidades rurales?
Acérquese el micrófono, por favor, dice la presidenta.
Ahora, preguntas nuevas. La mayoría tienen que ver con el artículo 15. Quisiera plantear la cuestión de protección de datos de pueblos indígenas. Y preguntarles qué garantías jurídicas existen para la protección de datos territoriales, culturales y lingüísticos de pueblos indígenas que recopilan las empresas privadas y tecnológicas en el sector de la ingeniería y otros. ¿Acaso se respeta el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades? ¿Y qué pueden hacer las comunidades para controlar sus datos y beneficiarse del valor que generan? En cuanto a la participación, En la vida cultural, quisiera plantear el riesgo de que se extingan ciertas lenguas indígenas. Según el Instituto Nacional, hay 23 lenguas indígenas en riesgo de extinguirse. ¿Qué medidas se toman para prevenir esta situación y para asegurarse de que se mantengan vivas estas lenguas? Lo siguiente, mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, las STEM. Va mejorando, pero todavía las cifras son muy bajas. Entonces, ¿qué medidas piensan tomar para mejorar esta situación? Y luego, volver a plantear una pregunta de la lista de cuestiones. Detalles de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. y la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afro Mexicanas. ¿Qué resultados han dado? ¿Qué ha emanado del proceso de consultas? Y también detalles en cuanto a la pertinencia del Manual Administrativo General sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación. Ya ustedes han hablado en sus respuestas de las directrices para la aplicación y gestión de las plataformas digitales, estableciendo prioridades a la accesibilidad, al acceso a la información, la seguridad de la información y el cumplimiento con cuestiones de derechos humanos. Y por último, y me disculpo de antemano por hacer tantas preguntas, en cuanto a la violencia sexual en las escuelas. También parece ser un problema, según varios informes. ¿Qué indicador utiliza México para evaluar la eficacia del mecanismo de prevención, detección y sanción de la violencia sexual en las escuelas? Gracias.
Gracias, señor Fiorio, adelante.
Muchas gracias. A diferencia de mi, de mi colega que me precedió, yo no voy a pedir disculpas por la cantidad de preguntas, porque es proporcional al interés que genera un diálogo como este bueno con el con la delegación de México. Continuaré con algunas preguntas, especialmente relativas a cuestiones de pueblos indígenas. En primer lugar, estamos en conocimiento de la existencia del catálogo donde se realizan los registros de acceso para integrantes de pueblos indígenas. Y estamos en conocimiento que el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de México considera el criterio de territorialidad como uno de los puntos para la incorporación de personas al mismo. Sin embargo, encontramos algunas limitaciones para comunidades indígenas que viven en contextos urbanos, no necesariamente dentro de sus territorios, comunidades indígenas migrantes y también comunidades que han sido desplazadas de sus territorios ancestrales. Y en este sentido, ¿qué medidas adoptará el Estado para garantizar que las comunidades indígenas, urbanas, migrantes o desplazadas puedan acceder en condiciones de igualdad a los recursos destinados a su bienestar, incluyendo agua potable, saneamiento, vivienda, infraestructura social, sin que los criterios administrativos de registro o territorialidad produzcan exclusiones injustificadas? Por otro lado, a lo largo de este diálogo, la delegación se refirió al derecho a la consulta previa, libre e informada, y quisiera recordar que el estándar establecido por el Convenio número 169 de la OIT se refiere al consentimiento previo, libre e informado. Y en este sentido, me gustaría conocer cuál es la normativa que explícitamente reconoce el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento previo, libre e informado, que también asumo garantiza el proceso de consulta. Por otro lado, en relación a cuestiones de vivienda, vuelvo a clústers anteriores. Un momento, por favor. Preocupan desalojos forzosos y la situación de personas que están desplazadas internamente, y en este sentido, estamos preocupados por cuestiones de asequibilidad y vivienda social. En este sentido, me gustaría preguntar qué medidas prevé el Estado para reducir el déficit habitacional en general. facilitar el acceso al suelo y fortalecer la producción social del hábitat. Eso es importante para nosotros y también, obviamente, con comunidades indígenas en contextos urbanos. ¿Qué medidas garantizan que las comunidades indígenas urbanas, migrantes o desplazadas puedan acceder también a la vivienda en estos contextos? En relación a personas retornadas, que constituyen otro grupo en situación de vulnerabilidad, ¿Qué resultados ha obtenido México te abraza, una política pública emblema del gobierno, en la que la reintegración sostenible de las personas retornadas, particularmente en materia de vivienda, empleo y protección social, y cómo se garantiza la asistencia a las personas que no hablan español, incluyendo personas que hablan lenguas indígenas? ¿Cómo garantiza el Estado la continuidad de la atención médica a las personas retornadas una vez finalizada la cobertura temporal prevista en México te abraza? Sobre personas mayores, especialmente mujeres mayores, ¿qué medidas adopta el Estado para garantizar los derechos de las personas mayores, especialmente mujeres, en materia de pensiones, vivienda asequible, protección frente a la pobreza, cuidados, y servicios de salud y apoyo comunitario, podría proporcionar información desglosada por sexo y entidad federativa. ¿Cómo garantiza el Estado que las personas mayores, particularmente las mujeres en situación de vulnerabilidad, accedan en todas las entidades federativas a servicios de cuidado, apoyo comunitario y protección social adecuados? En materia de derecho a la salud, específicamente, salud sexual y reproductiva, salud materna y partería tradicional. ¿Qué medidas garantizan el acceso efectivo y sin discriminación a los recursos de salud sexual y reproductiva, incluido el aborto seguro, y que previenen la violencia obstétrica? ¿Cómo reduce el Estado las desigualdades en la mortalidad materna, especialmente entre mujeres indígenas y rurales? Por otro lado, ¿cómo garantiza el consentimiento previo, libre e informado de las mujeres en toda intervención de salud sexual y reproductiva? En relación al consumo de drogas y derecho a la salud. Ya se ha mencionado anteriormente la reforma a la Ley General de Salud, sin embargo, preocupa al comité la insuficiente implementación de las disposiciones sobre salud mental y adicciones. En este sentido, profundizando preguntas que hicieron otros colegas anteriormente. qué medidas garantizan servicios accesibles y suficientes de prevención, tratamiento, reducción de daños, respetuosos de los derechos humanos y las personas que consumen drogas, y también consultar si la delegación podría proveer sobre información actualizada de datos de personas que fueron atendidas en los últimos años. Y finalmente, en materia de los Centros de Asistencia Social, CAS por sus siglas, qué medidas garantizan atención médica y psicológica oportuna, medicamentos y condiciones sanitarias adecuadas en los CAS? Esas son mis preguntas. Muchas gracias.
Gracias, señor Fiori.
Le devuelvo la palabra, señora embajadora. Tiene 20 minutos.
Presidenta y doctor Fiori. Le agradezco su interés. Ha sido este conversatorio es muy, muy interesante. Quisiera empezar respondiendo a la pregunta de la doctora Tatu referente a los datos que tiene, a los datos muy precisos de la OCDE. Efectivamente, México invierte alrededor de 3500 dólares por estudiante frente a un promedio de casi 12 mil dólares en los países miembros. Usted lo dijo muy bien. Sin embargo, desde una postura reflexiva y de gobierno, la respuesta no puede quedarse en la comparación nominal. Implica replantear qué se mide, cómo se distribuye y qué prioridades sociales están atendiendo en un contexto de restricción fiscal y alta desigualdad. El indicador de la OCDE mide el gasto de las instituciones educativas. Pero deja fuera los recursos que el gobierno transfiere directamente a los hogares para sostener la permanencia escolar, que es muy, muy relevante. México ha construido un sistema de becas sin precedente. La presidenta lo ha planteado explícitamente: darle una beca a un niño, a una niña, no es un gasto, es una inversión. Si se sumara el gasto en transferencias directas al gasto institucional por alumno, la brecha con la OCDE seguramente se va a reducir. También me gustaría contestar la pregunta sobre La Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afro Mexicanas, que está vigente desde el 2022 y reconoce a los pueblos y comunidades como titulares colectivos de su patrimonio cultural, que eso ya lo hemos reiterado varias veces. Para usar o comercializar diseños tradicionales, establece la necesidad de consentimiento libre, previo e informado y de acordar condiciones y beneficios con la comunidad. Esta ley complementa el sistema de La Haya, del cual México es parte y al cual ya me referí, es el conjunto de tratados que conforman la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Quisiera también responder a lo que se preguntó sobre temas de niñez migrante en los centros de atención. En el Centro para la Atención de Niñez en Contextos de Migración del Sistema Nacional de del DIF se han implementado programas sustantivos en las áreas de trabajo social, psicología, pedagogía, educación y formación, servicio médico, nutrición, considerando el interés superior de la niñez y bajo los preceptos de los derechos humanos, de igualdad y no discriminación, dirigidos a niñas, niños y adolescentes acompañados no acompañados y/o separados y bajo un enfoque de inclusión. Todo lo anterior en el marco normativo de los instrumentos internacionales y nacionales que establece la protección de las infancias y las adolescencias en todos sus ámbitos. Cabe destacar que desde el ingreso de las niñas, niños y adolescentes al centro, Todas las actividades están enfocadas a restituir sus derechos y garantizar sus necesidades básicas. Se ofrecen alimentos, un espacio seguro donde dormir, vestidos, servicios de salud, así como actividades de promoción, difusión cultural y espacios de expresión y sano esparcimiento, buscando favorecer la convivencia respetuosa e incluyente así como un acceso pleno a la educación, retomando los procesos en los que se encuentre cada persona beneficiaria menor de 18 años. Es el Instituto Nacional de Migración, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, quienes son encargados de iniciar el proceso regulatorio de los niños, niñas, adolescentes en el país a través de las medidas de protección emitidas por la Procuraduría cuando las niñas, niños y adolescentes o familiar acompañante ha expresado su deseo de permanecer en el país. La Procuraduría informa al Instituto Nacional de Migración sobre la petición y solicita la cita para que las personas beneficiarias acudan a sus oficinas a realizar el trámite correspondiente. El área de trabajo social del centro, una vez que recibe la comunicación de notificación para que el beneficiario acuda al Instituto Nacional de Migración, brinda acompañamiento en el traslado para que se realice el trámite en coordinación con la Procuraduría. Y se realiza el protocolo establecido para que se les haga entrega de la tarjeta de visitante por razones humanitarias. Finalmente, también quisiera referirme al tema del catálogo que fue mencionado en las preguntas y señalar que hay diferentes categorías para el registro. Existe la categoría de asentamiento tradicional o residente diagonal migrante. Como ejemplo, hay comunidades mazahuas que son originarias del Estado de México, que residen en Ciudad Juárez, Chihuahua, que fueron registradas en el catálogo. El punto de referencia es considerar su autodescripción, su decisión de incorporarse al catálogo y mantener aquellas características referidas justamente en la Constitución: uno, que formen una unidad social, económica y cultural; dos, que están asentadas en un territorio; y tres, que conocen autoridades propias de acuerdo con sus sistemas normativos. Por otro lado, hablando también, y permítanme volver a la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afro-mexicanos, documento que a la fecha se encuentra en proceso de consulta libre, previa e informada, que contiene disposiciones relativas al patrimonio cultural material e inmaterial la propiedad intelectual colectiva de dichos pueblos y comunidades, sus conocimientos tradicionales, derechos, así como de sus obligaciones del Estado en esta materia. Y no obstante, como previamente hemos mencionado, dicho documento a la fecha se encuentra en un proceso de diálogo con los pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanas del país, a fin de recibir sus opiniones, sugerencias y planteamientos para crear un documento normativo que garantice plenamente sus derechos y aspiraciones. Me gustaría referirme también a los derechos lingüísticos que fueron preguntados en esta sesión. Sobre el particular, decirles que México reconoce que las lenguas indígenas forman parte esencial del patrimonio cultural y de la identidad de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas. Una de las principales, uno de los principales instrumentos es el sistema de radiodifusoras culturales indígenas integradas por 23 emisoras y 17 entidades federativas que transmiten contenidos en 25 lenguas indígenas nacionales y fortalecen el acceso a la información, la comunicación y la expresión cultural. También decirles que entre 2018 y 2025 el sistema transmitió 1.1 millones de horas de programación, de las cuales 55% se difundieron en lenguas indígenas, contribuyendo a la preservación lingüística, la difusión de conocimientos tradicionales y el fortalecimiento de los derechos colectivos de las Ahora me permito darle el uso de la palabra al ingeniero Héctor. Ingeniero, tiene la palabra.
Muchas gracias, Embajadora. Para precisar algunos datos acerca del rezago educativo, quiero mencionar que entre 2018 y 2024 mejoró la situación de pobreza de la población menor de 18 años. El porcentaje de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza disminuyó de 50.3 a 38.0%, una reducción de 11.6 puntos porcentuales, lo que representa 5.6 millones de niñas, niños y adolescentes menos. Lo anterior estuvo acompañado por reducciones en cinco de las seis carencias sociales en el mismo periodo. La mayor reducción corresponde a la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. que pasó de 25.5 a 17.1%, una disminución de 8.5 porcentuales, lo que representa 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes menos, seguida por la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, que pasó de 23.2 a 17.6%. una disminución de 5.6 puntos porcentuales, equivalentes a 2.6 millones de niñas, niños y adolescentes. En cuanto a los datos de rezago educativo, quisiera puntualizar que para 2024, la población de 3 a 21 años que no asiste a la escuela y no cuenta con educación obligatoria es de 14.9%. La población de 22 años y más nacida a partir de 98 sin educación media superior completa es de 34.5. La población de 16 años y más nacida entre 80 y 1982 y 1997 sin secundaria completa es de 15.2%, mientras que la población de 16 años y más nacida antes de 1982 sin primaria completa. es de 22 por ciento. Estos cortes corresponden a las actualizaciones normativas que se han hecho en la Constitución para ajustar los niveles educativos obligatorios en México. Y si nos fijamos en la inasistencia de la población de 3 a 15 años, podemos ver que es solamente de 8.1 por ciento. En cuanto a la población de 3 a 29 años, viven en hogares con ingresos menores a la línea de pobreza, que asiste a educación pública obligatoria y recibe beca, quiero decirles que Chiapas, Guerrero y Oaxaca tienen una cobertura mayor que el promedio nacional, que es del 27.4 por ciento. En Chiapas, el porcentaje de población de 3 a 29 años que que recibe a beca asistiendo a educación obligatoria es de 43.8%. En Guerrero, de 42.2%. En Oaxaca, de 45% y en Ciudad de México llega a 66.4%. Es cuanto.
Muchas gracias, ingeniero Héctor. Le doy el uso de la palabra al doctor Villanueva. Doctor, adelante.
Gracias, embajadora. Reiterar el agradecimiento de las preguntas tan puntuales que nos hacen las personas expertas respecto de este catálogo de derechos tan relevante para la actual política del Estado mexicano. Y esta puntualidad y lo meticuloso que son habla del avance progresivo que hemos tenido. Y este avance progresivo va ameritando preguntas más especializadas y más progresivas, y agradecemos ese nivel de detalle que tienen en atención a la política del Estado mexicano en la materia. En principio me quiero referir a varios puntos que han tocado las personas expertas para dar puntual contestación. Respecto a la reducción del presupuesto de cultura, me permito informar que la referencia que se hizo hace alusión a una situación que sucedió en 2022. Sin embargo, en los últimos dos años el presupuesto cultural se ha incrementado en cuanto a las cifras actualizadas. Respecto del tema del programa México te abraza, me gustaría precisar que Para las personas mexicanas repatriadas a partir de 2025, este programa se ha implementado mediante la coordinación de 34 dependencias federales y nueve centros de atención. Esta política ofrece alojamiento, alimentación, atención médica y psicológica de primer contacto, documentación, acceso a programas sociales, vinculación laboral y traslado a las comunidades de origen. Tan solo de enero de 2025, cuando inició este programa, al 15 de octubre de 2026, se registraron 309,486 repatriaciones de connacionales, de las cuales 176,575 fueron vía terrestre y 132,911 de forma aérea. Se han otorgado más de 1 millón 779 mil servicios como los pueden ser alojamiento, alimentación, atenciones médicas y psicológicas, asesorías jurídicas, atención diferenciada a grupos vulnerables como núcleos familiares y mujeres líderes de familia o que retornan solas, así como traslados a sus comunidades de origen. En materia de emisión de documentos de identidad, se han otorgado más de 168,829 actas de nacimiento y claves únicas de registros de población, además de que 207,641 personas han sido beneficiarias de la tarjeta Bienestar Paisano, con 107 dólares para que sus gastos de traslados a sus comunidades de origen estén asegurados. Respecto al tema particular que el señor Fiorio valiosamente nos lo hizo ver, en tema de adultos mayores y salud mental, a través de la red de atención primaria en salud mental y adicciones, se ofrece a la comunidad en general y en particular a las personas adultas mayores, un modelo de intervención para el consumo de sustancias psicoactivas y problemas de salud mental. Incluyen acciones desde la promoción, la prevención y el tratamiento de las personas usuarias de sustancias o sus familiares. De igual manera, a través de la Línea de la Vida, integrada por un equipo multidisciplinario compuesto por personas profesionales de diversas áreas dedicadas al cuidado de la salud mental, incluyendo psicología, psiquiatría y trabajo social, se brinda apoyo integral a personas en situaciones de crisis, asegurando una intervención inmediata, profesional y humana que prioriza el bienestar y la recuperación de cada persona que hace uso del servicio, incluyendo propiamente a las y los adultos mayores. Ahora me gustaría referirme a la pregunta respecto de las mujeres en ciencia y tecnología. Aquí me gustaría destacar que la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación impulsa una política nacional orientada a garantizar el derecho de todas las personas a beneficiarse del desarrollo científico, humanístico y tecnológico, fortaleciendo así las capacidades nacionales de investigación, formación especializada e innovación para contribuir al bienestar de la población y al desarrollo sostenible. Como parte de esta estrategia, entre septiembre de 2025 y junio de 2026, Se publicaron 15 convocatorias para becas y apoyos destinados a la formación especializada en México y el extranjero, incluyendo estudios de posgrado, especialidades médicas, movilidad académica, estancias técnicas y apoyos de inclusión. Al 30 de junio de 2026 se administraron 85,434 becas y apoyos, de las cuales 51.7% correspondieron a mujeres. principalmente y 48.3% a hombres, con una inversión de 13 mil 102 millones de pesos. También en el papel de las mujeres en esta valiosa agenda En materia de investigación, se impulsó la participación de 4774 personas investigadoras en 666 proyectos científicos y humanísticos, con una participación femenina de 47.2% y 318 mujeres a cargo de la coordinación técnica de estos proyectos. De manera complementaria, se aprobaron 110 proyectos de desarrollo tecnológico orientados a atender desafíos prioritarios relacionados con seguridad alimentaria, soberanía tecnológica, electromovilidad y salud. En ese sentido, y como parte del seguimiento a las preguntas realizadas, en el tema de inclusión educativa y fortalecimiento de la educación especial, me gustaría destacar que México continuará fortaleciendo una educación inclusiva, orientada a garantizar que todas las niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plenamente su derecho a la educación, particularmente quienes enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación escolar. Como parte de esta estrategia, durante el ciclo escolar 2025-2026, Se fortalecieron los servicios de educación especial mediante una red nacional integrada por 4,817 unidades de servicio de apoyo a la educación regular y 1,722 centros de atención múltiple, que brindan atención a estudiantes con discapacidad, aptitudes sobresalientes y otras necesidades específicas de apoyo educativo. Asimismo, Durante 2026, el programa de fortalecimiento de los servicios de educación especial prevé beneficiar a más de 312 mil estudiantes mediante acciones orientadas a mejorar la accesibilidad, fortalecer la atención especializada, ampliar la formación docente y adecuar los entornos escolares para responder a la diversidad de necesidades educativas. México reconoce que persisten desafíos relacionados con la ampliación de la cobertura de los servicios especializados, la accesibilidad de la infraestructura educativa y el fortalecimiento de las capacidades docentes para la atención de la diversidad. Por ello, continuará impulsando acciones orientadas a garantizar progresivamente el derecho a una educación inclusiva de calidad y libre de discriminación para todas las personas.
Con esto, señora presidenta, concluimos en tiempo y forma las respuestas que le han sido solicitadas al Estado mexicano.
Muchas gracias. Gracias, excelencia. Ha sido un placer. dirigir este diálogo con su Estado parte. Ya sé que hemos hecho muchas preguntas, pero esto refleja el interés que tenemos y ustedes han contestado con una actitud adecuada. O sea que muchísimas gracias a la Delegación por su flexibilidad y por contestar a todas las preguntas. Llegamos así al final de las reuniones y para concluir, me gustaría darle la palabra al relator, el señor Hennebel, para que diga unas palabras de clausura. Adelante, señor.
Gracias, presidenta, por darme la palabra. Señora Presidenta, Excelencia, señores y señoras miembros de la delegación, llegamos al final del diálogo y, sobre todo, quería darles las gracias de corazón a los miembros de la delegación mexicana por su presencia, su disponibilidad. Gracias también por las respuestas que han presentado a todas las preguntas que les hemos hecho. Y no se preocupen que ahora ya no les vamos a hacer ninguna más. El diálogo es un diálogo constructivo. El objetivo es ser constructivo, es decir, que este no es un diálogo que se haga para congratularse directamente, sino que es un diálogo en el que, por supuesto, que se reconocen los avances, pero también se habla de dificultades y en él hablamos directamente de problemas y cuestiones espinosas. Entonces, yo creo que esto ha quedado claro a lo largo de toda nuestra conversación. México tiene un marco institucional y constitucional sumamente ambicioso en lo que respecta a los derechos humanos. De hecho, empezamos el diálogo recordando esto. Y ahora, claro, lo difícil es conseguir reducir la distancia que todavía hay entre las normas adoptadas, su aplicación efectiva y, sobre todo, los resultados que se han conseguido realmente para los titulares de todos los derechos. Y esto lo digo sobre todo pensando en las personas y comunidades que tienen que lidiar con los obstáculos mayores, como los pueblos indígenas, de los que hemos hablado mucho, los afromexicanos, las mujeres, los migrantes, los desplazados, las personas que viven en situación de pobreza. los familiares de desaparecidos, los defensores de derechos humanos y también las personas que viven en zonas rurales o marginadas. Yo creo que con el diálogo también ha quedado patente la magnitud de algunos retos estructurales. La reforma judicial se ha mencionado varias veces. También se ha hablado de las desigualdades a nivel territorial. Hemos hablado de la coordinación entre entidades del gobierno, de la importancia de que haya recursos públicos, la importancia del recurso efectivo. las consecuencias de las actividades del crimen organizado, la violencia del crimen organizado. Hemos hablado también de los efectos que tienen los megaproyectos sobre los derechos económicos, sociales y culturales. También hemos hablado de que es importante tener datos fiables para evaluar los efectos concretos que tienen las políticas públicas. Claro que el Pacto no da una respuesta ya perfecta para resolver todas estas dificultades, pero sí que da una serie de orientaciones metodológicas y digamos que nos invita a movilizar un máximo de recursos disponibles. Nos invita también a evitar dar marcha atrás, combatir la discriminación integrando a todos y prever también recursos cuando vulneran derechos. El comité a continuación va a deliberar, aprobaremos unas observaciones finales, después, ya lo saben, eso no va a ser un documento definitivo ni la conclusión final del diálogo, sino que el objetivo de este documento que presentaremos será identificar juntos al final del diálogo temas prioritarios y a partir de ahí les haremos recomendaciones que serán concretas y esperamos en Y yo diría que a partir de ahí es cuando empieza el trabajo, porque todas estas recomendaciones luego se tendrán que reflejar en el presupuesto, en las leyes, en las sentencias, en las prácticas de la administración. Por lo menos nosotros les invitaremos a que lo hagan. Y para la ejecución de todas estas En recomendaciones se tendrán que implicar todas las autoridades, desde el nivel federal hasta el municipal y la sociedad civil, las instituciones independientes y, claro, también los propios titulares de los derechos humanos. Muchísimas gracias también a los miembros del equipo con los que hemos trabajado para preparar el diálogo. Gracias también a los demás expertos del Comité por su trabajo de gran calidad en sus preguntas, Muchísimas gracias también a la secretaría por el apoyo constante que nos ha brindado para preparar el diálogo. Gracias también a los intérpretes, dice amablemente el orador. Hemos estado hablando en varios idiomas en la reunión, ha habido cifras. Gracias a los intérpretes, por tanto, por su apoyo.
De nuevo, gracias de parte de los intérpretes
y, por supuesto, gracias a las organizaciones de la sociedad civil. a los defensores de derechos humanos y a todas las personas que han compartido su experiencia con el Comité con toda confianza. Su contribución a nuestro trabajo le da una perspectiva humana concreta y, como digo, llegamos al final del diálogo. Esperemos que las observaciones finales contribuyan a convertir el Pacto en una realidad que viven todos los mexicanos. Gracias por su atención.
Gracias. Y ahora me gustaría invitar a la embajadora de México a pronunciar también unas palabras de cierre. Adelante.
Gracias, señora presidenta. Distinguidas expertas, distinguidos expertos del Comité, miembros de la sociedad civil, distinguidos colegas que nos acompañan en línea. Al concluir este diálogo, México reafirma su compromiso con la plena realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Los avances presentados durante estas jornadas reflejan una convicción central: el desarrollo solo es sostenible cuando se traduce en derechos efectivos, reducción de desigualdades y mejores condiciones de vida para las personas. Las políticas públicas impulsadas por el Estado mexicano Parten del reconocimiento de que las desigualdades afectan de manera diferenciada a las personas y, por ello, requieren respuestas específicas para quienes históricamente han enfrentado mayores rezagos y exclusiones. El humanismo mexicano ha orientado estos esfuerzos hacia la construcción de un piso de bienestar y justicia social. Una pensión, una beca, el acceso a servicios de salud, una vivienda adecuada, un salario digno o el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas representan mucho más que programas o acciones de gobierno. Significan una ampliación concreta de derechos. capacidades, oportunidades y libertades para millones de personas. Como quedó reflejado en este diálogo, México consiguió en los últimos años avances significativos en el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. No obstante, reconocemos que aún existen retos por atender. México valora el alto nivel de exigencia con el que el Comité examina nuestros avances y desafíos. Lo entendemos como una oportunidad para fortalecer nuestras políticas y continuar mejorando nuestras instituciones. Deseamos también reconocer el enorme esfuerzo colectivo que hizo posible esta sustentación. Durante meses, dependencias y entidades de la administración pública federal, los poderes legislativo y judicial, organismos constitucionales autónomos y otras instituciones del Estado trabajaron de manera coordinada para preparar la información atender las observaciones del Comité y contribuir a este diálogo constructivo. Más de 100 personas servidoras públicas de al menos 24 instituciones públicas acompañaron estos trabajos desde México de manera virtual, aportando conocimiento técnico y experiencia especializada. A todas ellas expresamos nuestro reconocimiento y agradecimiento. Su labor confirma, señora Presidenta, que este intercambio no es resultado del esfuerzo de unas cuantas personas, sino de un compromiso institucional compartido con los derechos humanos. Nos llevamos las preguntas, observaciones y recomendaciones del Comité como una valiosa guía para seguir avanzando. Lo hacemos convencidos de que la justicia social y los derechos humanos son inseparables, y de que el desarrollo solo tiene sentido cuando se refleja en bienestar compartido y en una vida digna para todas las personas. México continuará trabajando con responsabilidad, apertura y convicción para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, incluidos los DESCA, reducir desigualdades y fortalecer la protección de todas las personas, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o han sido históricamente excluidas. Estamos seguros que las observaciones finales tomarán en cuenta los avances y los esfuerzos que presentamos. Ese es el propósito que guía nuestra acción y seguirá guiando nuestros esfuerzos: que los derechos se conviertan en realidades cotidianas y que nadie se quede atrás ni nadie se quede afuera. Muchas gracias, señora presidenta, expertos.
Gracias, Excelencia. Qué bien que hayan recibido la delegación las preguntas con un espíritu tan constructivo. Ese es el objetivo de una reunión como esta. Visto el nivel de preparación que han mostrado, ha quedado claro el interés que tienen por el tema. Nos hemos quedado impresionados con el trabajo que ha hecho la delegación. Vamos a preparar las observaciones finales del diálogo, se las enviaremos también. Esto será el viernes 13 de noviembre. Las semanas siguientes serán ya públicas y en esas observaciones identificaremos tres párrafos, tres temas sobre los cuales deberán trabajar en los próximos dos años. Así que, por favor, examinen con atención esas tres recomendaciones que serán de aplicación urgente y, por supuesto, les rogamos examinen la totalidad de las recomendaciones de las observaciones, también pensando en el próximo examen. Como el señor Ennebel, yo también quiero dar las gracias a usted y a la Delegación. Buen viaje a los que vuelven a la capital y Bueno, no sé cómo de fácil o difícil ha sido traducir o interpretar en esta reunión, pero quiero darles las gracias a los intérpretes por el trabajo que han hecho. Gracias a ellos y a los servicios de conferencias, dice amablemente la presidenta. Gracias también, claro, a la secretaría, a todo el equipo de país, al relator. Buen viaje y Espero que puedan descansar cuando termine la reunión. Gracias y se levanta la sesión.
