26ª sesión, 80º período de sesiones, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Muy buenas tardes.

Comenzamos la reunión número 32 del octogésimo período de sesiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tengo el placer de dar la bienvenida a la distinguida delegación de México y, sobre todo, a la jefa de delegación, su excelencia la señora Francisca Méndez Escobar, quien es embajadora y representante permanente de México ante la Oficina de Naciones Unidas y otros organismos internacionales aquí en Ginebra. Nos presentará la declaración inaugural y también doy la bienvenida al resto de los distinguidos miembros de su delegación que le acompañan. También sean muy bienvenidos los que siguen el diálogo, tanto aquí en sala como en línea. Antes de dar la palabra a la delegación para comenzar a considerar su informe, quisiera presentarles la metodología del diálogo para hoy y para mañana. Hemos preparado Tenemos una propuesta de los tiempos que tendrá cada uno para intervenir tras los diferentes grupos de preguntas que presentarán los miembros del comité, miembros del equipo de tareas de país. Comenzará el relator de país y empezará con el grupo 1, es el señor Ludovic Hennebel, y otros miembros podrán hacer preguntas de seguimiento. Tenemos también a la señora Carles Lemus de Vázquez, que se ocupará del grupo 2, el señor Santiago, que se ocupará el 3 y la señora Laura del 4. Pedimos, por favor, a la delegación que hable a un ritmo razonable y que nos proporcione los documentos que vayan a leer a la secretaría. Para facilitar el proceso y para cubrir todos los temas que tenemos por delante, quiero invitar a mis colegas y a la distinguida delegación a expresarse, por favor, de manera concisa, teniendo muy en cuenta los plazos de tiempo que se le concedan a cada cual. Con ello, doy la palabra a Su Excelencia para que presente su

Muchísimas gracias, señora presidenta.

Muy buenas tardes a todos, distinguidas expertas y distinguidos expertos del comité. Tengan ustedes la más cordial bienvenida. México comparece ante este Comité para sustentar su séptimo informe periódico y refrendar su disposición al diálogo abierto y constructivo sobre los avances alcanzados y las acciones emprendidas para garantizar progresivamente los derechos reconocidos en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La preparación de esta sustentación convocó a instituciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, organismos constitucionales autónomos, autoridades responsables del diseño y la ejecución de políticas públicas y entidades encargadas de generar información, de garantizar derechos, así como de procurar e impartir justicia. Asimismo, se realizaron consultas con organizaciones de la sociedad civil, a quienes agradecemos su presencia en este espacio. Esta amplia participación refleja un principio fundamental: la realización de los derechos económicos, sociales y culturales requiere la acción coordinada de todas las instituciones del Estado, así como la concertación con la sociedad civil y el sector privado. Nuestro país ha colocado el bienestar y la justicia social en el centro de su proyecto nacional. Esta visión se sustenta en el humanismo mexicano, una concepción de la acción pública que reconoce la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación como fundamento de las decisiones del Estado. Esta orientación parte de una premisa clara: el desarrollo solo cobra sentido cuando amplía el ejercicio efectivo de los derechos humanos y se traduce en mejores condiciones de vida para todas las personas. Bajo el principio de "por el bien de todos, primero los pobres", el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y las políticas sectoriales de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo articulan una misma orientación. avanzar hacia un desarrollo con bienestar, fortalecer la igualdad sustantiva, reducir las brechas y atender prioritariamente a quienes han enfrentado condiciones históricas de exclusión. En este marco, el Estado mexicano asume la responsabilidad de planear e impulsar el desarrollo, garantizar los derechos económicos, sociales y culturales y promover una distribución más justa de la riqueza. Desde hace más de 20 años, México realiza una medición multidimensional de la pobreza basada en derechos humanos, a partir de la cual se articulan las políticas y programas de desarrollo social que permiten dar cumplimiento a las obligaciones del Estado mexicano bajo el pacto e implementar las recomendaciones de este importante comité. En este sentido, los programas para el bienestar son una expresión concreta del humanismo mexicano y constituyen instrumentos para reducir desigualdades y consolidar un piso de bienestar. Al cierre de 2026, los programas para el bienestar llegarán a más de 42 millones de derechohabientes, con una inversión histórica de un billón de pesos, equivalente a 57,500 millones de dólares. Esta política fortalece la protección social de personas adultas mayores, mujeres, personas con discapacidad, estudiantes, jóvenes, personas campesinas, productoras y pescadoras, así como pueblos indígenas y afromexicanos. En el ámbito laboral, la nueva política de salarios mínimos ha permitido recuperar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras y avanzar hacia una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de sus familias. Entre 2018 y 2026, el salario mínimo mensual tuvo un crecimiento nominal de 256.5%. Con estas medidas, de 2018 a 2024, más de 13 millones de personas salieron de la pobreza, de las cuales 1.7 millones de personas salieron de la pobreza extrema. Además, en 2026, la pobreza laboral se ubicó en su nivel más bajo desde 2005. Por otra parte, México ha impulsado un nuevo modelo de justicia laboral basado en la conciliación, la libertad sindical, la democracia sindical y la negociación colectiva auténtica. Además, ha ampliado la protección social de las personas trabajadoras del hogar, de quienes trabajan mediante plataformas digitales y de las personas jornaleras agrícolas, y avanza hacia la reducción gradual de la jornada laboral hasta alcanzar 40 horas semanales en 2030. En materia educativa, la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina benefició a 14.9 millones de estudiantes durante el ciclo escolar 2025-2026 y la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez benefició a 4.16 millones de estudiantes en el mismo período. Estas acciones contribuyen a garantizar la permanencia de niñas, niños y adolescentes en las aulas. A su vez, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro favoreció la continuidad de alrededor de medio millón de estudiantes en la educación superior en el ciclo escolar referido. Esta política se complementa con la ampliación de la infraestructura educativa para generar nuevos espacios en los niveles medio y superior. En la materia de salud, se han incorporado 24 entidades federativas al Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar. a efecto de ampliar la atención gratuita para la población sin seguridad social. A ello se suman la construcción y rehabilitación de infraestructura, la formación y contratación de personal médico especializado, el abasto de medicamentos y el programa Salud Casa por Casa, que acerca la atención preventiva a las personas adultas mayores y con discapacidad. A su vez, el servicio universal de salud busca articular las capacidades de las principales instituciones públicas del sector, fortalecer la atención primaria y avanzar hacia servicios centrados en las necesidades de las personas. En materia de vivienda, la actual administración tiene como meta construir 1,800,000 viviendas y beneficiar a 12 millones de familias mediante vivienda nueva, créditos accesibles, mejoramiento habitacional y regularización de la propiedad. En materia de alimentación, México impulsa la soberanía alimentaria mediante los programas dirigidos a fortalecer la producción, mejorar los ingresos de las personas productoras, proteger semillas nativas y salvaguardar alimentos fundamentales para nuestra identidad y cultura. Ahora bien, la prosperidad compartida solo puede alcanzarse con igualdad sustantiva. Por ello, la perspectiva de género atraviesa la planeación nacional y se vincula con la garantía de los derechos de las mujeres y con la construcción progresiva de una sociedad de cuidados. México también ha iniciado una nueva etapa en su relación con los pueblos indígenas y afromexicanos a partir de la reforma al artículo 2 constitucional de 2024, que los reconoce como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. En este marco, los planes de justicia y desarrollo regional constituyen instrumentos de diálogo y coordinación para atender rezagos históricos, proteger los territorios, fortalecer el bienestar comunitario y respetar sus formas de organización. La transferencia directa de recursos permite, además, que las propias comunidades definan su destino mediante sus asambleas, fortaleciendo su autonomía y participación. La justicia social también constituye una condición para la construcción de la paz. Por ello, la atención de las causas de la desigualdad es uno de los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Desde esta perspectiva, la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales y la recuperación del espacio comunitario contribuyen a fortalecer la cohesión social y a generar condiciones de paz duradera. En congruencia con esta visión, el Plan México y los polos de desarrollo económico para el bienestar promueven un desarrollo incluyente y sostenible, la generación de empleos dignos, el fortalecimiento de las capacidades productivas y la reducción de las desigualdades regionales. Además, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que tiene como objetivo la inclusión laboral de las personas jóvenes entre 18 y 29 años, ha beneficiado en los últimos ocho años a 3.5 millones de personas. Estos principios también orientan la política exterior de México. Nuestro país impulsa una diplomacia humanista guiada por la justicia, la paz, la solidaridad, la cooperación internacional y el respeto a la dignidad humana. De este modo, la acción exterior vincula las prioridades nacionales con los debates multilaterales sobre derechos humanos, desarrollo, igualdad y justicia social. Muchas gracias, señora presidenta.

Muchas gracias, Excelencia, por su discurso inaugural. Voy a dar ahora la palabra al señor Ludovic Hennebel, quien ha sido el relator de país y va a hacer las preguntas del Grupo 1. Tiene 15 minutos y puede ver en pantalla el cronómetro para que sepa cuánto tiempo le queda. Adelante.

Muchísimas gracias, presidenta, por darme la palabra. Excelencias, distinguidos miembros de la delegación de México, sean todos muy bienvenidos a este diálogo. Queridos colegas, quiero ante todo agradecer a la delegación por su presencia y disponibilidad. Gracias por

Bien, pues el orador ahora con el micrófono más cerca, retoma.

Como les decía, sean muy bienvenidos y gracias por todo lo que han hecho para preparar el informe, las respuestas que nos han enviado por escrito, también los anexos que nos han enviado. Quiero agradecer a las organizaciones de la sociedad civil, a las ONGs, a los pueblos indígenas, a sus representantes, también a las familias, también familias de personas desaparecidas que han informado al Comité en cuanto a varias cuestiones que hemos tenido en cuenta para preparar este diálogo. México ocupa un lugar particular en la historia de los derechos económicos, sociales y culturales, claro está, sobre todo por el lugar que ocupan estos derechos en su Constitución y como ya ha dicho usted, excelencia, también han realizado importantes progresos desde el año 2018. Se ha hablado de pobreza multidimensional, que se va reduciendo, salario mínimo que se revaloriza, se ha ratificado un convenio de la OIT y entre otros, y hay muchísimos progresos de los que vamos a hablar, pero también hay motivos de inquietud que deberemos también abordar. Ahora, A partir de las respuestas que nos han proporcionado por escrito a finales de 2024, tomamos buena nota de ello y sabemos que ha habido otras reformas en el sector judicial, la ley de amparo, la elección de jueces, la supresión de ciertos organismos autónomos, medidas para la transparencia, la ley general para el agua, la ley para la energía, entre muchas otras. Y, obviamente, les vamos a hacer preguntas en cuanto a la incidencia que han tenido todas esas reformas para con el disfrute de los derechos consagrados en el Pacto. Les vamos a pedir, de hecho, que nos proporcionen más información en cuanto al alcance que han tenido estas reformas. Abordaremos todas esas cuestiones y comenzaremos. con los artículos del 1 al 5 y toda una serie de preguntas transversales que tienen que ver con la aplicación del pacto en México. Voy a comenzar con una primera pregunta que me parece es un enigma para muchos observadores y también para nosotros. Es la posible ratificación del protocolo facultativo del pacto. Soy consciente de que es un protocolo facultativo que concede una competencia al Comité para conocer comunicaciones individuales. Sabemos que México está muy apegado al multilateralismo y a los diferentes mecanismos individuales, por eso nos sorprende que el país no haya ratificado el protocolo. Si entendemos bien, hay iniciativas en el Senado, pero que todavía no han llegado a buen puerto o que aún no se han abordado. Sería muy interesante saber cuál es la postura de la delegación en cuanto a esta cuestión. Tienen previsto ratificar y, si es el caso, cuáles son los plazos, cuál es el calendario. Y si no, ¿por qué? Nos podrían explicar qué es lo que bloquea estos avances. Próxima pregunta o grupo de preguntas tiene que ver con el marco general, sobre todo la cuestión de la seguridad. Somos muy conscientes de la gravedad de la violencia por la delincuencia organizada y pensamos que estos niveles de delincuencia tienen repercusiones para el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Según la información que hemos recibido, hay regiones enteras a las que no llegan servicios porque no hay personal médico. precisamente por la violencia, por la presencia de la delincuencia. Y sabemos, por ejemplo, que hay lagunas en cuanto a vacunación, seguimiento de enfermedades crónicas, etcétera. Familias que se tienen que ir de sus hogares. Hay territorios en los que efectivamente hay una suerte de desierto o laguna de protección y de justicia social provocado por esa presencia de la delincuencia organizada y por la violencia. ¿Qué considera el Estado parte cómo ve esta cuestión y han evaluado ustedes las consecuencias de la inseguridad para el acceso a los servicios, a la escuela, a la tierra y otros, y qué medidas garantizan que se sigan brindando servicios esenciales en esos territorios más afectados. más allá de las respuestas, obviamente, de seguridad, puramente de seguridad. Ahora, en cuanto a la delincuencia organizada, hay mecanismos de Naciones Unidas que en algunas regiones han documentado el control del territorio de la población por grupos delictivos y hay indicios de complicidad, de apoyo, de aquiescencia de algunos funcionarios públicos a nivel estatal, federal, municipal. Quisiéramos saber si ustedes han evaluado esto y si hay investigación. en curso, condenas, enjuiciamientos, porque obviamente todo esto tiene consecuencias directas para el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales y para la justicia social. Otra cuestión y tiene que ver con las reformas, es el recurso de amparo. Preocupa al comité la información en cuanto a la cual se dice que el amparo, sobre todo en el caso de la defensa de comunidades, en caso de proyectos extractivos, se ha reducido mucho en 2025. Al final queremos saber qué recursos, qué vías de recursos tiene una comunidad que defienda el agua o el medio ambiente y que no pueda demostrar un daño real y diferenciado. ¿Podrían darnos ejemplos? Y también, con respecto al amparo, desde la reforma de octubre de 2024, parece que la polémica constitucional y la acción constitucional, al parecer, ya no son aceptables para una reforma constitucional, o puede ser que sí proceda. En cualquier caso, si procede la reforma, Y si se hace algo contrario al pacto, ¿qué recursos estarían disponibles contra la aplicación de una norma, aunque sea constitucional, que pueda ser polémica? Otra pregunta tiene que ver con el fallo del Supremo. en cuanto a la revisión del amparo 54 de 2021, en cuanto al sistema de Veracruz, que al parecer no se ha ejecutado, al parecer ha habido otros mandatos siguientes en cuanto al arrecife de Veracruz. ¿Nos pueden dar información específica en cuanto a este caso? Seguimos con la justicia. Tenemos preguntas en cuanto al contexto de la reforma constitucional y de la elección de los ¿Qué garantías concretas garantizan la independencia, la imparcialidad y la competencia específica de los jueces que han de proteger los derechos consagrados en el Pacto? Volveremos luego a estas cuestiones más adelante a lo largo del diálogo. Otro grupo de preguntas es, en este caso, con respecto a los defensores de derechos humanos. El Comité está muy preocupado por información que nos ha llegado sobre asesinatos, desapariciones, agresiones contra defensores de la tierra, de los territorios, del medio ambiente y también personas que buscan a sus allegados. Quisiéramos tener más información en cuanto a las investigaciones, órdenes de detención, condenas y cómo se regula y se trata todo esto. Otra pregunta: las familias que buscan a sus parientes, a sus allegados, personas desaparecidas, ¿acaso se considera a estas familias como defensores de derechos humanos? ¿Existe alguna norma que se haya adoptado, tal y como había recomendado, sobre todo, la CEDAW en sus labores? Ahora, en cuanto a las familias de personas desaparecidas, Obviamente es un tema que atrae mucho la atención y el comité, el grupo de trabajo en particular, está preocupado por la información recibida en cuanto a que las familias de personas desaparecidas, sobre todo mujeres, tienen que sufrir la pérdida de ingresos, la pérdida de la vivienda. Esto tiene repercusiones para la salud o por lo menos el coste de la salud y tiene también repercusiones para la escolarización. Todo ello porque tienen ellas que buscar a las personas desaparecidas el papel que asumen en ese sentido. Entonces, quisiéramos saber cuáles son las ayudas, cuál es la cobertura, cuántas familias reciben prestación para la educación, para la salud, para los niños, para la vivienda y si no los pueden separar por entidad federativa sería mucho mejor. Otra pregunta o grupo de preguntas en cuanto al derecho de los pueblos a la autodeterminación, en particular los pueblos indígenas. ¿Qué garantías tiene el Estado parte para respetar la autonomía de las instituciones representativas de los pueblos indígenas, sobre todo también las asambleas de las comunidades agrarias? en el caso de sus territorios, del agua y de los recursos naturales, entre otras cuestiones. Luego, las consultas de 2026 sobre derechos de pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes. Una reciente reforma ha habido oposición. Y entonces, ¿qué se ha hecho para tratar esa oposición? ¿Cómo se ha abordado? Otra pregunta sobre el Plan México y el desarrollo económico para el bienestar. Todos estos proyectos, ¿ha habido consultas y consentimiento libre, previo e informado? ¿Y acaso estas consultas se han adaptado a los pueblos y comunidades que pueden verse afectados? Otra pregunta. En este caso tiene que ver con los recursos naturales, la riqueza y la explotación económica. Tres grandes proyectos: el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Parque Eólico. Quisiéramos saber, sobre todo, qué estudios de impacto se han hecho. porque las respuestas son más bien de índole general, pero quisiéramos saber cuáles han sido los estudios de impacto ambiental, también de cuestiones sociales, de derechos humanos. ¿Se han realizado los estudios? ¿Se han publicado antes de tomar una decisión final? Y de ser así, ¿están disponibles para que los podamos consultar? Ahora, otra pregunta: reparaciones. ¿Qué reparaciones se han otorgado a aquellas familias y comunidades desplazadas que se han visto afectadas por estos proyectos. Otra pregunta que tiene que ver con esta cuestión es el consentimiento. Nos han informado de que casi el 60% de los proyectos extractivos en territorios indígenas desde 2017 no han contado con una documentación registrada que permita consultar de manera concreta. Nos han dicho que ha habido consultas tardías. Nos gustaría que nos aclararán estas prácticas? Otra pregunta que tiene que ver con la misma cuestión: la estrategia de empresas y derechos humanos y la debida diligencia de las empresas a la hora de aplicar sus políticas económicas respetando los derechos humanos. ¿Nos pueden informar un poco más de esta cuestión? ¿Qué mecanismos judiciales existen para contrarrestar ciertos proyectos de inversión que pudieran ser problemáticos, teniendo en cuenta el derecho internacional, el derecho internacional de los derechos humanos, cuestiones económicas, etcétera. Otra pregunta. la justicia fiscal. El Estado parte no ha respondido de manera sustantiva en cuanto a los recursos disponibles y a la imposición fiscal o la fiscalidad. Quisiéramos que nos proporcionen información adicional en cuanto a esta cuestión. Otra pregunta. que ya les había anunciado, tiene que ver con la supresión de ciertos órganos u organismos autónomos que evalúan las políticas sociales. Quisiéramos saber si se han reemplazado estos organismos por otros o por algún mecanismo, y de ser así, cuál es y qué resultados concretos se han logrado en los casos de corrupción que tienen que ver con programas sociales, licitación pública, adquisiciones, etc. Ha habido investigaciones, enjuiciamientos, condenas en esos casos. Comienzo o termino más bien con la cuestión de la discriminación. El Comité y el grupo de trabajo en particular está preocupado por la información recibida en cuanto a la situación de los solicitantes de asilo y refugiados. Una cifra que aumentado y quisiéramos saber cómo aborda México esta cuestión. Además, preocupa al Comité información recibida en cuanto al alcance y la eficacia de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Discriminación, sobre todo en el caso de tres grupos: las personas en situación de movilidad o desplazamiento, las personas que no tienen condición migratoria y las personas con discapacidad. Podríamos, más adelante, volver a tratar estas cuestiones, pero nos gustaría saber qué medidas toman ustedes para garantizar que las personas que han sido devueltas de Estados Unidos, sea cual sea su nacionalidad, tengan acceso efectivo sin discriminación a identidad, a vivienda, empleo, a salud, a educación de sus hijos también. Concluyo con una última pregunta y sé que ya se me ha acabado el tiempo. Tiene que ver con la violencia sexual. Nos ha llegado información en cuanto a que casi la mitad de mujeres de 15 años o más han sido víctimas de violencia sexual. Los códigos penales, en su gran mayoría, definen la violación como acto sexual sin consentimiento. ¿Qué se va a hacer para modificar este calendario, para que esté en todos los casos la falta de consentimiento y para que se supriman disposiciones problemáticas, sobre todo la cuestión del estupro? Concluyo. Aquí y luego podremos abordar otras cuestiones que no hemos podido tratar ahora. Pero para concluir, efectivamente, hemos estudiado el informe en su integralidad, también los anexos. Sabemos que se han aprobado medidas desde que se publicara el informe, en algunos casos con impactos negativos para las garantías existentes, y eso valdría la pena también tratarlo más adelante. Muchas gracias por su atención.

Muchas gracias por las preguntas iniciales. Excelencia ha solicitado un par de minutos para organizar las respuestas. Pausa de dos minutos. Pido a los colegas que permanezcan en la sala mientras la delegación se organiza. Gracias. Estimados colegas, pido su atención. Reanudamos la sesión y pido a la distinguida delegación de México que responda a las preguntas formuladas inicialmente por el señor Ludovic Hennebel. Señora, tienen 30 minutos y habrá un cronómetro en pantalla para que puedan gestionar bien el tiempo.

Muchas gracias, señora presidenta. Agradezco, señor relator, las preguntas que hace el Estado mexicano y agradezco el reconocimiento que hace a todos los avances que ha tenido el Estado mexicano en la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. A efecto de dar respuesta a sus preguntas, haremos una agrupación de las mismas a efecto de poder dar un poco de sistematicidad a la atención. En primer término, me gustaría referirme a la pregunta que hizo respecto del nuevo sistema judicial en el país a partir de la reforma constitucional de 2024, que se implementó a partir de 2025. Partió de un diagnóstico en el cual se advirtió que los órganos del poder judicial no estaban elegidos o no están bajo el escrutinio de la sociedad. A partir de una reforma que derivó de un diagnóstico que está disponible dentro de la propia iniciativa de la reforma constitucional, se advierte cuáles son los retos que se tenía en cuanto a excesos de privilegios en cuanto a los mecanismos de evaluación, y también se tenía todo un esquema para poder eficientar y advertir los esfuerzos internacionales que existían en la elección de personas juzgadoras. Eso llevó a que se implementara en una reforma histórica por primera vez la elección de todas las personas juzgadoras del país. Ello permitió que las personas que estaban en funciones pudieran formar parte de este ejercicio democrático, el cual tuvo su primera etapa hace hace un par de años y en ese sentido. Está regida también esta reforma por un órgano especializado, separado de la Suprema Corte, como solía ser, para poder evaluar todos los criterios y las funciones de las personas juzgadoras electas popularmente, así como un tribunal de disciplina judicial, también encargada de verificar todas las actuaciones que hacen. Esta reforma ha garantizado avances como paridad de género, ha garantizado que sectores que antes no podían tener acceso a este tipo de cargos, ahora lo puedan hacer mediante una revisión y un escrutinio de requisitos constitucionales de idoneidad, elegibilidad, puedan formar parte de la función jurisdiccional. Y a partir de esta reforma, se han implementado criterios que han favorecido los derechos económicos, sociales y culturales. En la Suprema Corte se han destacado criterios novedosos en materia de interculturalidad y en materia de derecho de acceso a la salud, a la vivienda, de consulta indígena. Asimismo, estas decisiones jurisdiccionales han permitido ampliar los derechos económicos mediante criterios de salud, seguridad social, derecho al trabajo, disposiciones locales que obligan a empleadores del sector agrícola a proporcionar condiciones de alojamiento, derecho de vivienda adecuada. Al fin, esta nueva configuración de la Suprema Corte ha impulsado la garantía de los derechos. Y en ese sentido, también el juicio de amparo tiene también la característica que a partir del interés legítimo es posible que un grupo de personas que están en una situación en lo particular, puedan acudir a la justicia y tener en la zona en la que se encuentren y respecto de la situación jurídica frente a las situaciones en la que se encuentran, puedan tener un criterio que sea aplicable y que incluso sea un precedente obligatorio para futuras situaciones similares. Esto por lo que hace al tema del poder judicial y la reforma judicial. Cedo la palabra a la embajadora Méndez para continuar con la atención a las preguntas.

Muchas gracias, Villanueva. Agradezco nuevamente al relator para México, el señor Ludovico, por sus preguntas tan puntuales, por leer detenidamente el informe y por estar muy al pendiente de lo que pasa en nuestro país. Quisiera empezar con su primera pregunta, señor Relator, acerca de por qué México no ha ratificado el Protocolo Facultativo. México reconoce efectivamente el desafío pendiente que tenemos ante la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de conformidad con nuestros procedimientos internos, es decir, con los lineamientos Para la celebración de tratados, este proceso requiere la anuencia de las autoridades competentes. Entonces estamos en este proceso de consultas interinstitucionales que hasta ahora no han alcanzado el consenso que nos permite la ratificación. Sin embargo, la Cancillería identifica ahora una oportunidad para retomar este proceso y mantiene consultas muy puntuales para lograr que México pudiera eventualmente ratificar el protocolo. En cuanto a los pueblos indígenas, señor relator, expertos, señora presidenta, como es bien sabido, México es un país pluricultural, multiétnico y plurilingüe integrado por 69 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, conformados por 16.728 comunidades y una población de 25.8 millones de personas, que equivale al 20.5% de la población nacional. Y fíjese, señor Relator, que en septiembre de 2024, la reforma al artículo 2 constitucional reconoció que este es un hecho histórico, un hito histórico en la historia de México, reconoció a los pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Algo de esto mencioné en mi discurso inicial. Con este ejercicio se fortalece la libre determinación, la autonomía y la participación en la vida pública nacional. También, como parte de la implementación de esta reforma, el Gobierno de México impulsó la elaboración de la Ley General de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos mediante un amplio proceso de consulta previa, libre e informada que usted bien, señor relator, nos comentó en su proceso de preguntas. Esto ha incluido jornadas informativas en las comunidades y la realización de 82 asambleas regionales de consulta en todo el país. Y siguiendo esta línea, el Poder Judicial de la Federación ha fortalecido la protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas mediante criterios jurisdiccionales capacitación especializada y mecanismos de acceso a la justicia con perspectiva intercultural. Asimismo, me gustaría ahora hablar sobre la consulta y el consentimiento libre, previo e informado que usted bien señaló. Y esto constituye ahora en México una garantía fundamental para el ejercicio de la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, conforme al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. y este derecho asegura su participación efectiva en las decisiones susceptibles de afectar sus derechos, territorios, recursos naturales y formas de vida. Señora presidenta, expertos, la reforma energética de 2024-2025 incorporó expresamente el derecho a la consulta previa, libre e informada y al consentimiento en los casos previstos por el marco jurídico aplicable en la legislación de los sectores eléctrico y de hidrocarburos. Este tema también lo señaló usted, señor relator, en sus preguntas, estableciendo procedimientos específicos para garantizar su realización antes del otorgamiento de permisos, autorizaciones o contratos susceptibles de afectar a comunidades indígenas y afro-mexicanas. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas ha fortalecido la implementación de este derecho mediante el acompañamiento técnico a procesos de consulta, la promoción de la participación efectiva de las comunidades conforme a sus propias formas de organización y la aplicación del instrumento derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas. bases, principios y metodología para su implementación. Ahora, si me permite, señor Relator, pasaré a contestarle el tema sobre empresas y derechos humanos. México definitivamente avanza en el fortalecimiento de una agenda nacional de empresas y derechos humanos. Orientada promover la conducta empresarial responsable, la debida diligencia y la incorporación de los principios rectores de las Naciones Unidas en las políticas públicas, con énfasis en el trabajo digno, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico incluyente. En ese mismo tenor, uno de los principales avances de 2026 es la elaboración de la política nacional de derechos humanos y empresas, coordinada por la Secretaría de Economía, con acompañamiento técnico justamente de la Organización Internacional del Trabajo y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y este proceso ha incluido consultas con autoridades, empresas, organizaciones sindicales, sociedad civil, con el propósito justamente de fortalecer la prevención de impactos adversos sobre los derechos humanos y el acceso a mecanismos. Y en materia de fortalecimiento institucional sobre conductas empresariales responsables, destaca la instalación en agosto de 2025, señor relator, que tal vez esta información no la tenía. El grupo consultivo interinstitucional y para la coordinación con el sector empresarial, academia, sociedad civil y sindicatos, el grupo consultivo multiactor como apoyo al Punto Nacional de Contacto de México, que Tiene su interlocutor en la en la Secretaría de Economía y la presentación en noviembre del mismo año de 8 guías sectoriales elaboradas por dicha Secretaría en colaboración con el programa de las Naciones Unidas, nuevamente el PNUD, para facilitar la incorporación de estándares de derechos humanos en la administración pública federal. Además, se reactivó el mecanismo no judicial de diálogo y resolución de conflictos. para la conducta empresarial responsable a cargo del Punto Nacional de Contacto. También, y esto es más reciente, en octubre de 2026, justo hace un mes, la Secretaría de Relaciones Exteriores fue sede del encuentro Reflexiones en torno a la agenda de empresas y derechos humanos en México, que se organizó justamente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil. proyectos sobre organización, desarrollo, educación e investigación, en colaboración con el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas con motivo del quincuagésimo aniversario de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Y con esto le doy el uso de la palabra nuevamente a mi Director General de Derechos Humanos, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, el doctor César Villanueva.

Muchas gracias, Embajadora. Ahora voy a proceder a un tema muy interesante e importante que usted refirió, señor Relator, respecto de la atención que hace el Estado mexicano a las personas migrantes y solicitantes de refugio. Para México, el tema de movilidad humana Es una política formulada que es conducida por la Secretaría de Gobernación, nuestro Ministerio del Interior, que se alinea al marco constitucional y a los objetivos de desarrollo del país. Nuestro país, en México, nos regimos bajo el humanismo mexicano, que es un modelo que prioriza el bienestar, la justicia social y los derechos de las personas, tanto en territorio nacional como en el exterior. Atendemos de manera integral la movilidad humana en sus cuatro dimensiones, que es lo que pone a nuestro país en este grado de complejidad, al tratarse de un país de origen, tránsito, destino y retorno, y las necesidades diferenciadas de las personas que tienen en estos contextos para garantizar que esta movilidad sea segura, ordenada y regular. Para las personas mexicanas repatriadas, en enero de 2025 se puso en marcha la estrategia México te abraza. mediante la coordinación de 34 dependencias federales y nueve centros de atención, lo que se ofrece alojamiento, alimentación, atención médica y psicológica de primer contacto, documentación, acceso a programas sociales, vinculación laboral y traslado a las comunidades de origen. Tan solo de enero de 2025, cuando inició al 15 de octubre de 2026, se han registrado 309,486 repatriaciones de connacionales. de las cuales 176,575 fueron vía terrestre y 132,911 de forma aérea. Se han otorgado más de 1,779,000 servicios como alojamiento, alimentación, atenciones médicas, psicológicas, asesorías jurídicas, atención diferenciada a grupos vulnerables como núcleos y mujeres líderes de familia o que retornan solas, así como traslados a sus comunidades de origen. En materia de emisión de documentos de identidad, el Estado mexicano ha garantizado este derecho humano mediante el otorgamiento de más de 168,829 actas de nacimiento y claves únicas de registro de población. Además, se han dado a más de 207,641 personas, se ha entregado una tarjeta Bienestar Paisano con 107 dólares para que sus gastos de traslado a sus comunidades de origen estén aseguradas. En este mismo tenor, para las personas solicitantes del reconocimiento de la condición de persona refugiada, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ha consolidado progresivamente el modelo de atención e integración que vincula el procedimiento de protección internacional con la identificación temprana de necesidades y barreras, la atención diferenciada y la construcción de rutas de acceso a documentación, empleo, seguridad, servicios financieros e integración familiar. México es un ejemplo de la política de asilo a nivel mundial. Entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de julio de 2026, la COMAR atendió a 43,566 personas solicitantes, incluidas 6,688 niñas, niños y adolescentes, y realizó 108,519 acciones de asistencia y vinculación. De ellas, 39,224 correspondieron a identidad y gestiones de la Clave Única de Registro de Población Temporal, 21,303 a protección diferenciada y 20,037 a integración local, incluidas acciones de educación, empleo e inclusión. Este modelo tiene una expresión territorial a través del Centro Multiservicios de Tapachula. que desde septiembre de 2025 articula en un solo espacio el procedimiento de reconocimiento con servicios de documentación, asistencia e integración mediante la coordinación intersectorial y multinivel. Se han fortalecido estas rutas de acceso a la educación y se ha avanzado en una estrategia que permite la empleabilidad y la inclusión laboral. Se garantiza la integridad de las personas de manera digna a la sociedad. Por ello, hemos implementado el programa México Integra, impulsada por la Secretaría de Gobernación a través de la COMAR, en coordinación con la ACNUR y aliados, para fortalecer el acceso a estos derechos mediante la vinculación de servicios públicos y oportunidades de integración. El programa de integración local es esta experiencia que pone a México en el liderazgo de las acciones en favor de las personas refugiadas. A 10 años de su implementación, más de 175 mil personas han recibido algún tipo de apoyo para su integración. Aproximadamente 120 mil 653 fueron acompañadas en las localidades donde residían y 50 mil 622 personas refugiadas fueron reubicadas, principalmente desde el sur hacia entidades del centro y norte del país. En cuanto a su referencia, señor Relator, respecto de la situación de las personas defensoras de derechos humanos y el medio ambiente, en México, su atención constituye su función una condición necesaria para la realización progresiva de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que forma parte de la Secretaría de Gobernación, Implementa medidas preventivas de protección y de respuesta urgente. Para ello, realiza análisis de riesgo, identifica amenazas y vulnerabilidades, determina medidas de protección y coordina su ejecución con autoridades federales, estatales y municipales. También desarrolla acciones de capacitación y autoprotección y fortalece la coordinación con instituciones especializadas en materia ambiental, de igualdad y de seguridad. Al 30 de septiembre de 2026, el mecanismo de protección otorgó protección a 2.362 personas, 678 periodistas y 1.261 personas defensoras de derechos humanos y 423 personas familiares de las personas beneficiarias. Del total de personas defensoras, 343 señalaron estar vinculadas con la defensa de los derechos ambientales. Destaca también, señor Relator, que desde enero de 2026, La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se incorporó como invitada a la Junta de Gobierno de este mecanismo de protección, también ajustado a las obligaciones que nos implica el Acuerdo de Escazú. En ese sentido, me gustaría también pasar la palabra al señor Héctor Figueroa, que forma parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a efecto de que atienda una de las preguntas que formuló.

Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta acerca de la continuidad de organismos autónomos, porque nos da oportunidad de explicar cómo la reforma administrativa da continuidad a la evaluación de los programas sociales y a la medición multidimensional. Perdón. Muchas gracias por la pregunta acerca de la continuidad de los organismos autónomos. porque nos da oportunidad de explicar cómo la reforma administrativa permite dar seguimiento a la evaluación de los programas de desarrollo social y a la medición multidimensional de la pobreza, así como al ejercicio de la transparencia que se traspasó a otra dependencia. Al respecto, quisiera mencionar que el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales compromete a los Estados parte a adoptar medidas especialmente económicas y técnicas para lograr progresivamente por todos los medios apropiados, inclusive la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos reconocidos en el Pacto. El artículo 11 del Pacto Internacional también compromete a los Estados parte A reconocer el derecho de toda persona un nivel de vida adecuado para sí y su familia. En este sentido, hay un reconocimiento de que la pobreza está vinculada de modo directo a la limitación de las opciones de vida de los individuos y se busca identificar las múltiples privaciones o condiciones de vida que pudieran limitar el ejercicio de las libertades individuales y colectivas. Así, A partir de las medidas legislativas que conferieron al INEGI la atribución de evaluar la política de desarrollo social, así como establecer los lineamientos y criterios técnicos para la definición, identificación y medición de la pobreza, se mantiene su continuidad metodológica, donde la medición correspondiente a 2024, perdón, se realizó con la misma metodología y fuente de información utilizadas en los ejercicios previos. lo que permitió preservar la comparabilidad de la serie bienal de resultados 2016-2024. Esto es relevante porque el Estado mexicano es un referente internacional en la generación de información estadística para la construcción de evidencia en materia de desarrollo social, debido a que en 2004 publicó la Ley General de Desarrollo Social, misma que establece que el Estado mexicano debe llevar a cabo una medición multidimensional de la pobreza que considere tanto el bienestar económico como el acceso a los derechos sociales, cuyos resultados son además de uso obligatorio para las dependencias encargadas de impulsar el desarrollo social. Bajo esta idea, la metodología para la medición de pobreza multidimensional en México sigue el enfoque basado en derechos humanos, al considerar que la pobreza se manifiesta como vulneración de derechos, es decir, se refiere a la situación de las personas cuyas condiciones de vida son afectadas por la falta de recursos económicos y la imposibilidad de ejercer los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, en la definición, identificación y medición de la pobreza multidimensional, se considera que una persona se encuentra en esta situación cuando no tiene garantizado al menos uno de sus derechos sociales y no cuenta con ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades. Con esta base, los resultados de pobreza multidimensional aportan evidencia necesaria para las condiciones de vida que brindan a los individuos las opciones de vida minimamente aceptables. Aunado al anterior, brinda evidencia para el seguimiento del avance del objetivo 2.1 del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, orientada a fortalecer la red de protección social para garantizar la inclusión social y económica de toda la población. Con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad. Muchas gracias.

Gracias, doctor Héctor. Yo quisiera volver otra vez, si me permite, señor relator, a la Ley General de Pueblos Indígenas y Afro-Mexicanos y el proceso de consulta que implicó la organización de varias mesas de trabajo y espacios específicos para abordar planteamientos y observaciones de diversos sectores, incluidas aquellas posiciones críticas o divergentes respecto a algunos aspectos de la propuesta legislativa. También se han generado espacios de diálogo y deliberación que permiten a las personas participantes, intercambiar puntos de vista, formular propuestas alternativas y construir consensos cuando ello ha sido posible. Las contribuciones realizadas son incorporadas a las relatorías y actas de cada ejercicio participativo. Eso para puntualizar el tema de las consultas. Ahora, si me permite, señor relator, quisiera abordar Tema muy importante para las prioridades de la Presidencia, la violencia sexual. Por primera vez en la historia tenemos a una presidenta mujer después de 200 años de independencia y ha sido de una gran líder en materia de igualdad sustantiva y todos los elementos colaterales del tema. Déjeme exponerle, señor Relator, las acciones implementadas en las distintas instituciones del Estado mexicano que han contribuido a fortalecer la prevención, atención, protección y acceso a la justicia para mujeres, niñas y adolescentes en situación de violencia. así como ampliar la cobertura territorial de los servicios especializados y robustecer las capacidades institucionales para atender las distintas manifestaciones de violencia de género. Por darle algunas cifras, señor relator, durante 2025 se inauguraron siete centros de justicia para las mujeres en Mexicali, Palenque, Hidalgo, Del Parral, Tulum, Guasave, Guaymas y Nogales, que son pequeñas ciudades en México, así como en 2026 entrarán en operación 17 centros de justicia para las mujeres itinerantes en nueve entidades federativas. Déjeme cerrar con una buena noticia, además de todas las que ya proporcioné, que el tipo penal de feminicidio en el gobierno federal para este tema se presentó una iniciativa de ley general que tiene como objetivo, entre otros, homologar la definición de feminicidio en todo el país. Y actualmente esta iniciativa ha seguido su curso legal, pero también quiero mencionarle que el grupo de trabajo sobre discriminación y también el experto SOGIE aquí de Naciones Unidas en el ámbito de la Ginebra Internacional, reconoció plenamente esta iniciativa y el valor que implica no solamente para el Estado mexicano, sino para la comunidad internacional. Ahora le doy el uso de la palabra al doctor César Villanueva.

Muchas gracias, Embajadora. Ahora me voy a ceñir al tema de seguridad que nos planteó en su intervención. Como parte de lo que expresamos, la atención a la seguridad tiene que partir de la atención a las causas. La política del Estado mexicano ha partido de garantizar la dignidad y la integridad y el mínimo básico de las personas, a efecto de que puedan tener las condiciones de vida suficientes que los aleje de los grupos delictivos y podamos así disminuir la delincuencia. Tan solo en dos años, los homicidios dolosos disminuyeron 52% en estos últimos dos años y los delitos de alto impacto han disminuido en un 36%. Estamos atendiendo a las causas que han originado este mal de la delincuencia. En ese sentido, y para finalizar respecto al tema de personas desaparecidas, México tiene como prioridad primordial atender el tema de personas desaparecidas y estamos completamente conscientes del dolor que tienen las personas, las madres y las familias buscadoras. En ese sentido, reiterar y enfatizar que el Estado mexicano no consiente ni tolera la desaparición de personas, cualquiera que sea su modalidad. Actualmente contamos con una coordinación sin precedentes entre autoridades federales y estatales para localizar a las personas desaparecidas, investigar los delitos y combatir la impunidad. Tan solo en este año, con estos esfuerzos que hemos tenido, hemos localizado a más de 16 mil personas, la mayor parte con vida. En ese sentido, vamos a refrendamos en el Estado mexicano. la colaboración internacional, el diálogo y el escrutinio a efecto de garantizar la vida y la integridad de las personas. Muchas gracias.

Con esto, señora presidenta, damos respuesta a este primer bloque de preguntas. Muchísimas gracias.

Thank you, ma'am.

Muchísimas gracias, señora embajadora. Ofrezco la palabra ahora a los miembros del comité que quieran hacer preguntas de seguimiento. Veo que el señor Hennebel solicita la palabra. En primer lugar, adelante.

Presidenta, gracias por darme de nuevo la palabra. Gracias a los miembros de la delegación. por participar en este ejercicio, que es un tanto particular, porque hay que responder en muy poco tiempo a preguntas que al final son esenciales, estructurales, políticas, jurídicas, todas esenciales sobre temas muy variados. Es un ejercicio muy complejo. Entonces, quisiera retomar dos o tres cuestiones que mencioné, pero bueno, obviamente, entendemos que no hay suficiente tiempo. Es difícil responder a todo. Quería volver a la cuestión de la delincuencia organizada. Me parece un punto que es verdaderamente importante para nosotros. La violencia llevó a desplazamiento de población, pérdida de tierras, interrupción de estudios. e interrupción de servicios de transporte y de otros servicios esenciales. Entonces, quisiéramos de verdad entender la parte de la justicia social, de derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cómo se integra esto a la normativa que tienen ustedes, al análisis que hacen de esa violencia delictiva? El hecho de que también se pierda el control sobre ciertos territorios. Sabemos que el país tiene una estructura compleja, con diferentes niveles institucionales. Entonces, nos podrían explicar cómo se trata esto y también qué autoridades han tenido que rendir cuentas por no poder impedir ciertos actos y cuando estos ocurren, qué reparaciones se proporcionan. Otra cuestión que no pude plantear antes Ustedes han hablado de casi 150 000 amparos de derechos económicos, sociales y culturales entre 2018 y 2024. Hablaban ustedes de un 30 % aproximadamente que se ha concedido. Quisiéramos entender también cuál es la lógica luego para la ejecución, para la aplicación, porque una cosa es conceder el amparo y otra cosa es poder luego ejecutarlo, aplicar la decisión. las preguntas de las familias de personas desaparecidas. Yo creo que vale la pena profundizar un poco en esto, quizás lo podamos hacer en otros grupos de preguntas, pero el objetivo al final es entender bien cómo se atiende, cómo se acompaña a estas familias para que puedan seguir disfrutando de sus derechos económicos, sociales y culturales. sobre todo por las perturbaciones económicas y sociales que acarrea este tipo de situación. Otra pregunta, y me gustaría que nos den más detalles. Hemos preguntado en cuanto a Plan México, el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, que su excelencia también ha mencionado en su introducción. Ha habido consultas previas, consentimiento libre, previo e informado. Y luego, ¿qué incidencias ha tenido esto para los derechos humanos? Pero sobre todo, nos gustaría que nos hablen de los megaproyectos, el Tren Maya y otros, porque es una cuestión importante. Saben ustedes que esto genera muchas preocupaciones a la sociedad civil, sobre todo. Y es inevitable que este tipo de proyectos generen inquietudes en cuanto a los derechos económicos, sociales, culturales, los derechos humanos de manera más amplia. Entonces, creo que valdría la pena dedicarle un momento para poder entender bien cómo se está haciendo todo esto. Sabemos que el Tren Maya y el Corredor Interoceánico han sido declarados de interés para la seguridad nacional. el Ministerio de la Defensa y la Marina están implicados si tenemos la información correcta. Entonces, la pregunta es, ¿esto tiene consecuencias, por ejemplo, en cuanto al acceso a la información, las consultas, las vías de recurso? Es parte de lo que queremos saber, aunque nos pueden dar mucha más información, claro está, pero estas cuestiones nos parecen de mucha importancia. Y la última pregunta que voy a formular y dejaré que mis colegas completen si se me ha quedado algo y si no, tengo otras preguntas, pero el proyecto de ley federal contra la discriminación. ¿Se ha aprobado? Parece que no, pero no sabemos. Y si no se ha aprobado, ¿cuál es el calendario para su aprobación y cuáles son los recursos efectivos que garantizarán a las víctimas? Lo dejo ahí por ahora y según el tiempo que quede después haré otras preguntas. Gracias.

Muchísimas gracias. El señor Santiago Fioreo ha pedido la palabra. Tiene usted la palabra y luego la señora Julieta Rossi. Señor Santiago, adelante.

Muchas gracias por la palabra. Es un gusto compartir este lugar con la delegación de México. Quisiera hacer una pregunta aclaratoria. Comprendiendo la interacción para el tratamiento de proyectos, me gustaría pedir una aclaración sobre el reconocimiento del derecho por parte reconocido por el Estado para los pueblos indígenas, relación al consentimiento previo, libre e informado. Me gustaría que me pueda, por favor, aclarar si el marco legal establece únicamente un derecho a la consulta o si efectivamente garantiza y cómo lo hace en relación al consentimiento previo, libre e informado para el desarrollo de actividades o la aplicación de programas y políticas que puedan afectar su modo de vida. Por otro lado, también quisiera consultar sobre un catálogo nacional sobre los indígenas. Nos gustaría que la delegación pueda hacer una descripción sobre cuál sería su alcance, la finalidad y los criterios para que los integrantes de pueblos indígenas puedan ser reconocidos en dicho catálogo. Probablemente tendríamos una profundización sobre el catálogo más adelante, pero estas serían unas preguntas iniciales que podríamos desarrollar en el siguiente clúster. Pero ya adelanto esta pregunta porque sí es importante para otras preguntas posteriores. Muchas gracias.

Señora Julieta, tiene usted la palabra. Julieta Rossi, adelante.

Muchas gracias, presidenta, por la palabra y bienvenida a la delegación de México. Es un gusto también estar acá con ustedes. Yo quisiera retomar el tema de el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y el avance en materia de reconocimiento legislativo también. Por un lado, preguntarles qué significa específicamente que los pueblos indígenas hayan sido reconocidos como sujeto de derecho público, digamos, qué implicancias tiene ese reconocimiento que, en principio, parece realmente importante, pero en todo caso, si nos pudieran detallar un poco las implicancias. Y por otro lado, si tienen planes para reconocer la figura del municipio indígena, de modo tal que las comunidades puedan, por ejemplo, recibir y administrar directamente recursos públicos, que entiendo que esta es una demanda de las propias comunidades. En segundo lugar, sobre el proceso de la Ley General de Reglamentación de los Derechos de los Pueblos Indígenas, ustedes estuvieron comentando acerca del proceso llevado adelante para consultar a las comunidades, etcétera. Bueno, mencionaron cantidad de mesas y de consultas, pero también nosotros hemos recibido información de parte de las organizaciones de la sociedad civil, de alguna manera criticando un poco este proceso y manifestando que ha tenido algunas limitaciones. Por ejemplo, el escaso tiempo otorgado para su revisión, información limitada y culturalmente no fue especialmente adecuada la información que se les proporcionó a las comunidades, y también a la utilización de un formato que no sería propio de los espacios tradicionales de la toma de decisiones comunitarias. Si pueden comentar al respecto, no sobre estas críticas, más allá de que escuchamos cómo ustedes Por supuesto, valoran y en principio abrieron el espacio de participación, pero a su vez recibieron estas críticas que queríamos saber cuál era la postura del gobierno al respecto. Y por último, en el tema de la ley de amparo, que fue modificada en el 2025, y también recibió algunas críticas por haber restringido las posibilidades de reclamar derechos colectivos como el derecho al amparo, restringiendo, por ejemplo, el concepto de interés legítimo. Entonces pedimos también si pueden, o pido, en todo caso, si pueden comentar al respecto. Muchísimas gracias.

Gracias, señora Rosi. Excelencia, le pido ahora que, por favor, responda a las preguntas y solicitudes de aclaraciones que se le han formulado. Tienen la palabra adelante. Cuentan con 20 minutos.

Muchas gracias a todas y a todos por sus valiosas preguntas. Me voy a enfocar en primer término respecto del proyecto del Tren Maya, porque ha sido uno de los aspectos que ha llamado la atención incluso de algunos procedimientos especiales. Este proyecto forma parte de una estrategia de desarrollo regional orientada a fortalecer la conectividad, la actividad económica y las oportunidades de desarrollo en el sur-sureste de México, bajo mecanismos de participación social, protección ambiental y salvaguarda del patrimonio cultural. En materia de participación indígena, durante 2019 se llevó a cabo todo un proceso de consulta con pueblos y comunidades del área de influencia del proyecto. se realizaron 15 asambleas regionales informativas y 15 asambleas consultivas, con la participación de 4,869 personas, entre ellas autoridades comunitarias, agrarias y municipales, así como representantes de 1,078 comunidades indígenas. Para el seguimiento de estos acuerdos, se integró una comisión conformada por 293 representantes comunitarios. En el ámbito ambiental, Las obras fueron sometidas a los procedimientos de evaluación previstos en la legislación ambiental. Las autorizaciones incorporan medidas obligatorias de prevención, mitigación, compensación, restauración y monitoreo, incluyendo acciones para la protección de flora y fauna, restauración de áreas intervenidas, construcción de pasos de fauna, manejo de residuos y conservación de ecosistemas prioritarios. En este sentido, este proyecto interinstitucional destaca la participación de la Comisión Nacional del Agua, que mantiene un monitoreo de recursos hídricos de la región y proporciona información técnica para fortalecer las medidas de prevención, mitigación y seguimiento relacionadas con la protección del sistema hidrológico de la península de Yucatán. La participación pública también formó parte de este proceso de evaluación. Como usted solicitó atentamente, señor relator, entre 2020 y 2025 se realizaron ocho reuniones públicas de información y consulta con la participación de 1375 personas, quienes presentaron observaciones, preguntas y propuestas consideradas en los procedimientos correspondientes. En materia de patrimonio cultural, el Instituto Nacional de Antropología e historia, implementó un amplio programa de salvamiento arqueológico vinculado al proyecto. Como resultado, se han intervenido y protegido más de 26.500 monumentos arqueológicos y se ha fortalecido el registro, conservación y documentación del patrimonio cultural de la región. De manera complementaria, el proyecto ha contado con asistencia técnica de organismos internacionales en desarrollo sostenible patrimonio cultural, planeación territorial y gestión de proyectos. En conjunto, todas estas acciones buscan asegurar que el desarrollo regional asociado al Tren Maya avance de manera compatible con la protección del medio ambiente, la conservación del patrimonio cultural y la participación de los pueblos indígenas en los procesos que les conciernen. En cuanto a la pregunta relacionada con el proceso de consulta de la Ley General de Pueblos y de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Yo mismo participé en diversas de los foros y de las mesas que tuvieron a cabo. Y era un ejercicio sumamente valioso, porque primero hubo una parte informativa en la que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas se encargaba de dar a todas las comunidades información respecto de cuál era el alcance del proyecto. Posteriormente se llevaron a cabo las asambleas en las que se tomaron mediante mesas de trabajo las opiniones de todas las personas y las los integrantes de las comunidades, y después hubo otras 8 mesas de trabajo que sistematizaron esa información. Algunas de estas asambleas fueron también pospuestas precisamente porque no se lograban sistematizar o llegar a cabo todos los. Recopilar toda la información o quedaban temas pendientes. Tan es así que el proceso de esta ley sigue todavía en implementación, el proceso de consulta. Y esto parte de la redimensión que ha tenido el Estado mexicano respecto de la atención a los pueblos y comunidades indígenas. El tema de catalogarlos constitucionalmente como sujetos de derecho público y con patrimonio propio hace que se alejen de un modelo previamente que tenía un carácter asistencialista, a efecto de que tengan por sí mismos los medios y la legitimidad constitucional para poder decidir sus propios destinos y la manera en la que desean participar incluso en el propio ejercicio del presupuesto. En la Suprema Corte han habido bastantes criterios que han avanzado en esta garantía integral de los pueblos y comunidades indígenas a partir propiamente de los propios juicios constitucionales a los que han tenido acceso. Esto por lo que hace a este par de preguntas. Y bueno, vamos a pasar ahora con la embajadora Méndez a efecto de dar seguimiento a las siguientes preguntas.

Muchas gracias, doctor Villanueva. Gracias nuevamente al relator Ludovico por precisarnos esas preguntas que las tenemos ya en el radar. Y agradezco mucho las preguntas también del experto Fiorello Valeski y de la doctora Julieta Rosis, siempre sobre pueblos indígenas. Creo que es una oportunidad también para escuchar con más detalle las políticas que ha seguido el Estado mexicano y sobre esto quisiera hacer algunas precisiones. En abril de 2026 se fortaleció la institucionalidad de la Fiscalía General de la República mediante la creación de una Fiscalía especial para personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. encargada de brindar atención especializada con enfoque intercultural, que es algo que preguntó el experto Baeski, también la doctora Julieta Rossi. Con esta atención especializada y enfoque intercultural, Y para fortalecer el acceso a la justicia mediante mecanismos de traducción e interpretación en lenguas indígenas, como mencioné en mi presentación inicial, tenemos 69 pueblos indígenas y 67 lenguas indígenas. Es una labor extraordinaria del Estado mexicano para preservarla y para mantener la comunicación. Así, como la incorporación de criterios de pluralismo jurídico, perspectiva de género e interseccionalidad. También decirles que la Suprema Corte y los tribunales federales han consolidado varios estándares muy robustos de protección del derecho a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. estableciendo que debe realizarse ante la mera posibilidad de afectación a los derechos e intereses de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que todas las autoridades están obligadas a garantizarlas cuando adopten medidas susceptibles de afectar sus territorios, que también lo han preguntado los expertos, recursos naturales o formas de organización, y que esta obligación se extiende a ámbitos como la minería, la energía, el medio ambiente y el desarrollo territorial. Y en conjunto, estas medidas reflejan los esfuerzos del Estado mexicano para fortalecer la libre determinación el acceso efectivo a la justicia y la protección de los derechos individuales, colectivos de los pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanas conforme al nuevo marco institucional. También información adicional quisiera proporcionarles, expertos, Y comentarles que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2025 2030, que como bien saben, es nuestro marco sombrilla de política pública del Estado mexicano. La consulta constituye un instrumento para promover el bienestar, la justicia social y la igualdad sustantiva, garantizando que los proyectos de infraestructura, energía y desarrollo territorial incorporen las prioridades y perspectivas de los pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanas, y asimismo contribuya a la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales que es objeto de este Honorable Comité. Decirles también, igual, nuevamente sobre la consulta previa libre e informada, que México ha fortalecido el marco institucional, como ya lo he dicho, y normativo, y que, desde luego, existen desafíos para la implementación efectiva, pero que, como es natural, lo estamos trabajando. Y entre estos desafíos, aquí con toda honestidad, queridos expertos, les digo que destaca la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional, ampliar las capacidades técnicas y la presencia territorial de las autoridades responsables, particularmente en regiones con alta presencia de pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanas, y una creciente concentración de proyectos de desarrollo Bien lo dijo el experto Ludovico, que México es un territorio que tiene sus complejidades y por eso el Estado mexicano está trabajando puntualmente para atender estos desafíos. Asimismo, resulta necesario consolidar la consulta como un proceso sustantivo de diálogo, porque, señores expertos, esta apertura es de reciente data. La historia de México tiene más de 200 años y es un proceso en el cual se ha avanzado, si vemos la historia de México, se ha avanzado cualitativamente y reconocemos los retos y yo misma se los estoy expresando. Entonces, necesitamos consolidar la consulta como un proceso sustantivo de diálogo intercultural, fortaleciendo la participación efectiva de mujeres y juventudes, la pertinencia cultural y lingüística de los procesos, ya lo han señalado ustedes, y los mecanismos de seguimiento de los acuerdos alcanzados. Y en este contexto, decirles que México impulsa, como ya se los comenté antes y como también lo comentó el doctor César Villanueva, la elaboración de la Ley General de los Pueblos Indígenas y Afro Mexicanos, con el propósito de fortalecer los estándares y procedimientos aplicables a la consulta y garantizar su realización de manera previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. Con esto, cedo la palabra al doctor Villanueva. Doctor Villanueva.

Muchas gracias, embajadora. Para precisar respecto del alcance de estos amparos que refirió señor relator respecto de los DESCA en el poder judicial. Solamente para precisar que durante el primer año de implementación de la reforma judicial, iniciada en septiembre de 2025, los órganos jurisdiccionales continuaron aplicando directamente la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos para proteger derechos relacionados con la salud, vivienda, trabajo, seguridad social, educación, medio ambiente y derechos de pueblos indígenas y afromexicanas. Esta protección judicial se ha fortalecido mediante herramientas de formación y capacitación especializadas. a partir de las experiencias que los propios casos han dado en cada caso concreto. Destaca el manual sobre justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que proporciona criterios para el análisis de obligaciones estatales, progresividad, contenido mínimo esencial y prohibición de regresividad, fortaleciendo las capacidades institucionales para la tutela efectiva de estos derechos. Por ejemplo, han habido decisiones jurisdiccionales en materia de agua y medio ambiente en las que se ordenó por parte de la Suprema Corte a que se implementaran medidas para garantizar el acceso a agua potable a partir de la propia figura del interés legítimo y proteger a comunidades frente a riesgos ambientales, reafirmando la obligación estatal de adoptar acciones preventivas aun cuando no exista certeza científica absoluta sobre los daños. Respecto del tema, señor relator, del Plan México que nos hizo alusión, en enero de 2025, el Gobierno de México presentó este plan como una estrategia de desarrollo económico equitativo y sustentable, orientada a fortalecer el mercado interno, impulsar la inversión productiva y generar empleos dignos, reducir las desigualdades regionales bajo un modelo de prosperidad compartida. El plan establece 13 metas nacionales hasta 2030. entre las que destacan la generación de 1.5 millones de empleos adicionales en manufactura especializada y sectores estratégicos, el incremento de la inversión por encima del 28% del Producto Interno Bruto, la formación anual de 150 mil profesionistas y técnicos, así como el fortalecimiento de la producción nacional, la innovación tecnológica y la sostenibilidad ambiental. Como uno de sus principales instrumentos de implementación, el Gobierno de México impulsa 15 polos de desarrollo económico para el bienestar, distribuidos en 14 entidades federativas, con el objetivo de atraer inversiones, aprovechar las vocaciones productivas regionales, integrar a las micro, pequeñas y medianas empresas en las cadenas de valor y promover la creación de empleos dignos y bien remunerados. En materia de fortalecimiento institucional, en mayo de 2025 se estableció un marco regulatorio de estímulos fiscales para estos polos, que contempla la deducción inmediata del 100% de las inversiones en activos fijos nuevos, así como deducciones adicionales del 25% para capacitación y del 25% para innovación y desarrollo tecnológico. con el propósito de así incentivar la inversión productiva y el desarrollo de capacidades laborales. La implementación de esta estrategia ha registrado avances concretos, por ejemplo, se inauguró el primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla, Tlaxcala, en abril de 2026, así como la emisión de declaratorias y mecanismos de coordinación para el establecimiento del resto de los demás polos. Permítame seguir con la pregunta que hizo respecto de la atención a las familias de personas desaparecidas. Como referí anteriormente, constituye un eje central de la estrategia de búsqueda, la atención y participación de las familias y de los colectivos. Al último corte reportado se habían realizado 13,750 atenciones y reuniones que incluyen seguimiento, acompañamiento y coordinación institucional. El Gobierno de México siempre está abierto a la escucha, al diálogo y a la atención a todas las personas, familiares, personas buscadoras, siempre van a tener las puertas abiertas de la autoridad mexicana. Las jornadas en territorio también permiten revisar casos, verificar carpetas de investigación y dar seguimiento a la toma de muestras y al registro de perfiles genéticos. De acuerdo con el Registro Nacional de Atención a Víctimas, a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la SEGOB, el 31 de agosto de 2026 se encontraban registradas 28,050 personas víctimas de desaparición. de las cuales 19,179, el 68.4% corresponden a víctimas indirectas. En el ámbito federal, las víctimas indirectas representan el 75% de los registros asociados a este delito. Esta información ha permitido fortalecer la identificación de necesidades diferenciadas y orientar acciones. de naturaleza institucional para garantizar el acceso efectivo de las familias a servicios de atención, protección y acompañamiento. El Estado mexicano reconoce que tenemos retos y tenemos desafíos en esta materia. Sin embargo, mantiene el compromiso de consolidar una política pública centrada en el cuidado integral de las familias, de las personas desaparecidas, reconociendo sus necesidades específicas. y fortaleciendo las capacidades institucionales para brindar una atención cada vez más accesible, especializada y humanizada. También me gustaría destacar que el Estado ha identificado oportunidades para fortalecer la continuidad de la atención médica y psicológica de las familias buscadoras. Para ello, se ha reforzado también estrategias de acompañamiento integral y vinculación institucional que favorecen al acceso oportuno, la permanencia en los tratamientos y las acciones preventivas con un enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad. Finalmente, para referirme al tema de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, El Estado reconoce la importancia de continuar fortaleciendo esta ley, que está en proceso de revisión por el Poder Legislativo. La protección del derecho a la igualdad y no discriminación ha seguido fortaleciéndose mediante reformas constitucionales y avances legislativos concretos. En 2024 se fortaleció el artículo cuarto constitucional, reconociendo la pensión para personas con discapacidad permanente menores de 65 años, como medida de protección social e igualdad sustantiva. Respecto a las personas de la diversidad sexual de género, el artículo 1° constitucional ya prohíbe expresamente la discriminación por género y preferencias sexuales, así como cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana. Adicionalmente, en septiembre de 2026 se presentó una iniciativa de reforma constitucional para incorporar expresamente la orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales como motivos de prohibición de discriminación. Esta propuesta continúa en trámite del procedimiento legislativo. Lo de la pensión quiero referir que es a menor de 65 años, porque en México todas las personas adultas mayores de 65 años y más también reciben una pensión. Agradecemos sumamente sus preguntas y quedamos atentos para el siguiente bloque, que nos dará mucho gusto atender y dar a conocer todos los resultados que el Estado mexicano está teniendo en la garantía de estos derechos. Muchas gracias.

Gracias. Hemos completado las preguntas y respuestas del primer grupo y ahora vamos a pasar al segundo. Excelencia, le voy a dar la palabra a la señora Karla Vanessa Lemus de Vázquez. Tiene 10 minutos.

Muchas gracias, señora Presidenta. Doy la bienvenida a la delegación de México. Agradecemos por la información contenida tanto en el séptimo informe periódico como en la respuesta a las lista de cuestiones. Mis preguntas, como ya lo indicaba, serán sobre los artículos 6 al 9 del Pacto. Y se basan en la información que nos han brindado y en los insumos recibidos de otras partes interesadas. Inicio con el artículo 6 relativo al derecho al trabajo. Tomamos nota de los mínimos históricos que reporta el Estado parte en desempleo, informalidad y pobreza laboral. No obstante, aún no contamos con estadísticas desagregadas por discapacidad y por origen étnico sobre desempleo y subempleo que han sido solicitadas por este comité. En este sentido, podrían indicar qué proporción de los empleos generados en los últimos cinco años es formal y estable, y qué resultados verificables existen en la inserción laboral sostenida de los grupos históricamente discriminados, más allá del número de participantes en los programas de empleo, incluyendo sus estadísticas, datos sobre personas indígenas y personas con discapacidad, y si nos pueden compartir información sobre los resultados del Programa Nacional de Trabajo y Empleo para personas con discapacidad vigente desde el 2014. En cuanto a la informalidad laboral, que se mantiene por encima del 50% de la población ocupada, ¿qué medidas de protección laboral se han adoptado para las personas trabajadoras de la economía informal? ¿Y qué impacto medible han tenido las políticas de tránsito a la formalidad, en particular para las mujeres, las personas jóvenes y las personas migrantes? Teniendo en cuenta que las mujeres asumen tres de cada cuatro tareas de cuidado, ¿qué medidas, incluida la oferta pública de servicios de cuidado infantil y de largo plazo, prevé el Estado para que los cuidados dejen de ser una barrera de acceso de las mujeres al empleo formal? Según la información recibida, la tasa oficial de desocupación del 2,7% Asentería al 10,2% si se incluyera a la población disponible que no busca activamente empleo. Se nos ha informado así mismo sobre la situación de personas comerciantes en espacios públicos, la situación de las personas recicladoras de base que prestan servicio de limpieza en la Ciudad de México sin salario ni reconocimiento como trabajadores. y de personas facilitadoras de programas sociales que laboran bajo la figura de becas, sin contrato ni medidas de seguridad. ¿Qué medidas adoptarán las autoridades federales y de la Ciudad de México para que se expida la ley que regula los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas y comerciantes en el espacio público? prevista en el artículo 10 de la Constitución de la Ciudad de México desde su entrada en vigor en 2018, y para reconocer los derechos laborales y de seguridad social de estas personas. Retomo una pregunta que ya se planteó en el cluster uno, pero con énfasis en temas laborales. Se ha traído a la atención del comité que los familiares de personas desaparecidas que asumen su búsqueda, en su mayoría mujeres, pierden su empleo y su afiliación a la seguridad social. ¿Qué mecanismos existen para asegurar la continuidad de la afiliación, licencias o protección frente al despido para estas personas? Y si prevé el Estado eliminar la exigencia de acreditar un nexo causal para acceder a prestaciones. Paso al artículo 7, relativo a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. Tomamos nota de los incrementos al salario mínimo y de su efecto en la reducción de la brecha salarial de género. No obstante, según el anexo 14 que ustedes incluyeron en sus respuestas a la lista de cuestiones, entre 2018 y 2022, la brecha de ingreso laboral entre mujeres y hombres aumentó tanto en ocupaciones calificadas como no calificadas. Además, no se ha dado una respuesta específica sobre la aplicación del principio de igual salario por trabajo de igual valor. ¿Qué medidas y qué mecanismos objetivos de evaluación de puestos existen para aplicar este principio, en particular en los sectores feminizados y respecto de las mujeres indígenas y afrodescendientes, cuya brecha salarial sigue siendo considerablemente mayor, según cifras del propio Estado? ¿Y a qué atribuye el Estado el aumento de la brecha de ingreso laboral por ocupación entre 2018 y 2022, pese a los incrementos al salario mínimo reportados? Según información recibida, la fijación del salario mínimo no incorpora todos los criterios del Convenio 131 de la OIT. Quisiéramos saber qué medidas prevé el Estado para alinear la fijación del salario mínimo con los estándares de la OIT y asegurar su cumplimiento en el sector público. En cuanto a lo que mencionaron en su intervención inicial con relación al crecimiento nominal del salario mínimo, ¿podría la delegación indicar la evolución real del salario promedio y qué proporción de la reducción de la pobreza se atribuye a los salarios y cuál a las transferencias sociales? Valoramos la aprobación en 2026 de la reforma que reduce gradualmente la jornada máxima a 40 horas semanales. Observamos, no obstante, que las horas extraordinarias pueden alcanzar hasta 12 horas semanales adicionales. ¿Cómo supervisará el Estado el cumplimiento de estos límites, incluido el registro electrónico de la jornada, para evitar que las horas extraordinarias neutralicen los efectos de la reducción? Paso al artículo 8 sobre derechos sindicales. Valoramos el nuevo modelo de justicia laboral y las instituciones especializadas en registro y conciliación creados a partir de la reforma del 2019. No obstante, la reforma a la Ley Federal del Trabajo para sancionar las conductas contrarias a la libertad sindical Sigue pendiente en el Senado, podrían indicar el estado de su trámite, el plazo previsto para su adopción y ¿Cuáles factores han retrasado este proceso? Hemos recibido información sobre presunta participación de grupos de la delincuencia organizada en colusión con algunos empleadores en actos de intimidación y extorsión destinados a impedir la organización sindical. ¿Qué mecanismos de denuncia segura y confidencial existen para las personas trabajadoras y dirigentes sindicales afectados? ¿Y cuántas investigaciones se han abierto por estos hechos y con qué resultados? En cuanto al diálogo social, reconocemos la importancia que el Estado atribuye al tripartismo y a la institucionalización del diálogo social en la Ley Federal del Trabajo. ¿Podrían indicar los principales acuerdos alcanzados en los últimos cinco años en el Comité Nacional de Concertación y Productividad, y cómo se garantiza la participación efectiva de las organizaciones de trabajadores más representativas en la negociación colectiva? Asimismo, agradeceríamos conocer si existe en la Secretaría del Trabajo una unidad o mecanismo permanente y responsable de dar seguimiento y coordinar la aplicación de las recomendaciones de este comité y de los órganos de control de la OIT en materia sindical y laboral, y, de no existir, si el Estado contempla crearla con participación de los interlocutores sociales. Finalmente, en cuanto al derecho a la seguridad social, hemos tenido conocimiento que la pensión para personas con discapacidad Alcanzaría entre 1,6 y 1,8 millones de personas frente a los 8,8 millones de personas con discapacidad que registra el INEGI, y que su monto equivale a menos de una quinta parte del salario mínimo mensual. ¿Qué medidas prevé el Estado para ampliar la cobertura y fortalecer el control de los padrones, y con qué criterios se determina la suficiencia de estas prestaciones frente al costo de la vida y cómo se actualizan periódicamente. Por razones de tiempo, reservaré otras cuestiones para la ronda de seguimiento y agradezco de antemano las respuestas de la delegación.

Muchas gracias. Vamos a interrumpir solo dos minutos para que la delegación se pueda organizar. Estimados colegas, les pido que tomen asiento. Por favor, tomen asiento. Ahora tiene la palabra la distinguida delegación de México para responder a las preguntas formuladas por la líder del stake cluster, 30 minutos.

Muchas gracias, señora presidenta. De nuevo, muchísimas gracias a los expertos por sus preguntas tan puntuales. precisas que evidentemente nos ayudan mucho en materia metodológica para tener una guía y responder exactamente lo que nos están preguntando. Ahora le doy el uso de la palabra al Director General César Villanueva. Adelante, doctor.

Muchas gracias, Embajadora. Y bueno, reiterar la atención que daremos a estos artículos, que son sumamente importantes y que el Estado mexicano en los últimos años, a partir de los nuevos gobiernos, han garantizado el derecho al trabajo desde una dimensión realmente progresiva. Y esto daremos cuenta con las respuestas que aquí daremos puntualmente. En principio, para retomar nada más la parte que refirió respecto de la atención que tienen las familias de personas buscadoras por parte del Estado mexicano, me gustaría enfatizar algunos puntos. Para el gobierno de México es una prioridad la atención a la búsqueda de las personas desaparecidas. y atender a las familias y a las madres buscadoras en particular. La búsqueda de personas es una tarea que tiene que realizar este Estado, y las madres que buscan tienen todo nuestro respeto y todo nuestro apoyo. Por eso, la propia Secretaría de Gobernación acude directamente a las comunidades de las personas en las entidades federativas junto a la Fiscalía General de la República y dialogan con cada una de las madres buscadoras para conocer las problemáticas que enfrentan y vincular a las autoridades responsables, que puede ser del ámbito local o federal, para atender sus peticiones o necesidades. El Gobierno de México realiza gestiones diarias, inmediatas y puntuales para escuchar a todas las personas que están en esta situación. En el Gobierno de México, las madres buscadoras están en el centro de la atención y seguimos fortaleciendo ese diálogo y trabajo al lado de ellas. En este sentido, me gustaría destacar algunas cifras. de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, también dependiente de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con las instituciones competentes del Sistema Nacional de Salud. Se han fortalecido las acciones de acompañamiento médico, psicológico y social dirigidas a las familias de personas desaparecidas. En octubre de 2024 y agosto de 2026, se brindó atención a 6,670 víctimas indirectas mediante más de 60,000 intervenciones de trabajo social, 7,549 atenciones psicológicas y 1,556 atenciones médicas. Esto forma parte de una estrategia nacional de búsqueda. que se hace de manera prioritaria con acciones de prevención, atención y búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, que incluye la garantía de que todos los registros que tengamos tengan datos completos, que todas las personas desaparecidas cuenten con carpetas de investigación, que se informen los avances en la búsqueda y localización de las personas que tuvieron actividad posterior a fechas de desaparición, la implementación de una alerta nacional de búsqueda inmediata de 24 horas que funciona en estos términos, la búsqueda en hospitales, centros de reclusión y otras instituciones públicas, un plan de identificación humana para abatir el rezago forense que se tiene, un trabajo coordinado con autoridades de seguridad para dar de baja páginas y sitios utilizados por grupos delictivos para contactar a jóvenes, el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con personal equipo especializado las reuniones con colectivos de todo el país para presentar estrategia y especialmente, en la atención a su pregunta, la atención a familias de personas desaparecidas y colectivos. Esta prioridad nacional la vamos a seguir implementando de manera integral, puntual y estaremos dando los datos de los resultados que tengamos como parte de esta instrucción de la Presidenta de la República. En este sentido, me gustaría dar pie al siguiente bloque de preguntas, que será atendido por la embajadora Francisca Méndez.

Muchas gracias, director general. Antes que nada, quisiera reconocer el papel que ha jugado la señora Carla Lemus en este bloque de preguntas, reconociendo su expertise y también que ha estado de este lado. de la mesa y eso nos congratula porque tiene usted mucha experiencia en los dos lados. Y justo por eso quisiera dar un par de datos de los trabajos a nivel internacional que México hace en la Ginebra Internacional, específicamente en la OIT, dado que estamos en este segmento. del trabajo. Tenemos en 2024, hubo en el marco de la OIT un ejercicio muy relevante y muy importante sobre las guías de la economía de cuidados. En ese ejercicio, México participó activamente y sus propuestas, afortunadamente, fueron escuchadas y acreditadas en esas guías de trabajo. Y no podía ser de otra manera que en congruencia con esta participación que México tuvo en esa elaboración de las guías, que nuestro sistema de economía de cuidados es una prioridad para la presidenta y para toda la administración pública de México. Otro elemento importante que quisiera destacar, y también en congruencia a esta política pública de fortalecimiento al trabajo, y a los derechos laborales de la población mexicana, es nuestra participación en lo que ya ahora constituye el Convenio 193 de la OIT, que está puesto a ratificación y que se adoptó este año, y es relativo al trabajo decente en plataformas digitales. Esquema en el cual México es ha sido un gran líder en la en la negociación en congruencia con lo que estamos aplicando también en el en el país. Y finalmente, esto también responde a una pregunta y comentarle que sí, que la Secretaría del Trabajo tiene un espacio institucional para dar seguimiento a las recomendaciones del Comité y de los órganos de control de la OIT, a través de la Unidad de Políticas Laborales y Relaciones Institucionales, la cual coordina al interior y al exterior las acciones necesarias para darle cumplimiento al seguimiento de estos casos. Además, también decirle que cuenta con una relación directa con organizaciones padronales que trabajan en conjunto. Dicho esto, señora Lemus, paso a responder las preguntas que usted amablemente nos ha hecho. Respecto a la reforma laboral de 2019, esta transformó profundamente el sistema de relaciones colectivas de trabajo en México al fortalecer la libertad sindical, la democracia sindical y la negociación colectiva auténtica. Como parte de este proceso, se creó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, institución encargada del registro nacional de organizaciones sindicales y contratos colectivos de trabajo así como de la verificación de procedimientos vinculados con la representatividad sindical y la negociación colectiva. De igual forma, el Centro ha impulsado la simplificación y digitalización de trámites registrales el fortalecimiento de la transparencia de la información laboral y la ampliación de sus servicios a las 32 entidades federativas, contribuyendo a una mayor accesibilidad y certeza jurídica para personas trabajadoras, organizaciones sindicales y empleadores. Para septiembre de 2026, o sea, hace casi dos meses, se encontraban vigentes 45,461 contratos colectivos de trabajo, de los cuales 30,550 fueron legitimados mediante los mecanismos establecidos por la reforma y 14,911 registrados directamente ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Asimismo, entre enero y septiembre de 2027 se atendieron 8469 solicitudes de verificación y se realizaron 12090 visitas para supervisar procedimientos relacionados con democracia sindical y negociación colectiva. y desde el inicio de operaciones de este centro se han atendido 12,086 solicitudes de conciliación colectiva, de las cuales 7,969 concluyeron mediante convenio entre las partes. Estos procedimientos abarcaron, entre otros temas, revisiones salariales, revisiones integrales de contratos colectivos y contratos de ley, controversias derivadas de la aplicación de instrumentos colectivos, sustituciones patronales y participación de utilidades. Ahora quisiera referirme a un tema central que ya lo mencioné anteriormente, y es todo el sistema nacional y progresivo de cuidados, que, como lo mencioné, es una prioridad para el gobierno mexicano. La construcción del sistema nacional y progresivo de cuidados constituye una prioridad del gobierno mexicano. Su objetivo es garantizar progresivamente el ejercicio efectivo del derecho al cuidado mediante la articulación de políticas, programas, servicios e infraestructura. La construcción del sistema parte, esto es muy, muy importante, del reconocimiento de que la actual organización social de los cuidados constituye una de las principales barreras para la igualdad sustantiva. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo de 2024, las mujeres en México destinan en promedio 39.7 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Entre los principales avances destacan la incorporación de la agenda de cuidados como eje transversal del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, al cual ya me referí en anteriores momentos. Lo importante en este plan es la construcción e implementación de los centros de educación y cuidado infantil, que bien lo preguntó la señora, la experta Lemus, también conocidos como CECI. la creación del certificado electrónico de discapacidad, la puesta en marcha del programa Salud Casa por Casa, la adopción del Plan Nacional de Demencia, estrategia de salud pública impulsada por el Instituto Nacional de Geriatría y la implementación de la pensión Mujeres Bienestar. La Secretaría de las Mujeres, que además es una institución que nació en esta administración y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones desarrollaron el Sistema de Información de Cuidados. Su primera fase, lanzada en 2025, integra información georreferenciada de más de 100.000 centros y servicios de cuidado y actualmente concentra datos de 104.326 centros de atención. Asimismo, en el presupuesto de egresos de la Federación 2026 se incorporó por primera vez el anexo transversal 31, consolidación de una sociedad de cuidados con 468 mil millones de pesos distribuidos en 47 programas federales, permitiendo identificar y cuantificar los recursos públicos destinados a esta agenda. El Instituto Mexicano del Seguro Social impulsa la transformación del sistema de guarderías mediante el modelo de educación y cuidado infantil y la creación de los CESI, que ya previamente mencioné, con una meta de 1000 nuevos centros para 2030. En septiembre de 2026 se crearon 750 nuevos lugares para atención infantil. y se encontraban en desarrollo 21 proyectos de centro de educación y cuidado infantil, CECI, que ya lo mencioné, en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Jalisco, Michoacán y Veracruz, todas estas entidades federativas de 32 entidades federativas que tiene el Estado mexicano. Asimismo, el 21 de enero de 2026, la Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano del Seguro Social suscribieron un convenio para impulsar la construcción de CESIS en empresas y parques industriales. Ahora cedo la palabra al director general, César Villanueva. Doctor, tiene la palabra.

Muchas gracias, embajadora. Para seguir con estos datos y referencias sobre el avance progresivo que ha tenido la política de empleo, la formalización laboral y la ampliación de la protección social en el Estado mexicano, me permito informar que el Gobierno ha impulsado reformas orientadas a fortalecer la protección de los derechos laborales y ampliar la cobertura de la seguridad social en sectores que históricamente han enfrentado mayores condiciones de precariedad, particularmente las personas trabajadoras del hogar. En este caso, las reformas implementadas desde 2019 fortalecieron el reconocimiento de sus derechos laborales y culminaron con la incorporación obligatoria al régimen de seguridad social a partir de octubre de 2022. garantizando acceso a servicios de salud, prestaciones laborales y mecanismos de protección social. Asimismo, estas medidas reforzaron el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de trabajo decente. En el caso de las personas trabajadoras del hogar, las afiliaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social aumentaron aproximadamente de alrededor de 4,800 personas durante el programa piloto, implementado en 2019, creciendo a 59.300 personas afiliadas tras la incorporación obligatoria en 2022, alcanzando alrededor de 62.000 personas afiliadas en marzo de 2026, lo que se trata de una tendencia integral y progresiva creciente. En el tema de igualdad y no discriminación en el acceso, permanencia y desarrollo laboral, que amablemente nos hicieron ver, México reconoce que la discriminación continúa presentando una barrera para el acceso, permanencia y desarrollo laboral de diversas personas y grupos de población. Por ello, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación impulsa acciones orientadas a identificar, prevenir y atender prácticas discriminatorias, así como a fortalecer la igualdad de oportunidades en el empleo. El Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2026-2030 contempla medidas dirigidas a mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, personas de la diversidad sexogenérica y personas en situación de movilidad, entre otros grupos históricamente discriminados. Asimismo, México promueve la adopción de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación como instrumento para fortalecer prácticas de inclusión, igualdad de oportunidades y prevención de la discriminación en los centros de trabajo. Al 10 de agosto de 2026, el Padrón Nacional registró 875 centros de trabajo certificados, con alcance en 7,042 centros laborales y beneficios para 1,196,844 personas trabajadoras, de las cuales 569,927 son mujeres. En este mismo sentido, en cuanto a la inclusión laboral de mujeres y grupos históricamente discriminados, el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 contempla acciones específicas para fortalecer los derechos laborales, ampliar las oportunidades de empleo para grupos históricamente discriminados y avanzar así hacia espacios laborales libres de discriminación y de violencia. En el ámbito normativo, destaca la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva y su incorporación en la Ley Federal del Trabajo, aprobada en 2024, que fortalece el principio de igual salario por trabajo igual y establece bases para reducir las brechas salariales entre mujeres y hombres, promoviendo condiciones laborales más justas e igualitarias. Asimismo, México impulsa instrumentos específicos para fortalecer la inclusión laboral. Entre ellos, el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2025-2030 y el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2026-2030. En materia de implementación, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social desarrolla acciones orientadas a promover la igualdad laboral y la no discriminación en los centros de trabajo. Al 10 de agosto de 2026, 875 centros de trabajo contaban con la certificación en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación, en beneficio de más de 1.19 millones de personas trabajadoras. Adicionalmente, entre octubre de 2024 y julio de 2026, La Red Nacional de Vinculación Laboral realizó 167 sesiones de coordinación entre instituciones públicas, sector privado y organizaciones de la sociedad civil, brindando atención a más de 10 mil personas mayores con barreras de acceso al empleo. Y en el siguiente punto, respecto al reconocimiento. que hace, señora experta, respecto de la política de recuperación del salario mínimo y mejora en los ingresos laborales. Esta política constituye una de las principales estrategias del Estado mexicano para fortalecer el derecho a una remuneración suficiente y mejorar las condiciones de vida de las personas trabajadoras y sus familias. Esta política contribuye a los objetivos de bienestar, justicia social, igualdad sustantiva y reducción de desigualdades previstos en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el mandato constitucional que así lo implementa, a efecto de incrementar los ingresos laborales de las personas con menores remuneraciones y fortalecer su capacidad para satisfacer necesidades básicas. como lo mencionamos en el principio del discurso de la Embajadora, por el bien de todos, primero los pobres. Esta estrategia contribuye a la garantía progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales, particularmente de los derechos al trabajo en condiciones dignas, a un nivel de vida adecuado y a la protección social. La política salarial se ha basado en mecanismos de diálogo entre los sectores trabajador, empresarial y gubernamental para promover una recuperación gradual y sostenida del poder adquisitivo de los salarios mínimos. Las cifras hablan por sí solas. Al 1 de enero de 2026, el salario mínimo alcanzó 315 pesos diarios, aproximadamente 15.75 dólares estadounidenses en la zona del salario general mínimo. y 440.87 pesos diarios, aproximadamente 22 dólares estadounidenses en la zona libre de la frontera norte, reflejando así el proceso de recuperación sostenida impulsada desde 2019. En este sentido, para hacerle una comparación, los resultados muestran avances relevantes en materia de bienestar laboral. Durante el primer trimestre de 2026, la pobreza laboral se redujo a 30.7% lo que representó una disminución de 3.2 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2025 y de 10 puntos porcentuales en comparación con el inicio de esta política salarial. Asimismo, durante el primer trimestre de 2026, los ingresos reales aumentaron 3.1% respecto del año anterior y 27.1% en comparación con 2019. Lo que ha permitido fortalecer la capacidad adquisitiva de las personas trabajadoras. La recuperación salarial ha tenido efectos particularmente relevantes para quienes perciben menores ingresos entre 2000, entre diciembre de 2018 y julio de 2026. El salario promedio real del 10% de la población trabajadora con menores remuneraciones aumentó 210.3% en la zona libre de la frontera norte y 135.1% en la zona del salario mínimo general, lo que ha contribuido a reducir las brechas de ingreso y fortalecer la inclusión económica. La evidencia disponible indica que esta política ha contribuido a disminuir las desigualdades de género en el mercado laboral. Se estima que esta recuperación del salario mínimo favoreció una reducción de 29% en la brecha salarial de género a nivel municipal, alcanzando disminuciones de hasta 66% en municipios con menores niveles salariales. Respecto de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al tercer trimestre de 2025 se estimaron 13.4 millones de personas trabajadoras formales que laboraban más de 40 horas semanales, equivalentes al 63.9% de la población ocupada formal. Asimismo, cinco sectores económicos concentraban 10.2 millones de estas personas trabajadoras, entre ellos las industrias manufactureras, el comercio, los servicios de hospedaje y restaurantes. así como el sector de transportes. México, en estos datos y en estos resultados, pone al centro de la gestión pública a la vida de las personas y a su integridad y a su dignidad, con ejemplos concretos, con políticas humanistas y con integración de las personas más vulnerables. hemos podido tener resultados y logros que ponen a México en la vanguardia de la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Para seguir continuando con estas referencias, daré la palabra a Héctor Figueroa, del Instituto Nacional de Estadística, a efecto que nos dé un contexto respecto de las cifras solicitadas por la amable experta.

Muchas gracias. Como ya se mencionaba, el Estado mexicano cuenta con una infraestructura estadística que permite verificar de manera continua el estado de los derechos consagrados en el PIDESC y en la Constitución mexicana, con series comparables y desagregaciones por entidad federativa, ámbito rural y urbano, sexo, grupo de edad, pertenencia étnica, condición de discapacidad y nivel de ingreso. Esta disponibilidad de información responde de manera directa a la obligación de vigilancia que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales deriva del artículo segundo del PIDESC, conforme a la cual los Estados parte deben disponer de datos desglosados que permitan comprobar tanto la efectividad progresiva de los derechos como la ausencia de discriminación en su ejercicio. En particular, Contamos con indicadores de corto plazo, como es el indicador de pobreza laboral y el de índice de la tendencia laboral de la pobreza, los cuales permiten dar seguimiento trimestral a la evolución del ingreso laboral y su relación con el valor monetario de la canasta alimentaria, es decir, del poder adquisitivo del ingreso laboral de los hogares. Asimismo, actualiza mensualmente los valores monetarios de las líneas de pobreza según ámbito rural y urbano. los cuales son el referente monetario para determinar si los ingresos mensuales de la población son suficientes para adquirir los productos de las canastas alimentaria y no alimentaria, así como para definir el espacio del bienestar económico en la medición de la pobreza multidimensional. En este sentido, los resultados muestran que la inserción laboral no es una condición suficiente para generar la autonomía económica. permite contar con indicadores trimestrales acerca de los ingresos laborales al compararlos con estas líneas de pobreza. Así, los datos más recientes al segundo trimestre de este mismo año muestran que la pobreza laboral a nivel nacional se encuentra en un nivel de 31.9%, mientras que a nivel rural se encuentra 44.7% y urbano 28.3%. Si lo vemos por el sexo de la jefatura, vemos que su incidencia es de 31.9%, mientras que los hogares encabezados por mujeres tienen el 35.8% y los encabezados por hombres, el 30%. Asimismo, los ingresos a nivel nacional, únicamente por ingresos laborales, ascienden en promedio a 3,655.63 pesos, mientras que en los hogares con jefatura femenina es de 3,407 y en hogares con jefatura masculina, 3,773. Y bueno, además de estas desagregaciones, también contamos con las desagregaciones por municipio indígena, por grupos de edad, por ciudad autorrepresentada, Y tenemos también los datos, como les decía, de el ingreso en ocupaciones formales e informales. Muchas gracias.

Con esto, señora presidenta, estamos respondiendo un primer bloque de respuestas. Tenemos algunas otras adicionales. que nos gustaría responder después de darle la palabra a usted y al siguiente bloque de preguntas. Muchísimas gracias.

Thank you, Your Excellency. That's very considerate of you.

Gracias, Excelencia. Muy considerado de su parte. Ahora vamos a dar la palabra a los miembros. Veo que la señora Carla Pide la palabra la señora Carla Vázquez, luego el señor Ludovicol y luego el señor Mikal. Adelante.

Gracias, señora presidenta, y gracias a la delegación por las respuestas a las preguntas que han provisto hasta el momento. Como decía el relator al inicio, sabemos que es complicado por el tiempo dar respuesta a todas las cuestiones. Pero esto demuestra el interés que tiene el comité, obviamente en en la aplicación de nuestro pacto en México. Sobre el artículo 6 quisiera reiterar el tema de la informalidad laboral, si pudieran ahondar sobre las medidas relacionadas con este tema en la pregunta que ya ya había hecho un inicio. Y en cuestión de seguimiento sobre artículo 7 en materia de inspección laboral. Nos preocupa la cantidad de accidentes de trabajo que se han registrado anualmente. Y la información, por ejemplo, se nos indica que algunos centros de las minas de carbón de Coahuila con actividades suspendidas continúan operando. Y la falta de esquemas de inspección adaptados al trabajo del hogar y al trabajo de plataformas digitales. ¿Qué medidas prevé el Estado para fortalecer la inspección laboral en estos sectores? Incluido el sector carbonífero. Eh, y con qué presupuesto y plantilla de personal inspector, eh, de personal inspector capacitado cuenta el estado para para cumplir esta función. En cuanto a al acceso a la justicia laboral, quisiéramos saber si tienen información sobre las denuncias que ha recibido el portal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Habilitado en mayo de 2024 para denunciar la falta de afiliación de las personas trabajadoras del lugar. Y respecto a las personas jornaleras agrícolas. Sobre las que son informados, informados en términos de colocación, pero si existe algún mecanismo también de denuncia específico y que sanciones y reparaciones efectivas pueden informar. Sobre los derechos sindicales. Pese a que reconocemos la reforma del 2019, según los datos, la tasa de sindicalización apenas pasó de un 12,5% en 2017 al 13,5% en 2024. Y según información que hemos recibido, persisten despidos por motivos sindicales y la presencia de mujeres en la dirección de los sindicatos sigue siendo baja. Además, el registro sindical continúa exigiendo identificar a un empleador, lo que excluye en la práctica a las personas autoempleadas e informales y a las trabajadoras del hogar que carecen de una contraparte para negociación colectiva. ¿Qué medidas prevé el Estado para fortalecer la sindicalización y ampliar las vías de organización colectiva de estas personas trabajadoras? En cuanto al derecho a la huelga, observamos que persisten limitaciones al ejercicio de este, especialmente para las personas trabajadoras al servicio del Estado. ¿Qué medidas se contemplan para que las restricciones legales a este derecho se limiten a las estrictamente necesarias conforme al artículo 8 de nuestro Pacto? Y finalmente, sobre el derecho a la seguridad social, valoramos la universalización de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. No obstante, aún hay una proporción importante de personas mayores que sigue sin acceso a una pensión contributiva. Entonces queríamos saber qué medidas prevé el Estado para ampliar la cobertura de las pensiones contributivas entre las personas mayores, en particular las mujeres y quienes trabajaron en la informalidad, y con qué criterios se garantiza que el monto de esta pensión sea suficiente para un nivel de vida adecuado. Esas serían, por mi parte, las preguntas de seguimiento. Gracias.

Señor Hennebel.

Muchísimas gracias a la delegación por las respuestas a este segundo grupo de preguntas. En cuanto a la metodología, obviamente, Estamos aquí para trabajar juntos en la promoción y protección de los derechos humanos y, sobre todo, para identificar los retos, las dificultades y problemas estructurales. Entre las cuestiones señaladas, En mi opinión, hay algunas respuestas que se han dado que han sido un poco superficiales, tal vez por falta de tiempo. Pero hay tres cuestiones que ya hemos mencionado varias veces: la cuestión de la delincuencia organizada y sus efectos en los derechos económicos, sociales y culturales; la cuestión del megaproyecto mencionado y su efecto; y la cuestión de la reforma judicial y su efecto en derechos, los DESC. Las respuestas han sido un poco superficiales, no han profundizado. Yo creo que de buena fe. Yo creo que una reforma y bajo análisis seguro que va a tener repercusiones en los derechos económicos, sociales y culturales. Voy a hacer tal vez una pregunta un poco más directa. En la reforma judicial actual, los jueces que son elegidos competentes bajo esta reforma tienen una competencia específica en derecho internacional de los derechos humanos y derechos económicos, sociales y culturales. Tienen esta competencia, o sea, esa formación, son capaces. Es decir, Nos llegan informaciones, consultamos, analizamos mucho y digamos que hay un desfase en la importancia de las cuestiones estructurales de los DES y las respuestas que han dado, tal vez por falta de tiempo. Luego, sobre la brecha de pobreza entre los estados del sur y el resto del país, que sigue siendo considerable. ¿Cuáles son las políticas de desarrollo? regional para reducir las desigualdades de empleo, remuneración, infraestructura, servicios públicos en el sur y el sureste del país y cuáles son los indicadores que miden los efectos de estas reformas. Otra cuestión: la brecha persistente de pobreza entre personas con discapacidad y el resto de la población. ante esta brecha, cuáles son los resultados de la presión constitucional para las personas con discapacidad, qué resultados ha obtenido y cómo va a sufragar el Estado el sobrecoste derivado de la discapacidad. Gracias de antemano por las respuestas.

Gracias, señor Windfur, señora Rossi, después el señor Fiorio.

Por mi parte, la más calurosa bienvenida a la delegación. Recuerdo cuando nos reunimos la última vez con ustedes dos o tres días después del gran terremoto en la Ciudad de México y ustedes no pudieron venir y hubo un primer debate en línea con parte de la delegación de la embajada aquí presente. Fue una situación muy delicada y afortunadamente hoy la situación es mejor, pero al verles me he acordado. Tengo dos preguntas sobre el artículo 9, seguridad social. Me complace que hayan mencionado ya ustedes. La primera pregunta es sobre seguridad social para trabajadores, trabajadoras domésticas. Está bien saber que han creado un sistema ustedes para gestionarlo después del Supremo decidiera que era necesario. Me gustaría entender mejor cómo funciona. Dicen ustedes que hay centros de registro, pero la gente o mucha gente, han hablado ustedes de 66.000 personas no he podido seguir todos los datos. Me gustaría saber hasta dónde llega la cobertura que han logrado. Además, han dicho que tiene una cláusula modelo en los contratos para el trabajo doméstico. La pregunta es en qué medida se aplica. Es de 2022, lleva pocos años de recorrido, pero estas cláusulas ¿Funcionan? ¿Son un buen proceso, efectivo? Segunda pregunta sobre esta cuestión, las medidas para la cobertura de la seguridad social. En particular, la cuestión del porcentaje, la tasa de pobreza en 2018, cuando estuvieron aquí, era del 42 %. Se ha reducido al 29,3 % según he podido colegir de sus documentos. Ha mejorado bastante, pero como acaba de decir el señor Genebel, en algunos de los sectores, yo he consultado las cifras para Chiapas, 66 %, Guerrero, 58 % o Ajaca, 51,6 %, o sea, tasas de pobreza elevadísimas. Entonces, ¿cuál es el papel de la seguridad social en sentido o de otras medidas políticas para reducir la pobreza? Y qué otros medidores para ver la eficacia de las políticas. ¿Cuál es el papel de la seguridad social y cuál sería el papel del pleno empleo, por ejemplo, para ver cómo ven ustedes la cuestión para seguir mejorando las cifras de la pobreza? Gracias.

Gracias, señor Binfur. Se nos ha acabado el tiempo, pero hay dos oradores más, así que les pido que sean brevísimos. Señora Rossi.

Gracias, presidenta. Bueno, trato de ser lo más breve posible. Yo tenía una pregunta de seguimiento, si bien también se mencionó con respecto a las trabajadoras del hogar. Se mencionó que la legislación ahora cubre la obligación de la formalización y se mencionaron algunos números progresivos, de cobertura progresiva, pero según los datos que yo consulté, hay todavía una brecha importante. La cifra que yo tengo es un 96,4% de las trabajadoras del hogar siguen sin contrato escrito. Entonces, quizás la pregunta un poco es si tienen pensado medidas para acelerar este proceso, porque si se sigue aún, entiendo que es progresivo y que los números que nos indicaron son positivos, pero quizás harían falta medidas que aceleren este proceso, porque la falta de cobertura todavía es prácticamente el 100%. La otra pregunta tiene que ver con las pensiones para las personas con discapacidad, que se mencionó también la existencia de esta pensión y también la colega Carla mencionó la insuficiencia del monto. Yo entiendo que solamente cubre un tercio del salario mínimo cada dos meses y que hay una diferencia con otros programas sociales, por ejemplo, para jóvenes, que tienen coberturas mayores. Entonces, planteo un par de problemas más. Por otro lado, la pensión no llegaría al 10% de las personas con discapacidad. Entonces, también hay una brecha importante. Parecería que hay problemas de accesibilidad y también nos han transmitido problemas en la accesibilidad a estas pensiones por discapacidad, por ejemplo, de las comunidades indígenas. No llega la información, no saben cómo hacer para tramitar las pensiones. Entonces, ahí hay un tema. Y el último punto es: las pensiones son para personas con discapacidad permanente. ¿Qué pasa con las personas que no tienen una discapacidad permanente? Si también son sujetos de algún tipo de prestación por parte del Estado. Bueno, estas serían mis dos consultas. Muchas gracias.

Gracias, señora Rossi. Señor Fiorio.

Muchas gracias. Seré breve. Me gustaría conocer, en relación a la información recibida, México no cuenta con censos nacionales específicos y actualizados de personas comerciantes en espacios públicos ni personas recicladoras de base, mientras tampoco se ha dispuesto de información relativa o estadística suficiente sobre las personas trabajadoras en plataformas digitales En este sentido, me gustaría preguntar qué medidas prevé el Estado para realizar censos nacionales y recopilar información estadística precisa, actualizada y desagregada sobre estos tres grupos ocupacionales, a fin de orientar políticas públicas y evaluar sus condiciones de trabajo y niveles de protección. Y seguido me gustaría consultar sobre qué medidas prevé el Estado para garantizar que los instrumentos de planificación de desarrollo urbano particularmente en el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, que conozcan los derechos de las personas comerciantes en espacios públicos y contemplen zonas adecuadas para el comercio popular conforme a la Constitución de la ciudad. Muchas gracias.

Thank you, sir.

Muchas gracias. Vamos con retraso, así que pido a la delegación que use los siguientes cinco minutos para responder a estas preguntas hechas ahora. Pueden responder inmediatamente y al cabo de cinco minutos propongo interrumpir para escuchar las preguntas del grupo tres y así esta noche pueden planificar las respuestas a ese tercer grupo de preguntas. y a lo que haya quedado pendiente. Así que, como digo, ahora puede responder a lo que pueda y después ya pasaremos a las preguntas del grupo tres.

Gracias, señora presidenta. Yo quisiera hablar sobre el tema de discapacidad, que fue expuesto ahorita por los relatores, por los expertos. Además, muchísimas gracias por las preguntas tan puntuales. La inclusión laboral de las personas con discapacidad constituye una prioridad para el Estado mexicano, en el marco de las políticas orientadas a promover el trabajo digno, la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Asimismo, México cuenta con instrumentos específicos para impulsar la inclusión laboral de este grupo de población, entre ellos el Programa Nacional De trabajo y empleo para las personas con discapacidad 2026 2030, la norma oficial sobre condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de personas trabajadoras con discapacidad en los centros de trabajo, la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación, la red nacional de vinculación laboral y diversas herramientas para la promoción de ambientes laborales libres de discriminación. En cuanto a su implementación. Entre enero de 2025 y julio de 2026 se brindaron asesorías a 121 centros de trabajo para fortalecer ambientes laborales libres de discriminación, beneficiando una plantilla de 49,343 personas trabajadoras, entre ellas 727 personas con discapacidad. También, de forma adicional, como parte de las acciones de vigilancia laboral, Entre octubre de 2024 y agosto de 2026, se verificó el cumplimiento de las disposiciones aplicables a personas trabajadoras con discapacidad en 5178 inspecciones de seguridad. Hablaron sobre inspecciones e higiene realizadas en centros de trabajo donde se identificó la presencia de este grupo de población. También México reconoce que persisten desafíos importantes de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022, las personas con discapacidad continúan enfrentando obstáculos significativos para su inclusión laboral. particularmente en materia de discriminación, acceso al empleo y formalización laboral. Por ello, justamente por ello, el Estado mexicano mantiene esfuerzos para fortalecer la accesibilidad, la igualdad de oportunidades y la incorporación efectiva de ajustes y medidas de inclusión en los centros de trabajo. Y en este sentido, el objetivo no es únicamente garantizar el acceso al empleo, sino asegurar que las personas con discapacidad puedan desarrollar sus actividades en condiciones equivalentes de seguridad, dignidad e igualdad, consolidando entornos laborales cada vez más inclusivos y respetuosos de sus derechos. Me gustaría también contestar la pregunta sobre las Pensiones que también este lo lo preguntó la experta Lemus. La pensión para el bienestar de las personas con discapacidad contribuye a fortalecer la autonomía económica y el acceso efectivo a derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas con discapacidad permanente. Y para junio de 2026, el programa atendió a 1.8 millones de personas mediante una pensión de 1650 pesos mensuales. Asimismo, se entregaron más de 21 mil credenciales de rehabilitación para el bienestar y en coordinación con la Fundación Teletón, 25,480 niñas y niños recibieron servicios especializados de rehabilitación, acumulando más de 6.2 millones de terapias. Tengo información también sobre la cobertura social, que tal vez sí me da tiempo. México impulsado acciones orientadas ampliar progresivamente la cobertura y fortalecer el acceso efectivo a la protección social, especialmente para las personas trabajadoras en condiciones de mayor vulnerabilidad. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social desarrolla acciones de inspección, formalización laboral y coordinación institucional para promover el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social. Un avance relevante fue la reforma laboral de enero de 2024 en favor de las personas trabajadoras del campo, incluidas las personas jornaleras, temporales y migrantes, que fortaleció la protección de sus derechos laborales y de seguridad social. Y como parte de su implementación, se desarrolló el certificado laboral para la agroexportación Orientado a verificar el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social en cadenas agroexportadoras. Y de ahí la OIT ha estado acompañando al Estado mexicano a la elaboración de normas secundarias. Y la ratificación fue en 2024 y el depósito del instrumento en esa fecha, entonces es poco tiempo, pero hemos avanzado mucho. Entre ellos, el Estado mexicano reconoce que las personas trabajadoras del hogar han enfrentado históricamente condiciones de informalidad y acceso limitado a la protección social. Por ello, se han impulsado reformas y acciones para garantizar su incorporación efectiva al sistema de seguridad social en condiciones de igualdad con las personas trabajadoras de otros sectores. Una base fundamental fue la transición de un esquema voluntario a un régimen obligatorio de aseguramiento para las personas trabajadoras del hogar, incorporado a la Ley del Seguro Social, mediante disposiciones específicas que fortalecen la responsabilidad de las personas empleadoras y reconocen plenamente esta actividad como una relación laboral con derechos. La afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social permite el acceso a una protección integral que comprende atención médica, prestaciones por enfermedad y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, pensiones, guarderías, prestaciones sociales, protección para personas beneficiarias y acceso a derechos vinculados con la vivienda. De manera complementaria, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social desarrollan acciones de difusión, capacitación y sensibilización para promover la formalización de este sector. Entre ellas, destaca la elaboración de la guía del trabajo del hogar con derechos, desarrollada en colaboración, nuevamente, como mencioné, con la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, en el marco de los trabajos impulsados en cooperación con la Organización Internacional del Trabajo, se desarrolló una estrategia para fortalecer la afiliación de personas trabajadoras del hogar, se elaboró una hoja de ruta nacional sobre trabajo decente en este sector y se impulsaron herramientas de información dirigidas tanto a personas trabajadoras como empleadoras. Los resultados reflejan avances importantes. Para julio de 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social registró 59,414 puestos asociados a personas trabajadoras del hogar con 73,970 personas beneficiarias registradas, lo que significa 125,881 personas cuentan con protección de seguridad social bajo este esquema. Adicionalmente, alrededor de 50,000 personas trabajadoras del hogar han alcanzado una pensión. También México reconoce que persisten desafíos para ampliar la cobertura y consolidar la formalización de este sector. Es un reto. Particularmente en materia de registro oportuno, cumplimiento de las obligaciones patronales y fortalecimiento de una cultura de reconocimiento del trabajo del hogar como una actividad laboral con plenos derechos. Por ello, México continuará impulsando acciones de información, coordinación institucional y promoción de la seguridad social para avanzar hacia una protección más amplia y efectiva y sostenible para las personas trabajadoras del hogar. Adicionalmente, sí quería comentarles que México ha sido líder en el tema de personas con discapacidad. Fuimos promotores de la Convención, ahorita estamos implementando varias iniciativas para festejar el 20 aniversario de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad y tenemos en el Consejo de Derechos Humanos la resolución de personas con discapacidad, en las cuales en México es panholder y es altamente reconocido por su activismo y en congresia con esta política exterior hacemos lo propio en materia de política interna. Con esto, señora presidenta. Aprovecho los cinco minutos para responder. Muchísimas gracias.

Gracias, Excelencia, y le felicitamos a usted y a la delegación por gestionar tan bien el tiempo, porque tenemos muchas preguntas, como habrán visto, y nos interesan mucho sus respuestas. Los intérpretes nos han dado algunos minutos adicionales. Muchísimas gracias. Entonces, en estos últimos diez minutos, el señor Santiago Fiorio puede hacer preguntas sobre el grupo 3, pero por favor respete ese límite de 10 minutos para responder a tiempo y así ustedes podrán responder.

Muchas gracias. Debido a que tenemos muchas preguntas, realizaré algunas ahora y probablemente mañana realice otras más. En primer lugar, quisiera hacer una consulta sobre familiares de personas desaparecidas. Considerando la pregunta 19 de la lista de cuestiones y los párrafos 135 y 136 de la respuesta del Estado, preocupa la situación de los familiares de personas desaparecidas, especialmente de las mujeres buscadoras, por afectaciones económicas, sociales, de salud, las dificultades para acceder al reconocimiento como víctimas, atención médica y psicológica. apoyo económico y reparación integral, así como los actos de violencia en su contra? Al respecto, ¿podría la delegación proporcionar información actualizada sobre el número de familiares reconocidos como víctimas y de la cobertura efectiva de los programas de asistencia? Por otro lado, ¿qué medidas garantizan su atención médica y psicosocial, la continuidad educativa, seguridad social y apoyo económico, así como recursos suficientes para las Comisiones de Atención a las Víctimas. Por otro lado, sobre protección de niñas, niños y adolescentes, a la luz de los párrafos 144 a 152 del Informe Nacional y 137 a 141 de la Respuesta a la Lista de Cuestiones, preocupa la persistencia de situaciones de trabajo infantil, explotación sexual y trata, así como el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos. La lista de cuestiones, en su pregunta 20, ya solicitaba información sobre estas situaciones y sobre el impacto del pronapina. En este sentido, ¿podría el Estado proporcionar datos actualizados sobre la incidencia de estas violaciones y los resultados concretos de las medidas adoptadas para prevenirlas, detectar los casos y proteger a las víctimas? En particular, ¿qué mecanismos existen para identificar y atender a niñas, niños y adolescentes reclutados por grupos delictivos y garantizar su reconocimiento como víctimas y su acceso a medidas de protección y reintegración? ¿Qué medidas está adoptando el Estado para prevenir el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos criminales, incluso en actividades vinculadas al tráfico de drogas, reconocerlos como víctimas y garantizar su atención psicosocial y la restitución de sus derechos? Asimismo, ¿qué avances existen en la armonización de las legislaciones estatales para garantizar que los delitos de violencia sexual contra adolescentes se investiguen y sancionen sobre la base de la ausencia de consentimiento, incluida la derogación del delito de estupro, cuando su configuración resulte compatible con este estándar? ¿Qué políticas específicas ha adoptado el Estado para prevenir los matrimonios y las uniones infantiles tempranas y forzadas, particularmente en comunidades indígenas y afro-mexicanas, de manera culturalmente adecuada y sin estigmatizar ni criminalizar a dichas comunidades? Por otro lado, preocupa el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos criminales Como mencioné anteriormente, el informe nacional describe el Pronapina, el AENAPI y las estrategias del SIPINA en los párrafos 145 a 152, pero sería importante conocer sus resultados efectivos. ¿Qué medidas está adoptando entonces el Estado para prevenir el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos criminales? Por otro lado, ¿cómo garantiza el Estado, en el marco de estos programas, que niños, niñas y adolescentes migrantes y solicitantes de asilo accedan desde su llegada al país a educación, atención sanitaria y protección integral sin demoras derivadas de los procedimientos de reconocimiento de su situación migratoria? Por otro lado, el Comité ha recibido información sobre prácticas de disciplina violenta que afecta al 46 % de niños entre uno y cuatro años, y que solo en 2025, un promedio de 86 personas menores de edad ingresaban diariamente a hospitales en el país tras sufrir agresiones físicas, y muchas veces de sus propios progenitores. En este sentido, Qué recursos presupuestarios y capacidades institucionales se han asignado al CIPINA para prevenir y atender estas formas de violencia, y qué resultados concretos se han obtenido en su reducción. Asimismo, el Comité ha recibido información que señala deficiencias en la alimentación, educación inicial y condiciones de desarrollo de niñas y niños que viven con sus madres privadas de libertad. qué medidas se han adoptado para garantizar que estos niños a estos niños, perdón, acceso a alimentación adecuada, educación inicial, atención sanitaria y espacios apropiados para su desarrollo, preservando la unidad familiar y atendiendo el interés superior del niño. En relación a violencia contra las mujeres y protección de sus familias, considerando la pregunta 21, la lista de cuestiones, y así como los párrafos 145, A 153 de las respuestas, preocupa la persistencia de la violencia contra mujeres y niñas, incluido el feminicidio y la desprotección de sus familiares, particularmente niñas y niños. En este sentido, podría el Estado profundizar sobre los resultados de las medidas de prevención y atención de la violencia de género más allá de las cifras y de los servicios y recursos disponibles. ¿Qué mecanismos utilizan ¿Qué mecanismos garantizan atención integral, protección económica y reparación a víctimas indirectas de feminicidio? ¿Y qué apoyo reciben las niñas y niños que pierden a sus madres? En relación a la protección de la maternidad y la corresponsabilidad de cuidados. Considerando el párrafo 159 del informe inicial, que establece una licencia de paternidad a cinco días frente a la de seis semanas de licencia maternidad, ¿qué medidas prevé el Estado adoptar para fortalecer la protección de la maternidad y avanzar hacia licencias parentales de cuidados que promuevan una distribución más equitativa de las responsabilidades familiares? Paso ahora al artículo 11 sobre el derecho a nivel de vida adecuado. Considerando los párrafos 169 a 174 del informe nacional, la pregunta 25 de la lista de cuestiones y las respuestas en los párrafos 173 a 175 de la lista de cuestiones, preocupa la persistencia de profundas desigualdades sociales y territoriales, especialmente entre poblaciones rurales, indígenas y afromexicanas, y otros grupos vulnerables, así como la designación y ejecución de recursos públicos destinados a garantizar los derechos DESC. Al respecto, ¿qué resultados concretos han tenido las políticas de reducción de la pobreza en el acceso efectivo a los derechos sociales y la reducción de brechas territoriales y de desigualdad. ¿Cómo garantiza el Estado su política fiscal y presupuestaria? Movilice y asigne el máximo de los recursos disponibles para hacer efectivo estos derechos, particularmente en cuanto a salud, agua, vivienda y protección social. En relación al derecho a la alimentación adecuada, aunque el Estado informa sobre la aprobación de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, preocupa la persistencia de casos de malnutrición, desnutrición infantil y las desigualdades en el acceso a una alimentación adecuada. Considerando la pregunta 22 de la lista de cuestiones, así como los párrafos 175 al 189 del informe nacional y las respuestas a estas preguntas en los párrafos 154, perdón, 162, ¿podría el Estado proporcionar estadísticas actualizadas desglosadas sobre inseguridad alimentaria, desnutrición, sobrepeso y obesidad, particularmente entre niños, niñas y comunidades indígenas y población rural? ¿Qué resultados ha obtenido la implementación de esta nueva ley y qué medidas garantizan su cumplimiento, perdón, el cumplimiento de sus disposiciones, su alimentación saludable y regulación de productos alimentarios y bebidas? Eh, a la atención de los intérpretes, voy a avanzar en las preguntas hacia el artículo 12. derecho al disfrute más alto del nivel posible de salud física y mental. Sobre acceso a salud y medicamentos, considerando los párrafos 228 a 249 del informe nacional y las respuestas en los párrafos 179 a 204 en la lista de cuestiones, me gustaría consultar: ¿Puede el Estado proporcionar información actualizada sobre la cobertura efectiva de los servicios de salud y el acceso oportuno y gratuito a medicamentos e insumos médicos? Y, en ese sentido, ¿qué medidas reducen las barreras financieras y territoriales que pueden fortalecer la atención primaria y garantizar servicios cultural y lingüísticamente adecuados para los pueblos indígenas y afroamericanos? Llego hasta aquí por cuestiones de tiempo y el día de mañana presentaré más preguntas.

Muchas gracias.

Por ser tan considerado con el tiempo. Ya sé que tiene usted más preguntas. Mañana nos volveremos a reunir. Podrá usted presentar esas preguntas durante el seguimiento. Excelencia, mañana entonces nos reunimos a las 3:00 de la tarde. Seguimos con este diálogo constructivo. A las 3:00 tienen la tarde noche y la mañana de mañana, entonces, para preparar sus respuestas. Vamos a dejar unos 15 minutos para las respuestas que aún le faltan del grupo 2, luego 30 minutos para que responda las preguntas del grupo 3, del señor Fiorio. Obviamente, podemos ser flexibles. Sepa usted que tiene 45 minutos y los puede organizar como quiera. Les deseo entonces muy buenas noches, que descansen mucho y nos vemos mañana a las 13:00. Muchas gracias a todos los colegas. Se levanta la reunión.